Casos Prácticos

Tratamos en este caso la prescripción de la acción de reclamación de daños y perjuicios por posible negligencia médica, frente al médico, hospital y aseguradora de salud.
Los hechos ocurren el 1 de octubre de 2013, tras una cirugía en codo derecho por rotura de bíceps distal tras sufrir una lesión por importante esfuerzo físico.
Tras la cirugía, el cliente, Enrique, es diagnosticado de lesión axonal parcial aguda del nervio radial derecho.
En el posoperatorio inmediato, Enrique presenta debilidad en la musculatura inervada por nervio radial derecho, en probable relación a neuroapraxia del nervio radial.
Tras las pruebas médicas pertinentes, Enrique es diagnosticado de lesión axonal parcial aguda de nervio radial derecho de grado medio-severo en enero de 2014. Termina el tratamiento rehabilitador en enero de 2015 por falta de ulterior mejoría clínica, restándole una neuropraxia de nervio radial derecho.
Enrique tenía concertado seguro de salud con la compañía Z y es operado y tratado en el Hospital H, por medio del seguro de salud concertado, toda vez que el hospital es uno de los pertenecientes al cuadro médico que facilita dicha aseguradora a sus asegurados.
Analizamos los plazos de prescripción frente al facultativo, centro hospitalario y aseguradora de salud.

Palabras claves: negligencia médica; reclamación de daños; prescripción; seguro de enfermedad; seguro de asistencia sanitaria.

La existencia de una comunidad de herederos no impide el ejercicio de la división de la cosa común del haber existente entre los coherederos, que vendrá determinado por una cuota dominical en cada uno de los bienes de la copropiedad, que podrá determinarse por acuerdo o por subasta entre los coherederos o bien por subasta pública. Persigue la cesación del estado de indivisión que se adjudique al comunero la propiedad plena y separada de una parte o porción de la cosa común o, en el caso de que física o jurídicamente tal división no fuera posible, se le atribuya la parte proporcional del precio obtenido mediante su venta. Lo que no es posible es atribuir bienes indivisos sin sorteo, lo que carece de refrendo legal, por lo que la atribución a un coheredero de un inmueble en el que reside y vive carecería de justificación y de refrendo legal. La partición produce la extinción de la comunidad hereditaria, mediante la división y adjudicación a los coherederos del activo de la herencia; tiene carácter de operación complementaria de la transmisión y es siempre indispensable para obtener el reconocimiento de propiedad sobre bienes determinados.

Palabras claves: comunidad de herederos; división de la cosa común.

El presente caso trata de abordar los criterios jurídicos que deben ser tenidos en cuenta en los supuestos de parejas de hecho que adquieren una vivienda antes de contraer matrimonio en proindiviso pero pagándose el precio íntegramente por uno de ellos, cuando tras la crisis matrimonial, pretende quien abonó el precio que se declare privativa tal vivienda. Cuando dos personas sin haber contraído matrimonio adquieren en proindiviso un bien, les pertenece en la forma en que lo hayan adquirido, por mitad o en otro porcentaje pero en modo alguno le pertenece a uno solo de los compradores si estos fueron dos. Es indiferente el origen del dinero utilizado para abonar el precio, ya que rige el pacto expreso o tácito existente entre las partes y el pacto, en este caso, reflejado en la escritura de compraventa fue hacer común por mitad un bien adquirido con dinero procedente de una cuenta de la titularidad de uno de ellos. El que pagó el precio, de forma consciente y voluntaria, consintió en que la vivienda se adquiriera por ambos litigantes y para ambos.

Palabras claves: pareja de hecho; adquisición en proindiviso; vivienda; dinero privativo.

Una de las cuestiones que mayor repercusión origina en la actualidad como problema jurídico derivado de los desahucios y en general de los pleitos tendentes a recuperar la posesión de la finca por parte de los propietarios es el del fenómeno «okupa». Este supuesto de hecho, técnicamente regulado como desahucio por precario, tiene habitualmente la dificultad añadida de que no suelen estar identificados los demandados al ser ignorada la filiación de quien o quienes están ocupando la finca sin pagar contraprestación a cambio, y de ahí que nos encontremos con las llamadas demandas de desahucio contra los «ignorados ocupantes» de la finca. El caso que proponemos trata de servir de referencia para todos estos supuestos, poniendo de manifiesto que, si concurren todos los requisitos que permiten declarar la conclusión de esta situación, las dificultades para realizar los actos de comunicación no pueden ser obstáculos para permitir al propietario acceder a la recuperación de la posesión.

Palabras claves: desahucio por precario; ignorados ocupantes; okupas; tutela judicial efectiva.

El presente supuesto aborda el ajuste a derecho o no de diversos acuerdos adoptados por el pleno de un ayuntamiento que fueron recurridos en vía contencioso-administrativa por el grupo municipal de la oposición. Los mismos consistieron en: la fijación de día y hora para la celebración de las sesiones ordinarias que entienden beneficia a los miembros de la Junta de Gobierno; la creación de la Comisión Informativa y de Cuentas, fijando el mismo día del pleno para su reunión; y, finalmente, la fijación de las cuantías de retribuciones para el alcalde, tenientes de alcalde y concejales, las cuales entienden que no se ajustan a derecho o, por su cuantía, o porque es ilegal abonarlas a determinados funcionarios. Finalmente, el alcalde plantea al secretario-interventor que le aclare, en primer lugar, si el secretario con plaza en propiedad obtiene el nombramiento en una plaza de técnico de Administración General (funcionario interino) en otro ayuntamiento, en qué situación administrativa queda en su municipio de origen y si existe algún derecho a reserva de plaza; y si puede ser contratista de un contrato menor otra Administración.

Palabras claves: plenos municipales; acuerdos plenarios; retribuciones e indemnizaciones; funcionario público.

Incidente concursal planteado por el arrendador del local de negocio, estando la empresa arrendataria en concurso de acreedores. La acción iniciada en el incidente es de resolución de contrato de arrendamiento de local por falta de pago de la renta por la arrendataria concursada. Trata el caso de determinar si el procedimiento de desahucio por falta de pago puede quedar incluido entre los supuestos de aplicación del artículo 62 de la Ley Concursal. Igualmente debe determinarse si existe el derecho de la concursada a tener la oportunidad de mantener la vigencia del contrato en interés del concurso, siempre que abone al arrendador todas las rentas debidas como crédito contra la masa. Finalmente debe resolverse acerca de si se debe exigir a la arrendataria concursada el previo pago de lo debido antes de interponer el recurso de apelación, y si debe o puede considerarse ese pago un requisito previo de procedibilidad.

Palabras claves: concurso de acreedores; rehabilitación del contrato de arrendamiento; interés del concurso.

En el caso de un accidente laboral es posible la existencia de más de un contrato de seguro que cubra el mismo riesgo, en cuyo caso nos encontraríamos en presencia del denominado seguro múltiple o cumulativo, el cual no cabe confundirlo con el coaseguro, ya que ambos se rigen por reglas diferentes.

Palabras claves: responsabilidad civil; contrato de seguro; seguro múltiple; coaseguro.

El presente caso trata de arrojar luz sobre un problema jurídico que con frecuencia se plantea en las ejecuciones civiles, y es la posibilidad de inscribir determinados inmuebles a favor de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal como consecuencia de la adjudicación a su favor derivada de un procedimiento de apremio. Si la comunidad de propietarios en régimen de comunidad horizontal ostenta un crédito contra un propietario del propio régimen o contra un tercero, le asiste la facultad de instar judicialmente su cumplimiento y, en vía de apremio, de instar la traba de cualesquiera bienes del deudor, así como su enajenación vía subasta e, incidentalmente, su adjudicación e inscripción en el Registro de la Propiedad. No existe motivo alguno para hacer de peor condición al acreedor comunidad en régimen de propiedad horizontal que a cualquier otro si, como ocurre en el supuesto de hecho, en la subasta de los bienes trabados no existe postura alguna que supere la cantidad a que se refiere el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Palabras claves: comunidad de propietarios; propiedad horizontal; la comunidad como titular registral; apremio.

Si bien el enjuiciamiento de los hechos es de fecha posterior y no se hallaba vigente el acuerdo del Pleno de 2010, según el cual procedía el sumario ordinario en los supuestos de delitos conexos de robo con asesinato, la modificación interpretativa del Tribunal Supremo de fecha 9 de marzo de 2017 no afecta al órgano de enjuiciamiento, pues sucede que nos movemos en el terreno de los actos procesales y la regla tempus regit actum nos remite al tiempo de los actos procesales.
Dados unos hechos y según las pruebas existentes, el tribunal hace su valoración, y el Supremo solo puede analizar esa valoración dentro del mismo objeto. Las alegaciones del apelante, o las alegaciones de quien recurre en casación, se deben circunscribir a lo mismo.

Palabras claves: jurado; procedimiento ordinario; delitos conexos; casación; inferencia.

El supuesto práctico planteado en torno a un contrato de gestión de servicios públicos en el que resulta de aplicación directa la Directiva Comunitaria 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 febrero de 2014, toda vez que el Estado español no ha procedido a su trasposición y una Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 16 marzo de 1916 ha indicado las normas que son de aplicación directa del referido contrato. Por ello, este contrato de gestión de servicios públicos planteado era encuadrado en un contrato sujeto a regulación armonizada, por razón de su cuantía, lo que condiciona las respuestas que deben ofrecerse a las cuestiones formuladas. Se plantean problemas jurídicos respecto a la correcta composición de la mesa de contratación, si el expediente de contratación reunía todos los requisitos exigidos por la normativa aplicable y la actitud de representantes de tres grupos municipales que, o bien señalan que no van a votar a favor de la misma, se ausentan de la sesión en el momento de la votación o en una conversación con el público asistente. Igualmente, se hace preciso analizar la naturaleza jurídica del escrito de oposición de uno de los licitadores que fue excluido por la mesa de contratación, y la de otro licitador, que presentó un escrito oponiéndose a la adjudicación realizada. Finalmente, se afronta la cuestión de la procedencia o no en derecho de acceder a una solicitud de información presentada por un contratista de otro ayuntamiento para que se le remita copia del expediente de contratación y de la modificación operada en el mismo relativa a las actuaciones del primer ayuntamiento.

Palabras claves: contrato de gestión de servicios públicos; Directiva 2014/24/UE; expediente de contratación; mesa de contratación; recurso especial en materia de contratación; sesión plenaria; votación; derecho de información; publicidad activa y pasiva.