Jurisprudencia

La Unión federal alemana de centrales y asociaciones de consumidores impugna ante los tribunales alemanes el modo de presentación de las tarifas aéreas en el marco del sistema de reserva electrónica de Air Berlín tal como estaba concebido en noviembre de 2008.

Tras seleccionar la fecha y el aeropuerto de salida y de llegada, dicho sistema de reserva presenta en una tabla las conexiones posibles¹.  No se indica el precio final² por persona para todas las conexiones que aparecen en pantalla, sino únicamente respecto de la conexión preseleccionada por Air Berlín o respecto de aquella que el cliente haya seleccionado a continuación. Según la Unión federal, esa práctica no se ajusta a las exigencias impuestas por el Derecho de la Unión en materia de transparencia de los precios de los servicios aéreos³. La acción de cesación ejercitada por la Unión federal contra Air Berlín fue estimada por los tribunales de las dos primeras instancias. Air Berlín recurrió entonces ante el Bundesgerichtshof (Tribunal federal de justicia, Alemania). Dicho órgano jurisdiccional solicita al Tribunal de Justicia que interprete la normativa de la Unión⁴ sobre la fijación de los precios de los servicios aéreos con origen en un aeropuerto de la Unión.⁵

• TJUE. Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
• TS. Exclusión educativa de un autista y lesión de derechos fundamentales a la educación e integridad física y moral.
• TS. El cómputo del plazo de caducidad de una sanción administrativa, interrumpido por la prejudicialidad, se reanuda al recibir la Administración el testimonio de la sentencia penal firme.
• TS. Educación. Decisión colectiva de los alumnos de no asistir a clase. No sometimiento de la decisión a autorización paterna previa. Nulidad de precepto autonómico.
• TS. Responsabilidad patrimonial de la administración. Prisión indebida. Prisión preventiva acordada en procedimiento sumario mantenida durante cuatro años. Absolución del acusado en casación por nulidad de la intervención de sus comunicaciones.
• AN. Protección de datos. Seguridad privada. Cámaras de video vigilancia, instaladas en una fachada, que captan espacio público. Instalación de limitadores de visión tras el inicio del procedimiento sancionador.

• TS. Nulidad de testamento por dolo y su acreditación por prueba de presunciones.
• TS. Error como vicio del consentimiento en un contrato de compraventa.
• TS. Los gastos de comienzo del año escolar son ordinarios a efectos de la pensión de alimentos.
• TS. Incapacitación. Sometimiento a curatela. Informes facultativos.
• TS. Compraventa. Incumplimiento del vendedor de la obligación de entregar en plazo. Equiparación del retraso en la entrega con el incumplimiento definitivo. Crisis económica.
• TS. Propiedad horizontal. Obras en elementos comunes. Sustitución de bajante de aguas. Régimen de mayorías. Impugnación de acuerdo aprobado en junta de propietarios.
• AP. Prueba sobre la necesidad de quien pide los alimentos, y el estado de fortuna de quien los da.

• TS. Pagaré firmado y sin constar en el documento, junto con la firma, el sello o antefirma de la sociedad.
• TS. Interpretación del ámbito de protección de la patente. Infracción por equivalente.
• TS. Propiedad intelectual. Formato televisivo. Protección. Cesión de derechos. Obra derivada. Prueba. Ficta admissio. Testifical-pericial. Valoración.
• AP. Contrato de tarjeta de crédito y declaración de cláusulas abusivas.
• AP. Cláusula suelo abusiva al no ser resaltada en negrita ni destacada. Efectos retroactivos de la nulidad.
• JM. Competencia desleal. Aplicación UBER. Medidas cautelares. Adopción inaudita parte. Requisitos.
• TJUE. Propiedad industrial. Protección de las invenciones biotecnológicas. Embrión humano. Concepto. Patentabilidad. Exclusiones.

Por lo tanto, en principio, las utilizaciones de un organismo de este tipo con fines industriales o comerciales pueden ser objeto de una patente

La Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, dispone que las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales no son patentables.

En su sentencia Brüstle, de 18 de octubre de 2011, el Tribunal de Justicia señaló que el concepto de «embrión humano» comprendía los óvulos humanos no fecundados estimulados para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis, puesto que tales óvulos eran aptos para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano, al igual que los embriones creados mediante fecundación de un óvulo. La partenogénesis consiste en la activación de un ovocito, sin espermatozoides, mediante una serie de técnicas químicas y eléctricas, y el organismo así creado se denomina «partenote». 

Revoca la sentencia de la Audiencia de Sevilla que aprobó el embargo realizado por la Seguridad Social de activos de Astilleros de Sevilla por 1,6 millones de euros en 2012

La Sala Civil del alto tribunal ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que aprobó el embargo realizado por la Seguridad Social, en julio de 2012, de activos de Astilleros de Sevilla S.A. por 1,6 millones de euros, que se correspondían con el importe de los créditos contra la masa devengados a su favor.

La Audiencia sevillana consideró que el nuevo artículo 84.4 de la Ley Concursal (introducido en 2011) permite la autotutela de la Administración (en este caso la Seguridad Social) para realizar ejecuciones administrativas separadas e independientes del concurso de acreedores, sin necesidad de intervención del juez del concurso, y sin sometimiento al plan de liquidación aprobado judicialmente.

• AP. Condena por quebrantar una orden de alejamiento vía Facebook.
• TS. Estafa procesal: simulación de contrato para rebajar un pensión de alimentos.
• TS. Subtipo agravado de agresión sexual  por uso de arma.
• TS. Alcance de la extinción de pago de la deuda aduanera como consecuencia del decomiso de las mercancías ilegalmente introducidas.
• AN. Delitos de uso de información relevante y blanqueo de capitales en relación con la compra de acciones.
• TS. No constituye un límite a la posibilidad de acumulación el que la sentencia haya sido dictada por un tribunal de otro Estado de la Unión Europea.
• TS. Declaración de menores víctimas de delito de abusos sexuales.

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado, por mayoría de nueve a seis, desestimar el recurso del preso Kepa Pikabea en el que solicitaba que se tuviera en cuenta el los años de prisión que cumplió en Francia a efectos del tiempo máximo de 30 años que puede estar en cárceles españolas. Habrá un voto particular conjunto de los seis magistrados que han quedado en minoría.

Esta sentencia del alto tribunal, contradice no solo la interpretación de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que ordenó la excarcelación de Potros y Plazaola, sino también la adoptada por el propio Supremo el 13 de  marzo de 2014, cuando se pronunció a favor de descontar los años de condena cumplidos en Francia al etarra Joseba Urrusolo Sistiaga, que aplicaban la Decisión Marco 2008/675/JAI, que el Consejo de Europa aprobó en 2008, para que se acumularan las condenas cumplidas en países de la Unión Europea. a pesar de   la ausencia de efecto directo de las Decisiones Marco no traspuestas al Derecho interno como así señalo la Fiscalía en su recurso.

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de un decreto de la Generalitat Valenciana que imponía la autorización previa de los padres

No cabe someter a autorización previa de los padres el derecho de los alumnos a partir de tercero de la ESO a decidir colectivamente la inasistencia a clase. El Supremo ha confirmado la nulidad de un decreto educativo de la Generalitat Valenciana, de 2008, que imponía esa autorización previa de los padres al derecho reconocido en el artículo 8 de la LODE.

El Supremo rechaza el recurso del apoderado de una empresa que fue grabado y señala que “no supuso una intromisión ilegítima en su intimidad personal”

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del apoderado de una empresa que quería que una trabajadora despedida le indemnizara con 3.000 euros por grabarle con el teléfono móvil sin su consentimiento, al considerar lesionado su derecho constitucional a la intimidad.