Jurisprudencia

El recurrente alegaba que debía ser resarcido por daños y perjuicios económicos dejados de percibir desde el 27 de agosto de 2013 (fecha de la liquidación de la condena penal) y el 20 de marzo de 2018 (en el que se le notificó el nuevo destino adjudicado)

La Sala III del Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de julio de 2021, ha rechazado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Francisco D.A.S.C. contra la desestimación por el Consejo de Ministros de su reclamación de 516.635 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, que derivaría de lo que consideró privación indebida de la condición de magistrado durante más tiempo del establecido en la sentencia que le condenó penalmente por delito de prevaricación.

El recurrente alegaba que debía ser resarcido por daños y perjuicios económicos desde el 27 de agosto de 2013 (fecha de la liquidación de la condena penal) y el 20 de marzo de 2018 (en el que se le notificó el nuevo destino adjudicado), por las retribuciones de magistrado dejadas de percibir en ese periodo, así como por daños morales. De su demanda se deducía que imputaba como causantes de tales daños al Consejo General del Poder Judicial, a la Sala II del Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.

• Ejercicio de una acción civil derivada del delito frente a un tercero
• Celebración del juicio oral con presencia telemática del acusado por delito grave
• Descubrimiento y revelación de secretos sobre la "historia social" de una persona
• Error invencible en el cultivo a gran escala de cannabis para consumo por una asociación

• No procede la guarda y custodia compartida cuando existen indicios racionales de criminalidad de violencia de género
• Obligación de las entidades financieras de conservar documentación bancaria de sus clientes
• Plazo para el ejercicio de las acciones de responsabilidad extracontractual una vez concluido el proceso penal
• Derecho de reembolso de un dinero privativo dentro de una sociedad de gananciales
• Límites temporales de la cosa juzgada material

• Delimitación del riesgo en el seguro de responsabilidad civil de explotación y prescripción de acciones
• Efectos de la nulidad de un contrato de franquicia
• El TJUE responde al Supremo que pueden excluirse de la cobertura del seguro obligatorio del vehículo tractor los daños sufridos por el remolque
• El TJUE se pronuncia sobre los préstamos hipotecarios denominados en moneda extranjera
• Determinación del salario mínimo interprofesional que debe tomarse como base de cálculo del límite previsto en el art. 176 bis.2. 2.º de la Ley Concursal

• Demolición de una vivienda edificada en suelo no urbanizable amparada en licencia municipal
• Subsanación de la falta de poder del procurador y plazos procesales contencioso-administrativo
• La extensión de las limitaciones impuestas en el estado de alarma por el COVID-19
• Si la legislación autonómica no excluye un plan de la evaluación ambiental, la exclusión corresponde al órgano ambiental competente
• Responsabilidad patrimonial. Daño reclamado por el adjudicatario de una concesión demanial. Régimen jurídico aplicable

El Pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados, contra el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el primer estado de alarma.

La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Pedro González-Trevijano, no cuestiona la necesidad de adoptar medidas excepcionales para hacer frente a la gravedad y extensión de la pandemia sanitaria ocasionada por el COVID-19; medidas que se consideran necesarias, idóneas y proporcionadas, así como parangonables a las adoptadas en otros países de nuestro entorno. Lo que se cuestiona es el instrumento jurídico utilizado para ello, por considerar que algunas de éstas, en cuanto implican la suspensión de derechos fundamentales, no encuentran cobertura constitucional en el estado de alarma declarado, y habrían justificado la declaración del estado de excepción. Que no se hiciera así violenta la distinción constitucional entre una y otra situación de crisis, convirtiendo la alarma en un sucedáneo de la excepción, no sometida a previa autorización parlamentaria.

• Extinción de contrato de arrendamiento por adjudicación de la vivienda arrendada en un procedimiento de ejecución hipotecaria
• Protección del menor: Impugnación del decreto de edad del Ministerio Fiscal
• Nulidad de los contratos por causa torpe y sus consecuencias
• Reducción de donaciones por inoficiosas en protección de legitimarios

• Los vehículos, independientemente de su estado, siguen sometidos a la obligatoriedad del seguro hasta no ser legalmente retirados de la circulación
• Saneamiento de entidades de crédito. Excepciones a la lex concursus
• No procede la acción directa contra la aseguradora de la Administración tras haberse desestimado por resolución administrativa firme la reclamación por responsabilidad patrimonial
• Canon por copia privada. Interpretación del art. 25 de la Ley de Propiedad intelectual
• Clasificación de créditos concursales supuestos de subordinación solo de supuestos tasados

• La agravante de abuso de superioridad en el robo con violencia
• Elementos del delito de simulación de delitos
• Si existe conformidad penal, pero no por la responsabilidad civil, el Tribunal mandará que continúe el juicio
• Delito contra la propiedad intelectual al utilizar programas informáticos sin licencias en una explotación económica

• Obligación de los ayuntamientos de poner en lugar preferente del salón de sesiones la efigie de S. M. El Rey
• El Supremo reitera que no es posible simultanear la obtención del grado y del máster para el acceso a la abogacía
• No es necesario someter los estudios de detalle a evaluación de impacto ambiental
• La determinación de la pena de inhabilitación en los delitos electorales