Jurisprudencia de Derecho Administrativo

Protección de datos. Desestimación por el Consejo General del Poder Judicial de la alzada frente al archivo de denuncia por el promotor de una acción disciplinaria.

El reclamante/recurrente se refiere a determinadas actuaciones y resoluciones judiciales en las que era parte demandada el padre del reclamante y figuraba cambiado el orden de sus apellidos -es decir, de los de su padre-, circunstancia manifestada ante el órgano judicial, promoviendo incluso un incidente de nulidad de actuaciones basado en que, por dicho error, no pudo comparecer a juicio y defenderse. En segundo término, denuncia el uso de sus datos personales por empresas relacionadas con la impartición de cursos de formación gestionados por el SEPE sin su consentimiento. Por último, muestra su discrepancia con las actuaciones realizadas por la Secretaría de un Juzgado de Paz. El CGPJ archivó las actuaciones de la reclamación presentada y dio traslado de tal resolución y actuaciones a la Agencia la Española de Protección de Datos, para que por la misma se prosiga con la tramitación del procedimiento respecto de los tratamientos de datos. 

Ha de rechazarse la alegación de inadmisibilidad por falta de representación legal del actor. El recurrente no interpone el recurso contencioso-administrativo en representación de otra persona, concretamente de su padre, sino que lo hace en su propio nombre y contra una resolución que se pronuncia sobre pretensiones deducidas por el propio actor. Cuestión distinta es su condición de interesado para interponer la reclamación en vía administrativa, que fue precisamente lo apreciado por el CGPJ para inadmitir en parte la reclamación formulada y que se traducirá en el pronunciamiento de fondo sobre la decisión aquí impugnada. También debe desestimarse la desviación procesal respecto a lo alegado en la vía administrativa previa. Esta causa de inadmisibilidad afecta al recurso contencioso- administrativo cuando tenga por objeto «[...] disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación [...]». La eventual falta de idoneidad de los argumentos de la demanda para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada no tiene cabida en esta causa de inadmisibilidad. En todo caso, la desviación procesal de los argumentos podrá determinar la improcedencia de su examen, por no resultar atinentes a las cuestiones debatidas, pero ello no comporta la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo. 

Medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Impago de facturas. Morosidad.  Indemnización por costes de cobro. Cantidad mínima a pagar.

La adecuación de nuestra legislación interna sobre contratación pública al ordenamiento jurídico comunitario se contiene en las normas sobre la contratación administrativa, que dispensaban igual tratamiento a todos los agentes económicos en materia de pagos por operaciones comerciales, reconociendo el derecho del acreedor a una indemnización por costes de cobro, ya que se incurre en mora cuando se ha presentado al cobro la factura y no ha resultado pagada en el plazo contractual o legalmente establecido.

Proceso contencioso administrativo. Covid-19. Medidas restrictivas de derechos. Recurso contencioso administrativo. Intervención del ministerio fiscal.

Con el fin de dar debido y eficaz cumplimiento a las funciones del Ministerio Fiscal en el marco del nuevo recurso de casación regulado por Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, los Sres. Fiscales deberán ajustarse a las siguientes pautas de actuación:

Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador. Incumplimiento del Derecho comunitario por falta de transposición de una Directiva. Anulación del sistema de compensación económica por copia privada con cargo a los PGE. Ausencia de cosa juzgada.

La pretensión (el daño cuyo resarcimiento se pretende) no se articula como consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión Europea, sino que tiene como base la omisión, pasividad o inacción normativa del Estado español una vez declarada, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la vulneración del Derecho de la Unión por la regulación previamente establecida imputando la compensación por copia privada a los Presupuestos Generales del Estado. Esto es, que se reclama por la falta de la adopción de las medidas normativas necesarias para garantizar, a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, la percepción de una compensación equitativa por copia privada durante el período de tiempo a que la reclamación se refiere.

Concurso voluntario de una concesionaria de dominio público portuario para la construcción y reparación naval. Inclusión de la concesión en el plan de liquidación. Competencia de la Administración para declarar la extinción de la concesión demanial.

El conflicto positivo de jurisdicción se plantea entre la Delegación del Gobierno y el Juzgado de lo Mercantil, al rechazar este el requerimiento de inhibición que formalizó aquella en el concurso ordinario seguido respecto a una mercantil, a fin de proseguir las actuaciones sobre la extinción de una concesión demanial en un puerto, otorgada a favor de la concursada. Considera la Administración que las actuaciones del Juzgado, dirigidas a enajenar la concesión como elemento integrante de la unidad productiva de la mercantil concursada, menoscaban las de la Autoridad Portuaria para proseguir y resolver el procedimiento por ella incoado respecto a la extinción de la concesión.

Contratos administrativos. Contratos de servicios con entidades locales. Plan extraordinario de pago.

Renuncia a la percepción de intereses efectuada por un contratista para acogerse al sistema extraordinario de pago regulado por el Real Decreto-ley 4/2012.

Para hacer frente a la morosidad de los entes locales en el pago a sus contratistas por el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, se reguló un sistema extraordinario de financiación del pago y cancelación de las obligaciones pendientes, de sometimiento voluntario. El artículo 9.2 prevé que el pago con arreglo a este sistema extraordinario de pago "conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad local con el contratista por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios". Por tanto, a cambio del cobro inmediato del principal adeudado, el contratista acreedor renunciaba a intereses, costas judiciales y demás gastos accesorios.

Contratos administrativos. Adjudicación de los contratos. Proposiciones de los interesados. Exclusión de ofertas. Prescripciones técnicas. Procedimiento abierto para la contratación del suministro de combustible.

La norma jurídica objeto de interpretación es el artículo 145.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), de similar redacción al artículo 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es aclarar si es motivo de exclusión de la oferta de un interesado para la adjudicación de un contrato administrativo, la omisión de un aspecto técnico de la prestación exigido en los pliegos de prescripciones técnicas (PPT).

Responsabilidad del estado legislador por incumplimiento del derecho de la Unión Europa. Derechos de propiedad intelectual. Entidades de gestión. Compensación equitativa por copia privada.

Condenado al Estado a abonar 57 millones de euros a varias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual en concepto de compensación equitativa por copia privada correspondiente a los años 2015, 2016 y los siete primeros meses de 2017, debido a la inactividad normativa en la materia que afectó a dichos años, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desautorizara, por sentencia de 2016, el sistema español que cargaba dicho gasto a los Presupuestos Generales del Estado.

Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la ausencia de percepción de la compensación equitativa desde la anulación del anterior sistema hasta la aprobación del nuevo en 2017.

Procedimiento sancionador. Covid-19. Uso obligatorio de mascarillas.

Denunciada por no hacer uso de la mascarilla sanitaria obligatoria, ni guardar la distancia social. No hay constancia de cuáles son las concretas circunstancias que rodeaban el hecho denunciado, y así, por ejemplo, en lo que a la actora atañe, se omite el capital dato de que la denunciada estuviese fumando, extremo que damos por acreditado a raíz de la prueba.

El uso de la mascarilla se impuso como obligatorio para las personas mayores de seis años, con carácter general, en los espacios públicos siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Se establecieron excepciones cuando por la propia naturaleza de la actividad que se esté desarrollando al aire libre, el uso de la mascarilla resulte incompatible. Pues bien, parece innecesario explicar que la acción de fumar, que es la que estaba realizando la actora y ha motivado la denuncia, resulta incompatible con el uso de la mascarilla y aún no se había producido la modificación que limita fumar.

Contratos del Sector Público. Lucha contra la morosidad. No consideración como costes de cobro asociados a las reclamaciones de intereses de los gastos derivados del descuento bancario para obtener anticipos de lo facturado.

La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar si, al amparo de lo establecido en el artículo 6 de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del artículo 8 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad, el contratista tiene derecho al abono de los gastos derivados del descuento bancario que ha tenido que afrontar para obtener los anticipos del importe de lo facturado, ello como costes de cobro asociados a las reclamaciones de intereses. En otras palabras, La cuestión litigiosa es la interpretación del término costes de cobro, recogido en la Ley 3/2004, de 29 diciembre, de lucha contra la morosidad, y si en la misma deben incluirse las cantidades que hubiere debido abonar la contratista como contraprestación de las operaciones de descuento comercial de las facturas, para obtener anticipos del importe de lo facturado.