Jurisprudencia

• El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica de seguridad ciudadana
• Incumplimiento por el Reino de España de la obligación de transponer la Directiva de eficiencia energética
• Obtención de la licencia de obra por silencio administrativo positivo
• Deudas a la Seguridad social de las comunidades de gananciales
• Derecho al olvido de búsquedas en internet realizadas con los dos apellidos

• Emplazamiento por el juez a las partes para que negocien tras la declaración de abusividad de una cláusula
• Pareja de hecho beneficiaria de un seguro de accidente que se refiere en su clausulado al "cónyuge"
• Límite máximo de participación en el capital de determinadas sociedades de inversión financiera
• Acción directa contra la compañía aseguradora de la responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria en reclamación de los intereses por mora

• Formalidades en la diligencia de entrada y registro
• Motivación de sentencias en procedimiento del jurado
• Proporcionalidad de la pena en la continuidad delictiva
• Mensualidades que se incluyen en la responsabilidad civil del delito de abandono de familia por impago de pensiones

• Plazo general de prescripción de las acciones personales a las reclamaciones dirigidas frente a la entidad aseguradora
• Impugnación de acuerdo comunitario consistente en la construcción de una piscina y el no pago de los disidentes de los gastos
• Aplicación del principio de efectividad del Derecho de la UE en los pronunciamientos sobre las costas en litigios sobre cláusulas abusivas
• Cómputo de días impeditivos en la reclamación de indemnización por daños personales en accidente de tráfico

• Aguas. Uso privativo ex lege. Acceso al Registro. Derechos de titulares anteriores
• Injustificada barrera de acceso a la actividad en el sector del transporte
• Denegada la solicitud de la Comunidad Madrid para desalojar en un piso ocupado ilegalmente por una mujer y dos menores
• Autorización de internamiento involuntario como medida sanitaria por positivo en covid-19

Destaca que el juez no puede paralizar indefinidamente un desalojo forzoso derivado de un acto administrativo firme, pero debe ponderar si se adoptan medidas de protección para las personas vulnerables afectadas.

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado en sentencia de 23 de noviembre de 2020 la denegación a la Comunidad de Madrid de la solicitud de entrada en un domicilio, para proceder a su desalojo forzoso, que era propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad y que estaba ocupado ilegalmente por una mujer y sus dos hijos de corta edad. El motivo de la decisión de denegar la solicitud es "la absoluta falta de previsión" por parte de la Administración respecto de las medidas de protección para las personas en situación de especial vulnerabilidad que vivían ilegalmente en la casa: no solo los dos niños, sino también la madre, en situación de precariedad económica y presunta víctima de violencia doméstica.

• Aplicación de los intereses por mora a un seguro de asistencia sanitaria tras la reclamación de indemnización por fallecimiento de la asegurada
• Cláusula limitativa de derechos en un seguro de transporte terrestre: robo de mercancía
• La salud pública ampara la prohibición de la comercialización de CBD legalmente producido en otro Estado miembro
• Control de transparencia y abusividad de la cláusula del préstamo hipotecario que incorpora el IRPH como índice de referencia del tipo de interés

• El TC declara inconstitucional que los decretos de los letrados de la administración de justicia que resuelven la reposición sean irrecurribles
• Los beneficios penitenciarios al conocido como "violador del ascensor" computarán sobre 96 años de cárcel
• El origen ilícito de los bienes decomisados en proceso penal, ha de estar acreditado mediante indicios
• Valor de las fotocopias en relación con el delito de falsedad documental

• Extinción de fianza por hechos del acreedor en perjuicio de los derechos del fiador ex artículo 1852 del Código civil
• Comunidad de bienes y sus diferencias con el contrato de sociedad. Capacidad para ser parte
• Contrato de arrendamiento de obra y la figura del project manager (gestor de proyectos)
• Competencia sobre acciones por abuso de posición dominante en el marco de una relación contractual

• La obligatoriedad de llevar mascarilla no vulnera derechos fundamentales
• Nulidad de preceptos del Reglamento de Transportes terrestres
• Justiprecio en expropiaciones y valoración suelo rural según precios de mercado
• Restricciones sobre el derecho de asociación y de Libertad Religiosa
• El TC declara inconstitucional la clasificación de las infracciones de la Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de defensa de consumidores y usuarios