Jurisprudencia

Además, el propietario de un bien decomisado debe disponer de una vía de recurso efectiva contra dicha medida.

OM estaba empleado como conductor de camiones de transporte internacional en una sociedad de transportes establecida en Turquía para hacer trayectos entre Turquía y Alemania.

El 11 de junio de 2018, OM aceptó, a cambio de una compensación económica, la propuesta que se le había hecho de transportar ilegalmente a Alemania, en la cabeza tractora utilizada para sus trayectos, cerca de 3 000 monedas antiguas. Después de haber cruzado la frontera entre Turquía y Bulgaria, OM fue objeto de un control aduanero que permitió descubrir las monedas ocultas en la cabeza tractora.

• Requisitos de la atenuante de reparación del daño en el proceso penal
• Allanamiento de morada por agentes policiales sin causa para la entrada
• La responsabilidad civil derivada de una sentencia penal no prescribe
• Las decisiones sobre acumulación de condenas causan firmeza

• Seguro de vida. Deber de declarar el riesgo. Ocultación dolosa de datos
• Uso de aeronave. Wet lease ACMI. Exclusión de los daños consecuenciales (consequential damages)
• Derecho de separación de socios de una sociedad limitada por falta de distribución de dividendo
• Protección de los consumidores por ejecución incompleta de tratamiento odontológico

• Modificación judicial de la capacidad de persona vulnerable a los abusos económicos de terceros
• Comunidades de bienes que desarrollan una actividad mercantil y diferencias entre comunidad de bienes y sociedad mercantil irregular
• Propiedad horizontal y cambio de destino del piso de la planta baja en local
• Doctrina jurisprudencial sobre las acciones de tutela provisional de la posesión perturbada

• El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica de seguridad ciudadana
• Incumplimiento por el Reino de España de la obligación de transponer la Directiva de eficiencia energética
• Obtención de la licencia de obra por silencio administrativo positivo
• Deudas a la Seguridad social de las comunidades de gananciales
• Derecho al olvido de búsquedas en internet realizadas con los dos apellidos

• Emplazamiento por el juez a las partes para que negocien tras la declaración de abusividad de una cláusula
• Pareja de hecho beneficiaria de un seguro de accidente que se refiere en su clausulado al "cónyuge"
• Límite máximo de participación en el capital de determinadas sociedades de inversión financiera
• Acción directa contra la compañía aseguradora de la responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria en reclamación de los intereses por mora

• Formalidades en la diligencia de entrada y registro
• Motivación de sentencias en procedimiento del jurado
• Proporcionalidad de la pena en la continuidad delictiva
• Mensualidades que se incluyen en la responsabilidad civil del delito de abandono de familia por impago de pensiones

• Plazo general de prescripción de las acciones personales a las reclamaciones dirigidas frente a la entidad aseguradora
• Impugnación de acuerdo comunitario consistente en la construcción de una piscina y el no pago de los disidentes de los gastos
• Aplicación del principio de efectividad del Derecho de la UE en los pronunciamientos sobre las costas en litigios sobre cláusulas abusivas
• Cómputo de días impeditivos en la reclamación de indemnización por daños personales en accidente de tráfico

• Aguas. Uso privativo ex lege. Acceso al Registro. Derechos de titulares anteriores
• Injustificada barrera de acceso a la actividad en el sector del transporte
• Denegada la solicitud de la Comunidad Madrid para desalojar en un piso ocupado ilegalmente por una mujer y dos menores
• Autorización de internamiento involuntario como medida sanitaria por positivo en covid-19

Destaca que el juez no puede paralizar indefinidamente un desalojo forzoso derivado de un acto administrativo firme, pero debe ponderar si se adoptan medidas de protección para las personas vulnerables afectadas.

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado en sentencia de 23 de noviembre de 2020 la denegación a la Comunidad de Madrid de la solicitud de entrada en un domicilio, para proceder a su desalojo forzoso, que era propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad y que estaba ocupado ilegalmente por una mujer y sus dos hijos de corta edad. El motivo de la decisión de denegar la solicitud es "la absoluta falta de previsión" por parte de la Administración respecto de las medidas de protección para las personas en situación de especial vulnerabilidad que vivían ilegalmente en la casa: no solo los dos niños, sino también la madre, en situación de precariedad económica y presunta víctima de violencia doméstica.