Jurisprudencia

La Sala condena a un hombre que dejó de abonar las pensiones por alimentos a su familia, cuantía que ascendía a la suma de 34.639,04 euros, a la pena de un año y seis meses de prisión.

El Tribunal Supremo ha condenado en sentencia de 17 de marzo de 2021 a un hombre que dejó de abonar las pensiones por alimentos a su familia por el delito del artículo 227 del Código Penal a la pena de seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, mantiene la condena por el delito de alzamiento de bienes por haberse despatrimonializado dolosamente, fijando la pena de un año y seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 14 meses con cuota diaria de 10 euros por día de sanción, con responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero (LCSP).

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Xiol Ríos, aborda como cuestión esencial determinar si la competencia estatal para dictar las bases en materia de contratación administrativa al amparo del art. 149.1.18 CE se ha ejercido, como aduce el Gobierno aragonés, en perjuicio de las competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución o de su potestad de autoorganización en los términos que ha precisado el Tribunal; o se ha traducido, en algunos casos, en el establecimiento de normas de carácter supletorio.

• Prohibición de incluir en el escrito de conclusiones hechos que no han sido objeto del auto procesamiento
• El delito de desobediencia, precisa que el sujeto activo sea el destinatario de la orden incumplida
• Valor de las manifestaciones de testigo vertidas en otro proceso en condición de imputado
• Delito contra los derechos de los trabajadores en la modalidad de alzamiento de bienes

• El Supremo desestima el desahucio de una vivienda protegida, tras la nulidad de las compraventas realizadas por el IVIMA
• La responsabilidad civil de los notarios
• Accidente en Marruecos de un vehículo matriculado en España y perjudicados con distinto país de residencia
• Acción de regreso por deuda derivada de la condena por cesión ilegal de trabajadores

• Condena a la aseguradora a indemnizar por paralización de la actividad a consecuencia de las medidas adoptadas por el COVID-19
• Se deniega a la Liga de Fútbol la inscripción de la marca “El Clásico” por carecer de carácter distintivo
• El TJUE confirma la inadmisión por el Tribunal General de la pretensión de nulidad parcial de la conversión de bonos en acciones en la venta del Banco Popular
• La faena de un torero no puede registrarse como obra objeto de propiedad intelectual
• Ámbito del seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador

• Celebración de debates electorales en televisiones privadas. El principio de proporcionalidad
• El TJUE afirma la primacía del Derecho de la Unión en el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo de Polonia
• El IVA forma parte del precio a los efectos procesales de la cuantía del litigio
• Análisis de pelo como prueba para controlar el consumo de drogas en los conductores

Cuando el titular de los derechos de autor haya adoptado o impuesto medidas restrictivas contra la transclusión (framing), la inserción de una obra en una página web de un tercero, mediante dicha técnica, constituye una puesta a disposición de esa obra a un público nuevo

Por lo tanto, esta comunicación al público debe recibir la autorización del titular de los derechos de autor

Stiftung Preußischer Kulturbesitz («SPK»), una fundación alemana, se encarga de la gestión de la Deutsche Digitale Bibliothek, una biblioteca digital dedicada a la cultura y al conocimiento que conecta a instituciones culturales y científicas alemanas entre sí. El sitio de Internet de esta biblioteca contiene enlaces que dirigen a los contenidos digitalizados que se almacenan en los portales web de las instituciones participantes. La Deutsche Digitale Bibliothek, como «escaparate digital», únicamente almacena miniaturas (thumbnails), es decir, versiones de imágenes cuyo tamaño es inferior al original.

El instructor de la causa del “procés“, Pablo LLarena, ha planteado en su auto de 9 de marzo de 2021, cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una Orden de Detención Europea (ODE), así como por las razones para su denegación, una vez que las autoridades de ejecución de Bélgica han rechazado la entrega de Lluis Puig. Con las respuestas del TJUE el magistrado decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Lluis Puig, Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira, contra quienes se sigue procedimiento por delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.

• Quebrantamiento de condena de prohibición de acercamiento y comunicación
• Delito contra la Hacienda pública y dilaciones indebidas
• Estafa agravada por abuso de relaciones personales
• Compatibilidad entre la agravante genérica de alevosía y el tipo agravado de lesiones por uso de instrumentos peligrosos

• El Tribunal Supremo confirma la invalidez de la compraventa y el deber de restitución de los bienes del Monasterio de Sijena
• Consignación en orden del día los asuntos a tratar en la Junta de propiedad horizontal
• Acción de defensa del derecho al honor por inclusión de datos en ficheros de morosos
• Determinación de la responsabilidad por las deudas contraídas por uno de los cónyuges en el régimen de separación de bienes: regla general y excepciones