Jurisprudencia

Jurisprudencia más novedosa de interés civil, mercantil, administrativo y penal.

Ejecución de una orden de detención europea

La expiración de los plazos para pronunciarse sobre la ejecución de una orden de detención europea no exime al órgano jurisdiccional competente de adoptar una decisión al respecto y no excluye, por sí misma, que se mantenga detenida a la persona buscada. Sin embargo, si la duración de la detención es excesiva será necesario proceder a la puesta en libertad de la persona, acompañada de las medidas necesarias para evitar su fuga.

El abuso de posición dominante en el ejercicio de acciones de cesación por el titular de una patente

Según una reciente sentencia del Tribunal de Justicia, el ejercicio de una acción de cesación por el titular de una patente esencial para una norma en posición dominante contra un supuesto infractor puede constituir un abuso de posición dominante en determinadas circunstancias. En particular, al haberse comprometido previamente a conceder a terceros una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, el titular de la patente debe, antes de ejercitar tal acción para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, hacer al supuesto infractor una oferta de licencia concreta.

Selección de jurisprudencia de Derecho Administrativo (del 1 a 15 de julio de 2015)

Selección de jurisprudencia de Derecho Mercantil (del 1 al 15 de julio de 2015)

Selección de jurisprudencia de Derecho Civil (del 1 a 15 de julio de 2015) 

Selección de jurisprudencia de Derecho Penal (del 1 al 15 de julio de 2015)

El TC reconoce el derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico que fue sancionado por no disponer de la “píldora del día después”

El Pleno del Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo a un farmacéutico de Sevilla que fue sancionado por la Junta de Andalucía por no disponer de la llamada “píldora del día después”. El Tribunal en su sentencia, considera que, en este caso concreto, la sanción impuesta al demandante vulneró su derecho a la objeción de conciencia como manifestación de la libertad ideológica y religiosa, que la Constitución reconoce en su art. 16.1. Por el contrario, el Pleno rechaza otorgar el amparo en relación con la negativa del demandante a despachar preservativos, pues en ese supuesto no existe “ningún conflicto de conciencia con relevancia constitucional”. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, cuenta con el voto particular discrepante de la Vicepresidenta, Adela Asua, así como con el del Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, al que se ha adherido Juan Antonio Xiol. El ponente de la resolución ha redactado un voto particular concurrente.

El TC reconoce el derecho a Justicia Gratuita cuando se pide en segunda instancia y sin solicitarlo inicialmente

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 11 de mayo de 2015, reconoce el derecho de un ciudadano a solicitar el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita en un recurso en segunda instancia, a pesar de que no solicitó la Justicia Gratuita al iniciar el procedimiento judicial.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia de nuevo sobre las cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios

  • Los jueces no deben recalcular el interés de demora de un préstamo hipotecario cuando ese interés se considera abusivo, según la interpretación dada por el TJUE a Instancia nº 2 de Santander.
  • Cuando una cláusula de un contrato entre un consumidor y un profesional es abusiva, el hecho de que no se haya aplicado no impide que tenga las consecuencias propias de una cláusula abusiva.

La compra de una vivienda no justifica rebajar la pensión de alimentos que un padre debe pasar a su hijo menor

La Audiencia de Cantabria confirma la sentencia de un juzgado que rechazó rebajar una pensión de 300 euros dado el carácter “voluntario” de adquirir el inmueble.

La Audiencia Provincial de Cantabria en sentencia de 27 de marzo de 2015 ha rechazado la demanda de un padre de rebajar la pensión de alimentos de 300 euros que mensualmente pasa a su hijo alegando que había comprado una vivienda, lo que le obligaba a asumir distintos pagos derivados de tal operación.

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