Jurisprudencia más novedosa de interés civil, mercantil, administrativo y penal.
El auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 12 de julio de 2018, que acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros de España (Adicae) contra el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 12 de julio de 2018, que acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones en el caso de las participaciones preferentes de la CAM, después de que al inicio del juicio se retirasen la acusación particular y una de las acusaciones populares y la Fiscalía apoyase dicho sobreseimiento.
La Audiencia, en la resolución ahora confirmada, señaló que Adicae carecía de legitimación activa para mantener la acusación popular contra los acusados Roberto López Abad y María Dolores Amorós Marco una vez que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular que representaba a los perjudicados u ofendidos por el delito apoyaban la prosecución del procedimiento criminal.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha denegado por auto de 20 de abril de 2020 y recurso 91/2020, la medida cautelar solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos para que se instara al Ministerio de Sanidad a proveer con carácter urgente a todos los centros sanitarios de una serie de medidas de protección contra el Covid 19. Pero el tribunal adopta una medida cautelar propia que consiste en requerir al Ministerio de Sanidad para que adopte todas las medidas a su alcance para conseguir la mejor distribución de los medios de protección al personal sanitario y que informe quincenalmente ante la propia Sala de las medidas adoptadas, los medios puestos a disposición de los profesionales sanitarios y la distribución de los mismos entre las comunidades autónomas.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos recurrió contra la que considera inactividad del Ministerio de Sanidad por incumplir el artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, que declara el estado de alarma. Ese incumplimiento, para la recurrente, consiste en no haber suministrado a los centros hospitalarios y asistenciales batas impermeables, mascarillas fpp2, fpp3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos. Y considera que así ha vulnerado el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la protección de la salud de los profesionales sanitarios.
