Casos Prácticos

La jurisprudencia más moderna también fundamenta la responsabilidad extracontractual del artículo 1.902 del CC en la culpa. No es solo la falta de diligencia por acción u omisión, sino la prueba del acto generador del daño imputable a alguien, la prueba del hecho y de la culpabilidad. Y en cuanto a la imputación objetiva a efectos de la determinación de la responsabilidad civil, el nexo causal entre el hecho probado y el daño es determinante. Lo impugnable no es la elección por el tribunal de una alternativa u otra en la producción del daño, sino la operación de deducción lógica realizada por el tribunal inferior. Si bien la redacción actual del artículo 219 de la LEC nos conduce a la evitación de otro proceso para el cálculo indemnizatorio en sentencias ilíquidas, la tutela judicial efectiva, en su versión de prohibición de la indefensión, puede llevarnos a una interpretación más flexible del precepto.

Palabras claves: incendio; responsabilidad extracontractual; prueba; imputación objetiva; indemnizaciones.

La cláusula suelo no es en sí misma nula. Esto es, no se considera abusiva y, por tanto, nula como consecuencia de un control de contenido. Sería nula si se hubiera introducido sin cumplir con las exigencias de transparencia previstas en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, en la medida en que la falta de transparencia con carácter abstracto pueda incidir en la prestación del consentimiento del consumidor. La cláusula suelo que se incluya en el contrato de préstamo hipotecario debe superar los controles de incorporación y de transparencia, en otro caso será declarada nula por abusividad. Por tanto, es necesaria una información precontractual suficiente que incida en la transparencia de la cláusula inserta en el contrato que el consumidor ha decidido suscribir.

Palabras claves: préstamo hipotecario; cláusula suelo.

El caso que se propone aborda la importancia de la calificación jurídica como consumidor o como profesional de los prestatarios de un préstamo hipotecario, en los procesos judiciales en los que la demandante (prestatarios) promueve la declaración de nulidad de la cláusula suelo, pues cabe la posibilidad de que dicha nulidad solo sea declarada respecto de uno de los prestatarios, pero no respecto del otro, en función de la diferente calificación jurídica antes citada. Si el préstamo hipotecario tenía como finalidad la refinanciación de una deuda empresarial, no podrán los prestatarios pretender la aplicación de las normas protectoras de los consumidores a su favor, en el ejercicio de su acción encaminada a la declaración de nulidad. Ahora bien, dos personas que se hallan casadas y cuyo régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes, pueden estar obligadas de distinta forma y alcance como prestatarias de un mismo préstamo hipotecario, pudiendo acordarse la devolución de cantidades indebidamente abonadas solo respecto de un cónyuge y no del otro.

Palabras claves: cláusula suelo; nulidad; prestatario consumidor; prestatario profesional.

Se plantea un expediente sancionador instruido contra personal laboral de la Comunidad de Madrid por presunta infracción grave recogida en el convenio laboral que rige las relaciones de dicha Administración con este tipo de personas. Durante la instrucción del mismo, se produce la omisión de trámites esenciales que conducen a la vulneración, entre otros, de derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la Constitución. Finalizado el mismo con resolución sancionadora, impuesta en su grado máximo, la trabajadora presenta demanda ante el juzgado de lo social, que deberá estimar la misma y proceder a la declaración de nulidad de la sanción impuesta.

Palabras claves: personal laboral; expediente sancionador; omisión de trámites esenciales; aplicación del Derecho laboral.

Este supuesto gira en torno a la distinta problemática jurídica que se plantea respecto al ajuste a derecho de la creación de un organismo autónomo –contra cuya decisión y estatutos una asociación presentó recurso por diversas razones– y su posterior transformación en sociedad mercantil debido a la insuficiencia para la gestión encomendada con la primitiva forma. Paralelamente, se examina la estimación o no de una acción de responsabilidad patrimonial contra el mismo, por los efectos secundarios producidos por el tratamiento a un interno y el ajuste a derecho de una expropiación forzosa decretada por el mismo. Finalmente, se examina la legalidad de las cláusulas establecidas en un convenio interadministrativo realizado por el mismo con una comunidad autónoma y unos laboratorios farmacéuticos.

Palabras claves: creación de organismo autónomo; transformación en sociedad mercantil; expropiación forzosa; responsabilidad patrimonial; convenio interadministrativo.

El presente caso nos trae el análisis de la responsabilidad civil de los asesores fiscales a la hora de confeccionar la declaración de la renta de un cliente, tras haber cometido un error y una vez que la AEAT detecta el mismo e impone una sanción. Es muy frecuente, como sucede en el caso que se propone, que el asesor fiscal trate de exonerarse de responsabilidad alegando que su cliente no le ha proporcionado este o aquel dato o documento que era decisivo. El caso analiza a quién corresponde la responsabilidad en materia de obtención de los datos precisos para elaborar la declaración tributaria, si al cliente o al asesor fiscal, para llegar a la conclusión de que es a este último a quien, como profesional experto, corresponde esta tarea como parte de sus obligaciones.

Palabras claves: asesor fiscal; responsabilidad civil; declaración tributaria; error.

El caso que se propone trata de abordar la problemática, bastante habitual en nuestros días, nacida de aquellos concursos de persona física en los que, tras haberse liquidado el patrimonio del deudor y haberse promovido y abierto el incidente del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, se produce la oposición a su concesión por parte de la Agencia Tributaria al tener dicho deudor una deuda con naturaleza de crédito público. Estos créditos tienen importantes privilegios en la Ley Concursal pues, en principio, no deberían verse afectados por el propio mecanismo de la exoneración y, en cualquier caso, no tendrían que estar integrados en el propio plan de pagos a cinco años que la propia ley prevé, precisamente por su naturaleza pública. Ahora bien, la jurisprudencia está cambiando estos planteamientos tras la adecuada interpretación de la norma, en el sentido contrario. Este es el objeto del caso, explicar el importante cambio jurisprudencial que se está ya consolidando.

Palabras claves: concurso de persona natural; beneficio de exoneración del pasivo; créditos tributarios; plan de pagos.

Las cuestiones planteadas en este supuesto derivan de los puntos del orden del día que debe fijar un alcalde para la sesión ordinaria a celebrar. Se plantea, en primer lugar, la obligatoriedad o no de incluir la aprobación de una ordenanza de subvenciones, propuesta por un portavoz de un grupo político y, dada la urgencia, de momento, se proceda ya a la concesión directa a una empresa. En segundo lugar, la proposición urgente de otro portavoz para que se resuelva un contrato de obras por grave incumplimiento del contratista. Y, finalmente, la concesión de uso de un bien de dominio público, realizada de forma directa, para la explotación de un quiosco en una plaza de la localidad a una persona con discapacidad y graves problemas económicos, sin pagar tasa alguna.

Palabras claves: Administración local; pleno de ayuntamiento; orden del día; subvenciones; concesión directa; dominio público; contrato de obras.

El abogado ejerce una tarea profesional como profesional liberal en la que no está sujeto a un determinado precio de honorarios por sus tareas, pues los criterios de los colegios de abogados a través de los cuales se establece un importe determinado a cobrar no son en absoluto vinculantes, de forma que cada letrado puede cobrar como honorarios lo que tenga por conveniente. Ahora bien, el profesional y el cliente han de fijar de antemano esos honorarios de forma que exista un documento de cualquier tipo que permita al cliente conocer los importes que ha de abonar por los servicios que se van a prestar. Los problemas de orden práctico nacen cuando los honorarios se fijaron sin documento alguno, es decir, de forma verbal. En todos estos casos, las discrepancias entre abogado y cliente determinan un problema de falta de prueba en el pleito, pues termina convirtiéndose en la palabra del cliente frente a la del profesional reclamante, que carece de instrumentos para probar lo acordado, debiendo tratar de acreditar las cantidades que le son debidas a través de medios indirectos de prueba, de resultado incierto.

Palabras claves: arrendamiento de servicios; honorarios de abogado; medios de prueba.

La acción para reclamar la filiación extramatrimonial del artículo 133.1 del CC no prescribe. El hijo puede ejercitarla a conveniencia durante toda la vida, sin que esté condicionado por un plazo, porque este precepto protege otros derechos prevalentes, superiores, cuales son los del artículo 10 de la CE y los que se derivan del 39 de la CE, que protegen la dignidad de la persona en general y la familia y los hijos en particular.
No obstante la dicción literal del artículo 733 de la LEC, la interpretación coherente, atendiendo al espíritu y la finalidad de la norma (art. 3.1 CC), que no vulnera la indefensión ni la tutela judicial efectiva, es que no es preciso en estos casos demandar a la madre.
La ausencia de prueba biológica no puede ser considerada como una ficta confessio, pero es indicio importante que debe unirse a otras pruebas obrantes en el proceso.

Palabras claves: filiación extramatrimonial; acción de reclamación.