Artículos de Interés

El capital riesgo como actividad financiera consiste en proporcionar recursos a medio y largo plazo, pero sin vocación de permanencia ilimitada, a empresas que tienen dificultad para acceder a otras fuentes de financiación, como el mercado de valores o el crédito bancario.
Entre las funciones de esta industria se encuentran, entre otras, la de impulsar el aumento de la productividad en el sistema económico y coadyuvar a garantizar la sostenibilidad de la economía. Así, las entidades de capital riesgo y las operaciones que estas llevan a cabo fomentan una economía competitiva, innovadora y dinámica.

Como consecuencia de las numerosas ventajas que proporciona esta actividad financiera, creemos de sumo interés analizar el régimen jurídico y funcionamiento de los operadores que la llevan a cabo, es decir, las entidades de capital riesgo. Por ello, el presente trabajo tiene por objeto el estudio del marco normativo y la caracterización general de las mismas, incidiendo particularmente en el funcionamiento habitual de las entidades de capital riesgo que más se utilizan en el mundo del private equity, a saber, los fondos de capital riesgo.

Palabras clave: capital riesgo, venture capital, leveraged buyouts y comisiones de los fondos.

Entre los años 2009 y 2013, la actual Ley Concursal ha sufrido hasta tres modificaciones, todas ellas encaminadas a introducir y potenciar la llamada fase preconcursal, que tiene como única finalidad la de evitar que el deudor insolvente tenga al concurso de acreedores como la única de las soluciones posibles. Estas reformas han dado lugar al nacimiento de instituciones preconcursales que en la práctica van adquiriendo cada vez mayor protagonismo, pues están destinadas a evitar la destrucción del tejido empresarial que está teniendo lugar en sede concursal.

Estas dos instituciones son los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pago. El presente trabajo pretende estudiar ambas de manera comparada, analizando sus analogías, diferencias y paralelismos, ahondando en los vacíos legales que su regulación presenta y con especial referencia a todos los operadores intervinientes que ejercen su tutela pública sobre la libertad de pactos del deudor y acreedores. Se trata de comprobar cuál es la filosofía que justifica la existencia de cada una de ellas, además de destacar la aplicación dispar que los jueces han hecho de la primera de ellas.

Palabras clave: concurso de acreedores: fase preconcursal, acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales.

El 4 de octubre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica por el que se pretende modificar el Código Penal a fin de introducir la pena de prisión permanente revisable; pena sobre la que se ciernen varias dudas de constitucionalidad, que serán analizadas en el presente trabajo. Estas dudas se relacionan con la posibilidad de considerarla una pena inhumana o degradante y contraria, por tanto, a las previsiones del artículo 15 de la Constitución Española (CE), entendido a la luz del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); una pena contraria a la finalidad de reinserción social que recoge el artículo 25.2 de la CE, así como a las exigencias de concreción de la pena que se derivan del principio de legalidad penal, recogido en el artículo 25.1 de la CE; o, finalmente, una pena contraria al artículo 17 de la CE, interpretado a la luz del artículo 5 del CEDH, en la medida en que este precepto exige que toda medida que suponga una privación de libertad debe ser legítima a lo largo del tiempo y que su legalidad debe ser objeto de control por parte de un órgano jurisdiccional en un plazo breve.

Palabras clave: prisión permanente revisable, pena inhumana o degradante, principio de legalidad penal, reinserción social y libertad personal.

El momento histórico en el que se encuentran inmersas las Administraciones públicas en la actualidad demanda el uso de sistemas de prestación de servicios que sean eficientes desde el punto de vista financiero. Hay que buscar nuevas fórmulas, o resucitar las viejas ya existentes, para prestar servicios sin consolidar deuda. Aquí se propone resucitar la figura del contrato administrativo especial para esta labor. Esta propuesta sirve para analizar el valor de la tipicidad en el campo de la contratación pública, y para contraponer el contrato administrativo especial con el de colaboración público-privada, presentando el primero como una alternativa, no compleja, para prestar servicios sin consolidar deuda.

Palabras clave: contrato administrativo, tipo, sostenibilidad financiera y derecho comunitario.

El artículo 205 de la Ley Hipotecaria legitima la primera inscripción en el Registro de Propiedad de un título público previa acreditación fehaciente de haberlo adquirido. Cuando este título se constituya de mala fe, aspecto que puede producirse por ejemplo en situaciones de herencias indivisas cuyos titulares sean de difícil identificación y contextualmente se venga a constituir una hipoteca sobre el bien, las consecuencias prácticas pueden ser lesivas para el efectivo titular extrarregistral o para la entidad bancaria, a pesar de que ambos hayan actuado diligentemente tomando como referencia la fe pública registral como manifestada en el registro. La posibilidad que tiene el efectivo titular extrarregistral de declarar la nulidad del título dentro de los dos años, los efectos retroactivos de la sentencia y la disfasia temporal en el registro de la anotación preventiva de esta demanda, de la hipoteca y de los eventuales procedimientos de embargo y adjudicación por parte del banco pueden crear complicadas situaciones que este estudio intenta aclarar, ofreciendo una posible solución incluso desde una óptica reformadora de la incompleta e incongruente legislación actual.

Palabras clave: adquisición a non domino, buena fe, mala fe, constitución fraudulenta de título, caudales indivisos, artículos 34, 205 y 207 de la Ley Hipotecaria, 298.4 del Reglamento Hipotecario y 362 del Código Civil.

El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis de las cláusulas predispuestas en los contratos de préstamo hipotecario cuya validez resulta más discutible. En efecto, estos contratos presentan una serie de cláusulas que, en una situación económica pujante, es decir, de crecimiento de la economía, no suelen entrar en juego. En cambio, sí lo hacen en aquellos periodos, como el actual, en los que la economía sufre una recesión.

Palabras clave: préstamo hipotecario, cláusula suelo, transparencia, interés de demora y vencimiento anticipado.

La Unión Europea tiene como uno de sus principales objetivos la integración económica de todos sus miembros en un mercado interior europeo; para ello los tratados han previsto una serie de principios económicos cuyo objetivo es, entre otros, el de garantizar la igualdad de condiciones entre competidores. En el caso de las actividades económicas desarrolladas por una empresa organizada a través de una sociedad mercantil, uno de los principales objetivos del legislador comunitario ha sido el de establecer mecanismos que permitan la movilidad intracomunitaria de estas sociedades, así como también asegurar la circulación de capitales de estas empresas. En el primer apartado, este trabajo aborda la problemática de la «libertad de establecimiento», sus limitaciones legales y, sobre todo, cómo y hasta qué punto la interpretación de las legislaciones nacionales, realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha marcado el ritmo de una progresiva apertura en la movilidad corporativa con los peligros que conlleva la falta de una normativa clara que tome en cuenta no solamente los intereses de los socios, sino también los de los acreedores sociales y los de los trabajadores de las sociedades implicadas. Así pues, el análisis realizado parte de las interpretaciones menos aperturistas del tribunal, para concluir con la interpretación actual que, merced al estancamiento del proceso armonizador, así como a las modificaciones del contenido de los tratados de la Unión Europea, ha permitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea adquirir un verdadero estatus de órgano jurisdiccional de control de los legisladores nacionales, con las ventajas y peligros que ello conlleva. Esto último se pone especialmente de relieve en el tercer apartado, donde estudiamos la interpretación que el tribunal realiza de la compatibilidad de las normas de derecho interno con los principios europeos en materia de circulación de capitales. Y donde se pone de manifiesto la necesidad de retomar la vía legislativa en aras de una verdadera normativa consensuada que otorgue seguridad jurídica a las transacciones comerciales.

Palabras clave: movilidad corporativa intraeuropea, libertad de establecimiento de sociedades mercantiles, derecho europeo de sociedades y Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Bajo el torrencial influjo de la devastadora coyuntura económica que padecemos, el legislador ha procedido a regular extensivamente la figura de las tasas judiciales, ampliando su ámbito material así como las sumas que han de satisfacerse por acceder a distintas «prestaciones» que se cobijan en la actividad jurisdiccional, apegándosele igualmente otro tipo de finalidades indirectas que tal vez encierren riesgos notables para el propio Estado de Derecho. En este trabajo se busca ubicar la figura de las tasas judiciales, exponer la regulación introducida y formular una crítica a la misma desde la óptica del contenido constitucional del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Palabras clave: tasa, Constitución, crisis, cuantía y derechos.

En el presente trabajo se tratan de analizar las resoluciones jurisprudenciales que la jurisdicción ordinaria, tanto del Tribunal Supremo como de las audiencias provinciales, se ha visto abocada a dictaminar para paliar los principales conflictos que surgen de la ruptura en las uniones de hecho, que son tanto los concernientes a la liquidación y atribución de bienes adquiridos como el reparto de la ganancia generada por ambas partes o una sola durante el tiempo de convivencia. Y ello debido tanto a la ausencia de normativa estatal que prevea estas situaciones como a la verdadera dispersión y diferenciación que las disposiciones normativas autonómicas han dictado al respecto.

Palabras clave: uniones de hecho, estabilidad, permanencia, continuidad y publicidad.

El controvertido asunto de las afamadas cláusulas bancarias techo-suelo de los préstamos hipotecarios va aclarándose a medida que los tribunales de justicia se pronuncian sobre su posible nulidad o abuso. El Tribunal Supremo, con su reciente Sentencia 241/2013, de 9 de mayo, nos ilustra y se posiciona claramente al lado de la parte más débil de la negociación contractual: el consumidor, con argumentos que van a ser expuestos a lo largo de este trabajo y que, esencialmente, tienen su razón de ser en la falta de trasparencia, y la defectuosa información del producto financiero a contratar y de las implicaciones económicas del mismo a largo plazo.

Palabras clave: cláusulas bancarias abusivas, techo-suelo, información y acciones.