Jurisprudencia

• Es discriminatorio el límite de 75 años de las normas reguladoras del Turno de Oficio del Colegio de abogados de Madrid
• Exclusión de un operador económico de la participación en un procedimiento de contratación pública en la Unión Europea
• Contratos públicos. Operaciones internas. Ámbito de la Directiva 2014/24. Principio de transparencia
• Responsabilidad patrimonial. Deuda solidaria de distintas Administraciones Públicas

Considera que la mujer no cometió delito de apropiación indebida por no repartir 1,17 millones porque no había pacto de asignación de cuotas del premio especial sino solo sobre el premio al número.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de diciembre de 2019, ha absuelto a una mujer que había sido condenada a un año y medio de prisión por no repartir el premio extraordinario a la fracción de un número de lotería también premiado y que compartía con otras 5 personas. El Supremo le absuelve del delito de apropiación indebida al entender que la obligación asumida con el grupo era la de compartir el número, pero que no había un pacto de asignación de cuotas sobre el premio a la fracción. No obstante, la Sala considera que los perjudicados podrían acudir a la jurisdicción civil con una reclamación de cantidad.

La mujer, cuyo recurso ha sido estimado por la Sala, se encargaba desde hace 15 años de comprar varios décimos de Lotería Nacional que compartía con otras 5 personas en los sorteos de los jueves y los sábados. La acusada adquiría los billetes y los repartía entre los participantes con un recargo del 10%. De acuerdo con lo que tenían por costumbre, la recurrente adquirió en octubre de 2014 diez décimos de un número que resultó agraciado con 30.000 euros por cada uno de los décimos. Además, en uno de los diez décimos recayó el premio especial a la fracción por valor de 1.170.000 euros.

Divorcio. Pensión compensatoria. Inexistencia del desequilibrio económico. Diferente cuantía de las respectivas pensiones contributivas por el menor tiempo trabajado durante el matrimonio.

La impugnación se fundamenta en la inexistencia del desequilibrio económico exigido por el art. 97 CC como premisa del derecho a la pensión compensatoria deducida por la sentencia apelada de la diferente cuantía de las respectivas pensiones contributivas que percibe cada cónyuge, con especial relevancia del menor tiempo que la esposa trabajó durante el matrimonio. Sin embargo, no se considera probado que esa menor cotización tenga como causa el matrimonio y la dedicación a la vida familiar; es cierta por tanto la menor cuantía de ingresos de una parte respecto a la otra, pero no su relación causal con el matrimonio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos, en su sentencia de 11 de diciembre de 2019, condena a cada uno los acusados como autores de un delito de agresión sexual, con acceso carnal en forma bucal, respecto de la denunciante (menor de 16 años) en la fecha de los hechos.

Se aprecia la existencia de intimidación ambiental por el hecho de haber actuado los tres acusados sobre la víctima, en el piso de éstos, con la luz apagada y por sorpresa, sin que la menor pudiera reaccionar, debido a la diferencia de edad y complexión física de los acusados.

La sentencia de 27 de noviembre de 2019, establece que los Colegios de Abogados sí son competentes para la regulación y organización del turno de oficio, y, por tanto, para el establecimiento de requisitos, entre ellos la fijación de límites máximos de edad

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado nulo el límite de 75 años establecido por el Colegio de Abogados de Madrid para integrarse en el turno de oficio al considerar que constituye una discriminación por razón de edad. La sentencia estima un recurso de la Asociación “Abogados y Juristas pro Estado de Derecho” y de un particular contra el artículo1.4.d) de las Normas Reguladoras del Turno de oficio, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Abogados de Abogados de Madrid de 10 de octubre de 2016, en línea con las aprobadas el 24 de octubre de 2013.

• Tráfico de drogas y cantidad de marihuana que puede poseer un consumidor para su autoconsumo
• Violación múltiple y pena agravada por cometer el hecho por la actuación conjunta de dos o más personas
• Abono en una ejecutoria penal, de la prisión preventiva o medidas cautelares
• Autoría mediata en el delito de aborto forzado
• Delito de fraude a la seguridad social

• Condiciones generales de la contratación y control de transparencia de la cláusula de determinación del interés variable
• Cobertura del seguro de vehículos cuando el conductor está bajo la influencia de bebidas alcohólicas
• Cláusulas limitativas de derechos en un seguro colectivo de responsabilidad civil
• Acción individual de responsabilidad de los administradores por defecto grave en la llevanza de la contabilidad

• Oponibilidad de la garantía de aval en la tercería de mejor derecho, frente a un tercero que ha embargado el depósito pignorado
• Tratamiento de los datos personales de páginas web y derecho al olvido
• Momento de la extinción del régimen de sociedad de gananciales en los casos de separación de hecho
• Derecho al olvido. Retirada de enlaces en los Estados miembro y fuera de la UE. Motores de búsqueda

• Sanción de la Comisión Nacional de la Competencia por publicidad encubierta
• El deslinde no es imprescindible para que la Administración pueda ejercitar sus facultades sobre el dominio público hidráulico
• Evaluaciones finales en la enseñanza secundaria y el bachillerato. Régimen lingüístico y competencial
• Impugnación de acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Vulneración del ius in officium
• Ley Balear de caminos públicos y senderos. Constitucionalidad de las expropiaciones ope legis

La Audiencia Provincial de Sevilla ha publicado el martes, 19 de noviembre de 2019, tras notificársela a los acusados, su resolución sobre el caso de los ERE once meses después de que el caso quedara visto para sentencia.

De las veintiuna personas finalmente acusadas –en origen fueron veintidós-, diecinueve reciben algún tipo de condena: cuatro de estos condenados son absueltos de un delito continuado de malversación, pero se aprecian en ellos conductas que integran el tipo del delito continuado de prevaricación y son castigados con penas de inhabilitación especial que van de los 8 años y 6 meses a los 9 años. Únicamente dos de los acusados, Manuel Gómez, exinterventor general y Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta, han salido absueltos de todos los cargos que se les imputaban.