Jurisprudencia más novedosa de Derecho Penal
Delito de aborto forzado: Autoría mediata.
Figuras contenidas en el artículo 28 CP, autoría y coautoría, cooperación necesaria, inducción y autoría mediata, todas ellas acreedoras de la misma pena. El Código está reconociendo que no solo es autor quien ejecuta el verbo típico, sino que también pueden serlo otros que intervienen en el hecho delictivo sin ejecutarlo.
Recurso de casación para la unificación de doctrina. Juzgado Vigilancia Penitenciaria. Liquidación de condena. Abono de prisión preventiva.
El recurrente demanda el abono de una serie de medidas cautelares (prisión provisional, 293 comparecencias apud acta, 60 meses de privación de pasaporte) en una causa distinta donde no existe sentencia firme aún.
Derecho a la intimidad y a la autodeterminación informática. Agresión sexual con intimidación. Intimidación ambiental. Violación múltiple. Delito continuado.
En primer lugar, respecto a las prueba obtenidas con los Smartphone de los acusados, se señala que la protección del derecho al secreto de las comunicaciones alcanza al proceso de comunicación mismo, pero finalizado el proceso en que la comunicación consiste, la protección constitucional de lo recibido se realiza en su caso a través de las normas que tutelan la intimidad u otros derechos.
Tráfico de estupefacientes. Marihuana. Cantidad destinada al autoconsumo. Prueba indiciaria.
La posesión de 167 g. de marihuana excede en más de un 50 % la cantidad de acopio que puede poseer un consumidor para el autoconsumo, por lo que se condena por tráfico de drogas. En efecto, en el acuerdo del Pleno de 19 de octubre de 2001, asumido en posteriores sentencias de esta Sala, se estima en 100 gramos la cantidad de acopio que puede poseer un consumidor para su autoconsumo, sobre la base de estudios empíricos que determinan el consumo medio durante una semana.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha publicado el martes, 19 de noviembre de 2019, tras notificársela a los acusados, su resolución sobre el caso de los ERE once meses después de que el caso quedara visto para sentencia.
De las veintiuna personas finalmente acusadas –en origen fueron veintidós-, diecinueve reciben algún tipo de condena: cuatro de estos condenados son absueltos de un delito continuado de malversación, pero se aprecian en ellos conductas que integran el tipo del delito continuado de prevaricación y son castigados con penas de inhabilitación especial que van de los 8 años y 6 meses a los 9 años. Únicamente dos de los acusados, Manuel Gómez, exinterventor general y Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta, han salido absueltos de todos los cargos que se les imputaban.
Prescripción de delitos. Interrupción de la prescripción. Calumnias vertidas en juicio.
La cuestión que se somete a nuestra consideración radica en determinar si las actuaciones realizadas ante un órgano judicial dirigidas a colmar el presupuesto de procedibilidad que ex artículo 215 del Código Penal condiciona el ejercicio de la acción penal en los casos de calumnias vertidas en juicio, gozan de virtualidad para interrumpir el plazo de prescripción, que para el mismo fija el artículo 131 del Código Penal en un año.
Presunción de inocencia. Prueba indiciaria.
Principios o reglas a tener en cuenta para valorar la potencialidad de los indicios concurrentes con categoría para enervar la presunción de inocencia. La estructura de la prueba de indicios requiere, al menos dos elementos fundamentales:
a.- La exigencia de un hecho o indicio base, que debe estar plenamente acreditado y
b.-El juicio deductivo o de inferencia, a partir del hecho o indicio base, extrae la consecuencia de la realización del hecho punible por parte del acusado, al quedar convencido, a través de un discurso lógico y racional, de su culpabilidad.
Delito de blanqueo de capitales. Autoría. Subtipos agravados. Tráfico de drogas.
El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. Pretende, en suma, la ley con la criminalización de estas conductas que nunca el delito no sea una actividad rentable.
Este medio de criminalizar tal actividad, es muy útil porque permite la captura del delincuente precisamente en función de sus flujos económicos, aspecto éste de gran trascendencia, y en donde está el "punto débil" de las redes delictivas. Y es también importante porque es muy útil para luchar contra las organizaciones criminales.
Delito de prevaricación. Sujetos activos. Concepto de funcionario. Intervención de los extraños. Sociedades participadas por entidades públicas.
El Derecho Penal, no se ajusta estrictamente a los conceptos administrativos en este ámbito, como lo acredita el concepto propio de funcionario o autoridad a efectos penales. Concepto que determina precisamente al sujeto activo del delito de prevaricación. Cuando se trata de una actividad de naturaleza pública que se oculta tras el velo de una sociedad puramente instrumental dirigida por quienes ostentan una cualidad pública y que maneja fondos exclusivamente públicos, el valor constitucional de la interdicción de la arbitrariedad debe hacerse respetar en todo caso, y en consecuencia las resoluciones arbitrarias que se adopten en este ámbito pueden ser constitutivas, si concurren los requisitos para ello, del delito de prevaricación.
Recurso de casación. Valoración de la prueba. Presunción de inocencia. Prejudicialidad penal. Preferencia de la jurisdicción penal. Delito de apropiación indebida.
El TS afirma que el Tribunal penal no está vinculado, ni la valoración de las pruebas practicadas puede verse alterada, por un pronunciamiento de la jurisdicción social.
