Jurisprudencia

• El Tribunal Supremo anula la distribución de la compensación por copia privada en fonogramas y otros soportes sonoros
• Hacienda no puede pedir registrar un domicilio o empresa sin un motivo debidamente justificado
• El plazo de caducidad del procedimiento que contenga trámites que, sumados, superen los 3 meses es de 6 meses
• La obligación de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social debe referirse a la fecha de licitación del contrato o presentación de la oferta

Los magistrados precisan en su resolución que "nos encontramos ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre".

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha denegado por auto de 8 de octubre de 2020, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de las medidas acordadas en el apartado tercero de la Orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen medidas preventivas en determinados municipios de la región en ejecución de la Orden del ministro de Sanidad por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública.

Estableció la distribución de la compensación por copia privada respecto de los fonogramas y demás soportes sonoros de un 40% para los autores, un 30% para los artistas intérpretes o ejecutantes y el 30% para los productores

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, mediante sentencia de 30 de septiembre, ha anulado por infracción de las reglas procedimentales el artículo 4.1.a) del Real Decreto 1398/2018 que estableció una distribución de la compensación por copia privada respecto de los fonogramas y demás soportes sonoros de un 40% para los autores, un 30% para los artistas intérpretes o ejecutantes y el 30% para los productores.

• Conformidad del mecanismo extraordinario de pago a proveedores de la administración con el derecho de la UE
• Responsabilidad patrimonial de la administración por prisión provisional y posterior absolución
• Retroacción de actuaciones: la Administración debe culminar el procedimiento y notificar al interesado en plazo. Cómputo
• El requisito de titulación universitaria es previo al acceso al máster o curso habilitante para el ejercicio de la abogacía o procura

• Prevaricación administrativa y de malversación de funcionario con cooperación de particulares
• Recurso de revisión cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes
• Delito de trata de seres humanos afectando a varias víctimas
• Discrecionalidad de la demolición de una construcción ilegal en delitos contra la ordenación del territorio

• Comisión por reclamación de descubiertos en contratos de cuenta corriente
• Elementos constitutivos del concepto legal de accidente a efectos del contrato de seguro de accidentes
• Seguro de vida vinculado a préstamo hipotecario y cuestionario de salud
• Determinación de la cuantía de la indemnización por pérdida de equipaje
• You Tube no puede facilitar la IP, el e-mail ni el teléfono de quien suba contenido protegido

• La división de un local comercial en dos viviendas independientes requiere un acuerdo de aprobación comunitaria por una mayoría de tres quintos
• Pronunciamiento sobre costas en los litigios sobre cláusulas abusivas en caso de estimación total de la demanda con apreciación de serias dudas de derecho
• Impugnación de paternidad establecida por sentencia penal firme
• Las asociaciones pueden obligar a acudir a procedimientos internos antes de impugnar judicialmente los acuerdos sociales

En esta sentencia, el Pleno de la Sala Primera reitera su doctrina sobre el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, para excluir, en los litigios sobre cláusulas abusivas en que la demanda del consumidor resulta estimada, la aplicación de la excepción al principio del vencimiento objetivo en materia de costas basada en la existencia de serias dudas de derecho.

En este caso, los consumidores solicitaron en una demanda de 2016 la nulidad de determinadas cláusulas de un préstamo multidivisa que habían concertado para la adquisición de su vivienda, alegando su carácter de producto financiero complejo y, de forma subsidiaria, la normativa sobre defensa de consumidores y usuarios. En primera instancia se desestimó la demanda, pero la Audiencia.

• Indemnización a las víctimas de delitos en la Unión Europea
• Prueba de relación de pareja para obtener una comunicación ‘vis a vis’ en prisión
• Patinetes eléctricos y su consideración como vehículos a efectos de conducir sin licencia
• El derecho de dispensa a no declarar contra pariente no puede recobrarse al ser acusación particular

• Acción de cesación de prácticas comerciales desleales ejercitada por una autoridad pública
• Particular que no ejerce una actividad mercantil y presunción de que el centro de intereses principales es su residencia habitual
• Concepto de «coste total del crédito para el consumidor»
• Comercialización de productos sin licencia del titular exclusivo de la distribución a través de una plataforma online