Jurisprudencia

Según una reciente sentencia del Tribunal de Justicia, el ejercicio de una acción de cesación por el titular de una patente esencial para una norma en posición dominante contra un supuesto infractor puede constituir un abuso de posición dominante en determinadas circunstancias. En particular, al haberse comprometido previamente a conceder a terceros una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, el titular de la patente debe, antes de ejercitar tal acción para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, hacer al supuesto infractor una oferta de licencia concreta.

• TS. Actos administrativos nulos de pleno derecho y su imposibilidad de convalidación.
• TS. Indulto. Ejercicio del derecho de gracia. Motivación. Control jurisdiccional. Denegación de indulto.
• TS. Responsabilidad patrimonial por indebida asistencia sanitaria en el acto médico consistente en la colocación de un método anticonceptivo.
• TS. Ingreso a  la función pública docente. Autonomía universitaria.
• TS. Urbanismo. Planeamiento. Principio de publicidad de las normas. Publicación de los instrumentos de planeamiento. Falta de exigencia de una doble publicación en boletines provincial y autonómico.
• TC. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico para no dispensar la “píldora del día después”.

• TS. Procedimiento sancionador por faltas muy graves a la competencia. Principio de proporcionalidad en el cálculo de la multa.
• TS. Concurso de acreedores. Insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa. Interpretación y aplicación del art. 176 bis.2 de la ley Concursal.
• TS. Acciones de reintegración en concurso de acreedores: Cuando el concursado es persona natural no puede aplicarse el art. 93.2 LC
• AP. Contrato de préstamo hipotecario: hipoteca multidivisa
• TJUE. Protección de consumidores y usuarios. Principios de equivalencia y efectividad. Cláusulas abusivas. Interés moratorio. Vencimiento anticipado. Competencias del juez nacional.

• TS. Seguros de responsabilidad civil. Baremo de tráfico. Superación de los límites indemnizatorios.
• TS.  Pensión compensatoria. Reducción temporal por incapacidad laboral transitoria con merma de ingresos. Retroacción de los efectos.
• TS. Pactos prematrimoniales en previsión de crisis conyugal. Límites legales y constitucionales.
• TS. Voluntad de los cónyuges separados de mantener la situación económica de ganancialidad.
• TS. Pensión alimenticia. Momento a partir del cual se establece la eficacia de la medida en caso de modificación por vía de recurso.
• TS. Modificación de medidas. Pensión de alimentos. Precariedad del progenitor obligado al pago.
• TS. Compraventa. Entrega de la cosa. Aliud pro alio. Resolución por incumplimiento.

• TS. Delito de malversación de caudales públicos y sanción administrativa. Principio non bis in ídem.
• TS. El traslado a dependencias policiales, a efectos de identificación, es una modalidad de privación de libertad, que sólo podrá afectar a personas no identificadas.
• TS. Legitimación del Ministerio Fiscal para plantear recurso de casación.
• TS. Discrepancia sobre la competencia entre órganos de la jurisdicción penal ordinaria.
• TS. Acumulación de condenas. Aplicación del art. 76.2 del CP.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo a un farmacéutico de Sevilla que fue sancionado por la Junta de Andalucía por no disponer de la llamada “píldora del día después”. El Tribunal en su sentencia, considera que, en este caso concreto, la sanción impuesta al demandante vulneró su derecho a la objeción de conciencia como manifestación de la libertad ideológica y religiosa, que la Constitución reconoce en su art. 16.1. Por el contrario, el Pleno rechaza otorgar el amparo en relación con la negativa del demandante a despachar preservativos, pues en ese supuesto no existe “ningún conflicto de conciencia con relevancia constitucional”. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, cuenta con el voto particular discrepante de la Vicepresidenta, Adela Asua, así como con el del Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, al que se ha adherido Juan Antonio Xiol. El ponente de la resolución ha redactado un voto particular concurrente.

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 11 de mayo de 2015, reconoce el derecho de un ciudadano a solicitar el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita en un recurso en segunda instancia, a pesar de que no solicitó la Justicia Gratuita al iniciar el procedimiento judicial.

• Los jueces no deben recalcular el interés de demora de un préstamo hipotecario cuando ese interés se considera abusivo, según la interpretación dada por el TJUE a Instancia nº 2 de Santander.
• Cuando una cláusula de un contrato entre un consumidor y un profesional es abusiva, el hecho de que no se haya aplicado no impide que tenga las consecuencias propias de una cláusula abusiva.

La Audiencia de Cantabria confirma la sentencia de un juzgado que rechazó rebajar una pensión de 300 euros dado el carácter “voluntario” de adquirir el inmueble.

La Audiencia Provincial de Cantabria en sentencia de 27 de marzo de 2015 ha rechazado la demanda de un padre de rebajar la pensión de alimentos de 300 euros que mensualmente pasa a su hijo alegando que había comprado una vivienda, lo que le obligaba a asumir distintos pagos derivados de tal operación.

• TS. Anula una multa que la Junta Autonómica impuso a un banco por declarar abusiva una cláusula contractual.
• TS. Informes preceptivos del Tribunal sentenciador en la concesión de un indulto.
• TS. Autonomía local. Principio de subsidiariedad. Impugnación de ordenanza energética. Competencias municipales sobre la ecoeficiencia energética y el uso de renovables en edificios.
• TJUE. Medio ambiente. Evaluación de impacto ambiental. Resolución administrativa declarando su innecesariedad. Ausencia de participación pública. Falta de efecto vinculante.
• TJUE. Protección de datos. Cesión de datos biométricos para su constancia en documentos de identificación oficiales. Uso de los datos por parte de las autoridades.