Jurisprudencia

Tan sólo en ese momento puede determinarse la magnitud del retraso a los efectos de una posible indemnización.

El retraso de un vuelo de la compañía aérea Germanwings de Salzburgo (Austria) a Colonia/Bonn (Alemania) ha permitido al Tribunal de Justicia precisar el momento que corresponde a la hora de llegada efectiva de un avión. A pesar de que el aparato de que se trata despegó con un retraso de 3.10 h, las ruedas del aparato tocaron la pista de aterrizaje del aeropuerto de Colonia/Bonn con un retraso de 2.58 h. Cuando el avión alcanzó su posición de estacionamiento, el retraso era de 3.03 h. Las puertas se abrieron poco después.

Uno de los pasajeros alega que el destino final se alcanzó con un retraso de más de tres horas con respecto a la hora de llegada prevista, por lo que, como se desprende de una sentencia anterior del Tribunal de Justicia¹,  puede solicitar una indemnización de 250 euros. Para Germanwings, la hora de llegada efectiva es la hora a la que las ruedas del aparato tocaron la pista de aterrizaje del aeropuerto de Colonia/Bonn, de modo que el retraso con respecto a la hora de llegada prevista fue de tan sólo 2.58 h, de modo que no estaba obligada a pagar indemnización alguna.

• TS. Reclamación al avalista de las cantidades entregadas a cuenta en la compraventa de vivienda sobre plano.
• TS. Valoración del régimen de aplicación que se realiza de la cláusula "rebus sic stantibus. Teoría de la imprevisión en el ámbito de la contratación pública.
• TS. Arrendamientos urbanos. Doctrina jurisprudencial. Interés casacional. Subrogación por fallecimiento del padre a favor del hijo con minusvalías del 65%, declarada administrativamente con posterioridad.
• TS. Donación. Promesa. Compromiso de donar el domicilio conyugal al hijo matrimonial recogido en convenio regulador. Donación. Requisitos de validez. Escritura pública.
• TC. Amparo concedido por el emplazamiento mediante edictos de demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la demanda.
• TJUE. Ejecución hipotecaria. Imposibilidad de oposición procesal por el deudor ejecutado a la resolución judicial desfavorable. Desigualdad de armas frente al acreedor ejecutante. Tutela judicial efectiva.
• TJUE. Abogados. Ejercicio de la profesión en un estado miembro distinto del de obtención del título. Denegación de inscripción en el registro del Colegio. Presentación de certificación de inscripción en el Estado de acogida. Inexistencia de abuso de derecho.
• TS. Maltrato psicológico como supuesto de maltrato de obra y por consiguiente como causa de desheredación.

• TS. Nulidad de Swaps financieros por vicios del consentimiento.
• TS. Alcance de la consideración de crédito contra la masa de los honorarios del letrado que asiste al concursado durante la tramitación del concurso de acreedores.
• TS. Aval a primer requerimiento como obligación autónoma e independiente de la obligación garantizada.
• TS. Concurso de acreedores: carácter privilegiado y preferente de las cargas urbanísticas a favor de la Junta de Compensación.
• TS. Concurso. Gratuidad de las operaciones entre empresas de un grupo. Rescisión de garantía hipotecaria. Inexistencia de contraprestación a favor de la sociedad hipotecante. Gratuidad. Otorgamiento en garantía de obligaciones preexistentes.
• TS. Concurso. Resolución de contratos de permuta de tipos de interés (swap) en interés del concurso. Calificación como créditos contra la masa.
• AN. El procedimiento de la Comisión  de Propiedad intelectual contra los sitios de internet con enlaces, actuando como  intermediarios, es nulo de pleno derecho.

• ATS. Momento en que pueden presentarse documentos por las partes, en el Orden jurisdiccional contencioso administrativo.
• AN. Extralimitación legal y reglamentaria y vulneración del derecho a la intimidad del deportista en la localización permanente para deportistas a efectos de su sometimiento a pruebas de dopaje.
• TJUE. Extranjería. Derecho a la reagrupación familiar.
• TJUE: Unión Europea. Residencia legal e ininterrumpida en el Estado miembro de acogida durante los cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud del permiso.

• TS. Narco barcos: En los casos de delitos de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cometidos en medios marinos, el apartado d) del art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial confiere jurisdicción a las autoridades españolas.
• AAN. Justicia universal. Competencia de los tribunales españoles, en los supuestos de los narco barcos en el caso de llevar tripulación extranjera y apresamiento en aguas internacionales.
• TS. Concepto de caudales públicos en el delito de malversación.
• TS. La inviolabilidad del correo de la empresa en el procedimiento penal.
• TS. La cobertura del seguro de responsabilidad civil profesional por los daños producidos derivados de delitos.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina jurisprudencial, en relación a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que, en materia de subrogación de estos alquileres por causa de muerte, "es suficiente para reconocer la subrogación que se produzca la situación de convivencia y el hijo se encuentre afectado por la minusvalía, sin necesidad de que ésta hubiera sido declarada en el momento del fallecimiento del arrendatario por el órgano competente".

El TS anula así una sentencia de la Audiencia de Barcelona, que había confirmado la decisión de un juez de Primera Instancia de Hospitalet de Llobregat que, en junio de 2010, dio la razón al arrendador y condenó a la persona con minusvalía a desalojar la vivienda "con apercibimiento de lanzamiento" (desahucio).

El TC determina que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2009 referida a la notificación de embargos no permite menor diligencia a los órganos judiciales en la averiguación del domicilio.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha determinado que las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) llevadas a cabo en 2009 no pueden implicar una menor diligencia de los órganos judiciales en la localización del domicilio de los particulares a efectos de notificarles la celebración de la subasta de un bien de su propiedad. Es la primera vez que el Tribunal se pronuncia sobre esta nueva regulación legal, y lo ha hecho concediendo el amparo a una mujer que solicitó la nulidad de la subasta de una plaza de garaje. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Luis Ignacio Ortega.

El Tribunal Supremo, en su recién publicada sentencia de 3 de junio de 2014, ha reconocido que el maltrato psicológico a los padres es justa causa para desheredar a los hijos. La Sala de lo Civil confirma, en concreto, la desheredación de dos hijos que incurrieron en un maltrato psíquico y reiterado contra su padre "del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación jurídica de filiación".

Una resolución respalda la cuestión prejudicial planteada por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón. La Ley de Enjuiciamiento Civil sólo permite a los bancos, pero no a los deudores, recurrir en apelación ante resoluciones contrarias a sus intereses

El Tribunal Europeo ha estimado una cuestión prejudicial planteada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en relación con las posibilidades que una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria tiene para oponerse a determinadas decisiones judiciales. La resolución del Tribunal Europeo estima que los ejecutados tienen, tal como señaló la Audiencia de Castellón, menos posibilidades que la entidad bancaria de oponerse a decisiones desfavorables.

La posibilidad de que los nacionales de la Unión elijan el Estado miembro en el que adquieren su título y el Estado miembro en el que ejercen su profesión es inherente al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por los Tratados, según la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos acumulados C-58/13 y C-59/13

La Directiva sobre el establecimiento de los abogados¹ tiene por objeto facilitar el ejercicio permanente de la abogacía, por cuenta propia o ajena, en un Estado miembro distinto de aquel en el que se obtuvo el título profesional, aunque la profesión sólo puede ejercerse con el título profesional de origen. Prevé que la autoridad competente del Estado miembro en el que se establece el abogado efectuará su inscripción previa presentación de una certificación de inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro en el que obtuvo el título².