Jurisprudencia

El alto tribunal establece que constituye delito cuando se realiza "con vocación de apropiación permanente", lo que se deduce de la naturaleza particular del gasto

El Tribunal Supremo destaca que "el más elemental sentido común impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos personales", aunque no exista limitación expresa por parte de quien haya autorizado su uso. Además, el alto tribunal establece que ese uso constituye delito de apropiación indebida cuando se realiza "con vocación de apropiación permanente", lo que se deduce de la naturaleza particular del gasto (en el caso examinado, el pago de la instalación de aire acondicionado en la casa del acusado) y de la inexistencia de gestión alguna para liquidar o devolver los fondos destinados a usos manifiestamente ajenos a los que corresponden en la práctica mercantil a una tarjeta de empresa, que son los destinados a gastos de representación u otros relacionados con la empresa.

Ello abre la puerta a condenar estas conductas agravadas con penas de hasta 9 años de cárcel.

El Tribunal Supremo considera aplicable a los distribuidores y poseedores de material relacionado con la pornografía infantil, y no sólo a los productores, las agravantes derivadas del carácter degradante o violento de las prácticas sexuales a que son sometidos los niños que aparecen en las imágenes.

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 22 de enero de 2015, representa un nuevo capítulo en lo que a la legitimación de los partidos políticos ante la jurisdicción contencioso-administrativa se refiere.

Realmente, los razonamientos jurídicos en los que se ampara el Tribunal a la hora de juzgar no son novedosos, aunque sí lo son, e incluso curiosos, los planteamientos de parte, que intenta abrir la puerta de la legitimación que cree le asiste como partido político para la impugnación directa de las normas, tal vez impulsado por los votos particulares de una sentencia anterior -STS, de 5 de marzo de 2014-, en que ese mismo partido recurría contra otras normas, que criticaban la falta de reconocimiento de su legitimación.

Recurrieron la resolución del Instituto Cántabro de Servicios Sociales que les declaró no preferentes para adoptar a menores oyentes y ahora la Audiencia les ha dado la razón

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº11 de Santander que estimó la demanda presentada por una pareja con sordera contra la resolución del Instituto Cántabro de Servicios Sociales que declaró su idoneidad para adoptar “con la limitación de que no será moción preferente para menores oyentes”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo notifica 18 sentencias, catorce de las cuales desestiman los recursos de Google, reconociendo el derecho de los particulares

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha notificado las primeras sentencias de un tribunal español en las que se aplica la doctrina europea sobre el llamado "derecho al olvido".

La Sección Primera de esta Sala ha notificado 18 sentencias, en 14 de las cuales se desestiman los recursos de Google, reconociendo el derecho de los particulares. En otras cuatro resoluciones, el tribunal estima los recursos del buscador frente a las pretensiones de los particulares.

El término «monaco» designa el origen o el destino geográficos de los productos y servicios de que se trata y carece de carácter distintivo

En 2010, el Gobierno del Principado de Mónaco obtuvo de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) un registro internacional que designa al territorio de la Unión Europea. Dicho registro, que tenía por objeto la marca denominativa MONACO, se transmitió para su tramitación a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

No obstante, el juez español debe tener la posibilidad de considerar abusiva la cláusula que imponga tales intereses y, en consecuencia, de dejarla sin aplicación

La Directiva 93/13/CEE¹ tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

La legislación española de protección de los consumidores² fue modificada a raíz de la sentencia Aziz del Tribunal de Justicia³. Desde entonces, cuando en un procedimiento de ejecución el juez aprecie el carácter abusivo de una o varias cláusulas, puede decidir que la ejecución es improcedente o bien ordenar la ejecución sin aplicar las cláusulas consideradas abusivas.

La Unión federal alemana de centrales y asociaciones de consumidores impugna ante los tribunales alemanes el modo de presentación de las tarifas aéreas en el marco del sistema de reserva electrónica de Air Berlín tal como estaba concebido en noviembre de 2008.

Tras seleccionar la fecha y el aeropuerto de salida y de llegada, dicho sistema de reserva presenta en una tabla las conexiones posibles¹.  No se indica el precio final² por persona para todas las conexiones que aparecen en pantalla, sino únicamente respecto de la conexión preseleccionada por Air Berlín o respecto de aquella que el cliente haya seleccionado a continuación. Según la Unión federal, esa práctica no se ajusta a las exigencias impuestas por el Derecho de la Unión en materia de transparencia de los precios de los servicios aéreos³. La acción de cesación ejercitada por la Unión federal contra Air Berlín fue estimada por los tribunales de las dos primeras instancias. Air Berlín recurrió entonces ante el Bundesgerichtshof (Tribunal federal de justicia, Alemania). Dicho órgano jurisdiccional solicita al Tribunal de Justicia que interprete la normativa de la Unión⁴ sobre la fijación de los precios de los servicios aéreos con origen en un aeropuerto de la Unión.⁵

• TJUE. Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
• TS. Exclusión educativa de un autista y lesión de derechos fundamentales a la educación e integridad física y moral.
• TS. El cómputo del plazo de caducidad de una sanción administrativa, interrumpido por la prejudicialidad, se reanuda al recibir la Administración el testimonio de la sentencia penal firme.
• TS. Educación. Decisión colectiva de los alumnos de no asistir a clase. No sometimiento de la decisión a autorización paterna previa. Nulidad de precepto autonómico.
• TS. Responsabilidad patrimonial de la administración. Prisión indebida. Prisión preventiva acordada en procedimiento sumario mantenida durante cuatro años. Absolución del acusado en casación por nulidad de la intervención de sus comunicaciones.
• AN. Protección de datos. Seguridad privada. Cámaras de video vigilancia, instaladas en una fachada, que captan espacio público. Instalación de limitadores de visión tras el inicio del procedimiento sancionador.

• TS. Nulidad de testamento por dolo y su acreditación por prueba de presunciones.
• TS. Error como vicio del consentimiento en un contrato de compraventa.
• TS. Los gastos de comienzo del año escolar son ordinarios a efectos de la pensión de alimentos.
• TS. Incapacitación. Sometimiento a curatela. Informes facultativos.
• TS. Compraventa. Incumplimiento del vendedor de la obligación de entregar en plazo. Equiparación del retraso en la entrega con el incumplimiento definitivo. Crisis económica.
• TS. Propiedad horizontal. Obras en elementos comunes. Sustitución de bajante de aguas. Régimen de mayorías. Impugnación de acuerdo aprobado en junta de propietarios.
• AP. Prueba sobre la necesidad de quien pide los alimentos, y el estado de fortuna de quien los da.