Jurisprudencia más novedosa de interés civil, mercantil, administrativo y penal.
La sentencia de 19 de diciembre del Pleno de la Sala Primera, ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que había apreciado intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen por la publicación de la fotografía, obtenida del perfil de Facebook, de una persona detenida e ingresada en prisión por una acusación de abusos sexuales a menores.
La Sala considera que la exigencia de tutelar el derecho de información no puede significar que se dejen vacíos de contenido los derechos fundamentales de quienes resulten afectados por el ejercicio de aquel. Estos derechos solo han de sacrificarse en la medida en que resulte necesario para asegurar la información libre en una sociedad democrática.
En la sentencia prejudicial Junqueras Vies (C-502/19), dictada el 19 de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, ha precisado el alcance personal, temporal y material de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento Europeo1.
En este asunto el Tribunal Supremo ha planteado al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 9 del Protocolo. Estas cuestiones surgieron en el contexto de un recurso interpuesto por un político electo al Parlamento Europeo en las elecciones de 26 de mayo de 2019 contra un auto que le denegaba un permiso extraordinario de salida del centro penitenciario en el que se encontraba recluido. Antes de la celebración de estas elecciones se había acordado la situación de prisión provisional del interesado en el marco de un proceso penal promovido contra él por su participación en la organización del referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017 en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
La sentencia de 19 de diciembre de 2019, fija un año y seis meses de inhabilitación especial para cargo público electo local, autonómico, estatal y europeo. El fallo le impone una multa de 10 meses con cuota diaria de 100 euros y pago de las costas excepto las derivadas de la acusación popular.
El Tribunal de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el pasado 18 de noviembre vio en vista oral y pública el juicio por delito desobediencia al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra i Pla, ha dictado sentencia por la que le condena como autor penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, art. 410 del Código Penal.
La sentencia le impone la pena de 10 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros (cantidad fijada en relación a su capacidad adquisitiva) así como un año y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo. El fallo le condena también al pago de las costas procesales, a excepción de las derivadas de la acusación popular.
