Jurisprudencia

• TS. Cuando un guardador de hecho preste a un menor la necesaria asistencia, supliendo el incumplimiento de los progenitores de los deberes de protección establecidos por las leyes respecto de la guarda de aquel, ni se excluye ni se impone declarar la situación de desamparo.
• TS. Cláusula Penal en contratos y su aplicación sin necesidad de probar los daños y perjuicios sufridos: función liquidadora.
• TS. Obligación de escuchar al mayor de doce años y al menor de esa edad que tenga suficiente juicio en proceso de custodia.
• TS. La servidumbre legal de luces y vistas no puede quedar coartado por un plan urbanístico o una licencia de obras.
• TS. Esencialidad pactada del incumplimiento contractual para que suponga la resolución del mismo.
• TS. Distancia de la plantación de árboles o arbusto cerca de heredad ajena.
• TS. Responsabilidad extracontractual. Imprudencia grave de la víctima. Inexistencia de nexo causal. Estándar de conducta exigible. Caída de un viajero entre dos vagones de metro. Ausencia de medidas de seguridad.
• TS. Vencimiento anticipado y resolución por impago de póliza de crédito. Oscuridad del clausulado. Falta de oposición en el proceso de ejecución de título no judicial. Cosa juzgada. Imposibilidad de su planteamiento en juicio ordinario posterior.
• TS. Sucesiones. Testamento ológrafo. Capacidad de testar. Autenticidad de letra y firma. Revocación parcial de testamento abierto anterior. Voluntad testamentaria de legar determinado inmueble.
• TJUE. Menores. Sustracción y ejecución de resoluciones sobre custodia. Traslado del menor de un Estado miembro a otro. Traslado o retención ilícitos. Residencia habitual del menor.

• TS. Competencia. Procedimiento sancionador. Duración del periodo de información reservada. Caducidad. Proporcionalidad. Tarifas abusivas. Entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual.
• TS. Orden relativa al pago de peritajes judiciales a cargo del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Limitación de honorarios de los peritos mediante baremos. Reserva de Ley. Libertad de empresa.
• TS. Infracción de la norma procedimental de revisión de los Planes Generales de Urbanismo.
• TS. A qué Administración corresponde en zona urbana la limpieza que podría denominarse “ordinaria” del cauce de un rio.
• AN. Nacionalidad. Denegación de su adquisición por residencia. Inicio del cómputo del plazo. Exclusión del tiempo de residencia posterior a la solicitud.
• STSJ. Plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de restauración de la legalidad urbanística alterada.
• TJUE. Métodos conforme a los cuales las autoridades nacionales pueden evaluar la credibilidad de la orientación homosexual de solicitantes de asilo.
• TJUE. Protección de datos de carácter personal. Concepto de «ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas». Instalación de cámara de vigilancia enfocando a la vía pública, en una vivienda particular.

• TS. Obligación de la libertad vigilada como medida postdelictiva en delitos sexuales.
• TS. Se requiere asistencia de letrado para que el detenido consienta la obtención de muestras de ADN.
• TS. Partícipe a título lucrativo de un delito.
• TS. Prevaricación por nombramiento ilegal de funcionario.
• TS. Agresión sexual que no subsume las lesiones ocasionadas a la víctima.
• TS. Legitimación del Ministerio público para recurrir con amparo en un derecho fundamental.

La Audiencia Provincial de Madrid considera que en todo caso podría tratarse de una infracción disciplinaria

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid manifiesta que ejercer de abogado sin estar dado de alta en el Colegio de Abogados no supone un delito de intrusismo, tal y como solicitaba el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en el recurso contra el archivo de la querella criminal que presentó contra un letrado por formar parte de un proceso penal cuando estaba de baja en el Colegio.

No obstante, la Directiva permite tener en cuenta el interés legítimo de dicha persona en proteger sus bienes, salud y vida, así como los de su familia

La Directiva sobre protección de los datos personales¹ únicamente permite, en principio, tratar tales datos si la persona afectada ha dado su consentimiento. No obstante, la Directiva no se aplica al tratamiento efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.

El Sr. Ryneš y su familia habían sufrido reiteradas agresiones durante varios años por parte de un desconocido y, además, las ventanas de la vivienda familiar habían sido destrozadas varias veces. Para hacer frente a tales agresiones, el Sr. Ryneš instaló en la vivienda familiar un sistema de videocámara que filmaba imágenes de la entrada de la propia vivienda, de la vía pública y de la entrada a la vivienda situada enfrente.

En el pleito origen de los recursos, la aseguradora demandante pretendió repetir contra su asegurado el importe de la indemnización satisfecha

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha abordado el tema referido a la legalidad de la cláusula contractual incorporada a un contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de la conducción de vehículo a motor por la que se excluían de cobertura los daños y perjuicios causados por conductor no autorizado expresamente, que fuera además menor de veintiséis años, quedando así abierta a la aseguradora la acción de repetición una vez que ha satisfecho las indemnizaciones oportunas a los perjudicados.

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Valencia estima el derecho de un demandante a reclamar a Bankia por supuesto engaño en la información facilitada cuando la entidad salió a Bolsa antes de que se resuelva el procedimiento que se investiga en un juzgado central de la Audiencia Nacional.

Bankia había solicitado la paralización de estas demandas, miles en toda España, hasta que se resuelva por sentencia firme el procedimiento que ahora investiga la Audiencia Nacional, la supuesta falsedad de los documentos facilitados a los accionistas ante la salida a Bolsa.

La Audiencia Provincial de Valencia, entiende que no es necesario ese pronunciamiento para estimar engaño y que no se puede demorar la respuesta hasta la existencia de una sentencia firme. Por tanto, abre la vía a que los accionistas reclamen por vía civil la devolución de sus aportaciones.

Las Directivas 2004/83 y 2005/85 establecen, respectivamente, normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países como refugiados y los procedimientos de examen de las solicitudes de asilo, precisando los derechos de los solicitantes.¹

A, B y C, nacionales de terceros países, presentaron sendas solicitudes de asilo en los Países Bajos invocando su temor a ser perseguidos en sus países de origen debido a su homosexualidad. Sin embargo, las autoridades competentes desestimaron sus solicitudes por considerar que su orientación sexual no había quedado demostrada.

El Juzgado de lo Mercantil nº 2 prohíbe que se oferten servicios de transporte online por parte de conductores contratados por la citada empresa al tratarse de competencia desleal

El juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid ha ordenado la cesación y prohibición en todo el territorio nacional del denominado sistema UBER, que pone en contacto online a usuarios y conductores de la citada empresa, dado que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal.

También le obliga a eliminar de su perfil en twitter los comentarios lesivos y a abonar 4.000 euros 

Un juzgado de Sevilla ha condenado, en una demanda por intromisión ilegítima contra el derecho al honor, a publicar el fallo de la sentencia a través de la cuenta de twitter del demandado durante un mes. Además, le obliga a eliminar de su perfil de twitter los comentarios lesivos dirigidos contra el demandante así como a abonarle 4.000 euros.