Jurisprudencia

• Acción de cesación de prácticas comerciales desleales ejercitada por una autoridad pública
• Particular que no ejerce una actividad mercantil y presunción de que el centro de intereses principales es su residencia habitual
• Concepto de «coste total del crédito para el consumidor»
• Comercialización de productos sin licencia del titular exclusivo de la distribución a través de una plataforma online

• El Tribunal Supremo declara que la acción para descubrir la ficticia apariencia, ya sea por simulación absoluta o relativa, es imprescriptible
• Libertad de expresión cuando se ejercita en conexión con el derecho de defensa
• Petición de certificado de derechos sucesorios
• Causas de nulidad judicial de un Laudo arbitral
• Reclamación por la legítima titular de la indemnización percibida por los demandados derivada de la expropiación forzosa de un terreno común de la comunidad de propietarios

• Poder de representación ante órganos unipersonales
• Las limitaciones de derechos para evitar contagios deben ser proporcionales
• El Supremo matiza la doctrina jurisprudencial en materia de descategorización del suelo urbano
• La comunicación de una prohibición de entrada en territorio Schengen por otro país no determina, por sí sola, la extinción de la autorización de residencia

La Sala estima el recurso de un recluso en la prisión de Zuera (Zaragoza) a quien el centro denegó este tipo de comunicación con el argumento de que la mujer con la que se solicitaba no era pareja sentimental del interno.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado en su sentencia de 20 de julio como doctrina jurisprudencial "que la relación de pareja entre los solicitantes de una comunicación vis a vis puede ser acreditada, aun cuando uno de ellos hubiera tenido anteriormente una comunicación de tal clase con otra persona, mediante cualquier medio de prueba válido, siendo por tanto valorable como tal una escritura de constitución de unión de hecho, sin que sea admisible como único medio de prueba la acreditación de que existe dicha unión desde 6 meses antes a través de comunicaciones en locutorios".

• El hecho de salir del domicilio, vulnerando el confinamiento del estado de alarma, en principio, no puede ser delito de desobediencia
• El impago de las cuotas hipotecarias integra el delito de abandono de familia
• Elementos, subtipos y límites en el fraude de prestaciones de la seguridad social
• Consumo compartido y la normativa que disciplina las asociaciones cannábicas

• Forma de devengo de los intereses por mora del asegurador desde la fecha de la sentencia de la Audiencia Provincial
• Doctrina jurisprudencial sobre el efecto directo del legado de cosa cierta. Impugnación de acuerdos sociales
• Derecho y plazo de renuncia en los seguros de vida
• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los gastos hipotecarios
• Sentencia referentes a la cláusula IRPH tras el fallo del Tribunal de Justicia Europeo de 3 de marzo de 2020

• Protección del medio ambiente con las bolsas de plástico en Navarra y su fiscalidad
• Posibilidad de interponer nuevo recurso ante el silencio administrativo negativo
• Prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial de la administración e interrupción de la acción e interrupción del plazo
• Mantenimiento de efectos de planes y programas contrarios al Derecho de la Unión
• El concepto de cooperación entre poderes adjudicadores en en marco de la contratación pública

• Temporalidad de la pensión compensatoria: juicio prospectivo
• El plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de cuotas comunitarias, es el de cinco años
• Manipulación de los datos relativos a las emisiones de los gases de escape de motores producidos por un fabricante de automóviles
• Transferencia de datos por Facebook de la UE a los EEUU. Invalidez de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250

El Pleno de la Sala Segunda cambia su jurisprudencia y destaca que así protege a las víctimas de violencia de género frente a posibles coacciones para no declarar contra agresor.

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que las víctimas, una vez constituidas en acusación particular, no recuperan el derecho a la dispensa de declarar contra su pareja o determinados familiares -artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- si renuncian a ejercer dicha posición procesal. La Sala modifica la jurisprudencia que mantenía hasta ahora y considera que de este modo protege a las víctimas de violencia de género frente a posibles coacciones de su agresor para que no declaren contra él, después de haberle denunciado.

• La subordinación de los legados al previo pago de las deudas del causante y al principio de intangibilidad de las legítimas
• Límite temporal en la atribución del uso de la vivienda en los casos de custodia compartida
• Responsabilidad civil del letrado: carga de la prueba
• La resolución de obligaciones contractuales. Evolución de la jurisprudencia sobre el 1124 CC