Artículos de Interés

La garantía judicial de los derechos subjetivos sigue constituyendo un eje medular en el interés de los operadores jurídicos y de la sociedad. Una vez que se ha procedido a encauzar jurisdiccionalmente la pacificación del valor jurídico y los supuestos en que son anulables las denominadas cláusulas suelo insertas en una multiplicidad estimable de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria suscritos en los últimos años en España, han surgido otros efectos apegados a su existencia que, por el contrario, los órganos judiciales no comenzaron a resolver con unívoco criterio: la restitución o no de sumas cobradas a sus resultas por las prestamistas. Detectado ese factor, este trabajo se propone analizar las dos vías interpretativas que se están siguiendo, con apoyo en sentencias que las expresan; optar particularmente por la que se considera más adecuada, con la debida argumentación para obtener semejante posicionamiento (muy orientada hacia la viveza del principio de seguridad jurídica) y, además, inducir a raíz de este supuesto cuál es el estado vigente de la tradicional cuestión consistente en el valor eventualmente vinculante del que ha de gozar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los correlatos, positivos o negativos, aparejados a ello.

Palabras claves: jurisprudencia, cláusula, suelo, derechos y juez.

En la actualidad nos encontramos inmersos en una profunda crisis económica que entre muchas otras cuestiones está propiciando la adopción de medidas que implican recortes en los llamados derechos sociales. Ante este panorama se hace necesario analizar la legitimidad de las mismas, y, con carácter general, cuáles son los límites y obligaciones del legislador y resto de poderes públicos a la hora de afrontarlas. Y es que la cuestión no es baladí, pues de ello depende incluso la justicia social que, como se verá, está indefectiblemente vinculada a la realización del Estado Social.

Palabras claves: Estado Social, justicia y Derecho administrativo.

La finalidad de este estudio es analizar la figura del requerimiento de pago en los procesos de ejecución hipotecaria. Se trata de una materia de rabiosa actualidad y muy controvertida.
Se analizará la forma y las consecuencias del requerimiento fallido, de conformidad con la legislación vigente y con la notable jurisprudencia que ha tenido lugar en los últimos tiempos debido a la gran cantidad de ejecuciones hipotecarias de las que han conocido los juzgados y tribunales españoles.
En consecuencia, el estudio de la figura del requerimiento de pago nos obliga asimismo a abordar la figura de la hipoteca, la notificación del requerimiento de pago (a los efectos de su recepción por el deudor) y la conducta del deudor ejecutado.

Palabras claves: requerimiento de pago, ejecución hipotecaria, diligencia de notificación, deuda y título ejecutivo.

En este trabajo se analiza la figura del mediador concursal como pieza clave sobre la que se sustenta la mediación concursal a través del acuerdo extrajudicial de pagos incorporado por la Ley de Emprendedores y actualizado por el Real Decreto-Ley 1/2015, que se convalida por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Se examina el concepto y la naturaleza jurídica del mediador concursal, para posteriormente adentrarse en «su» estatuto jurídico, teniendo como referente la administración concursal regulada en la Ley Concursal 22/2003. Dentro del estatuto jurídico se ponderan los principios informadores, cualidades y formación que ha de concurrir en el mediador, y se investiga en torno a su designación, publicidad y registro, incapacidades, responsabilidad, retribución, seguro obligatorio y tareas encomendadas. Finalmente, se infieren algunas reflexiones que nos proporcionen la virtualidad del mediador concursal y su entroncamiento en los mecanismos preconcursales de resolución de las dificultades económica del deudor.

Palabras claves: Derecho concursal, acuerdo extrajudicial de pagos, mediación concursal y mediador concursal.

Se abordan en este trabajo las diferentes vías de protección de que goza el ciudadano, tanto frente a la Administración en caso de responsabilidad o inactividad de esta, como frente a otros ciudadanos o actividades productoras de ruido. Probablemente, en alguna ocasión nos ha tocado o nos tocará sufrir los efectos de la contaminación acústica, por lo que resulta conveniente que sepamos de qué vías de protección disponemos, según el ordenamiento jurídico vigente, para afrontar y resolver una agresión en esta materia.
Como veremos a continuación, el ciudadano que se vea afectado por molestias causadas por un exceso de ruido tiene diferentes vías para reclamar la protección que le otorga el ordenamiento jurídico, pues el Derecho sí que concede protección efectiva frente a las inmisiones sonoras que resultan molestas, aunque esta protección se obtendrá en la mayoría de los casos de forma rogada, es decir, a instancia del particular afectado que deberá afrontar el problema con ciertas dosis de paciencia.
En definitiva, se trata de que cada uno de nosotros desde nuestros puestos de responsabilidad, actuando con eficacia, o simplemente como simples ciudadanos, aportemos nuestro grano de arena para conseguir un medio ambiente menos ruidoso.

Palabras claves: ruido, ciudadanos, medio ambiente y vías de protección.

En 2015 se han cumplido los primeros treinta años de la vigencia de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades, efeméride que aprovecha el presente estudio para abordar el principal, aunque no único, sin sentido jurídico de aquella, cual es el de la incompatibilidad económica determinada por el complemento específico –o concepto económico similar– que hoy perciben todos los empleados públicos, y que les veta el desempeño de toda actividad lucrativa en el sector privado, y ello a pesar de que la plena dedicación al servicio público fue siempre, como también hoy, una regla general trufada de múltiples e interesadas excepciones. A la inicial incompatibilidad presupuestaria para la percepción de más de un sueldo público, pronto se le unió la incompatibilidad funcional para el desempeño de actividades privadas que colisionaran con el interés público, única incompatibilidad aceptable en Derecho, pues la incompatibilidad económica es un puro resabio ayuno de todo rigor jurídico. Ello debiera conducir hoy al legislador a replantearse la supresión de aquella, o –sin más ambages, y de una vez por todas– a consagrar la incompatibilidad absoluta del empleado público con su consiguiente coste presupuestario.

Palabras claves: empleado público, incompatibilidad económica y retribuciones.

Uno de los aspectos que se han tenido en cuenta en todas las reformas del sistema de financiación de las comunidades autónomas y que estará presente en la que, de acuerdo con el calendario de revisiones quinquenales, se avecina a corto plazo, es el rediseño de las potestades de aplicación de tributos, esto es, la configuración de la Administración tributaria. Las líneas que siguen intentan, de entrada, construir un marco teórico para valorar las ventajas de los distintos modelos de Administración tributaria en los Estados descentralizados, a lo que a continuación se describe el modelo de Administración tributaria existente en la actualidad en España. El discurso de los dos primeros capítulos nos permitirá lanzar, en el tercero y último, una mirada crítica a dicho modelo actual y a su tendencia evolutiva, para proponer seguidamente la construcción de un sistema de Administración única y compartida.

Palabras claves: federalismo fiscal, Administración tributaria, eficiencia, rendición de cuentas y Agencia Tributaria.

La creciente vinculación por la finalidad contractual constituye uno de los principales rasgos de la modernización del Derecho de contratos. Este aspecto se manifiesta de manera singular en el contrato de compraventa –que sirve como arquetipo–, respecto del cual la legislación europea e internacional ha impulsado el llamado «principio de conformidad», en cuya virtud el vendedor garantiza la utilidad normal o particular de los bienes que transmite (finalidad del comprador). Esta innovación supone un cambio radical en relación con el grado de vinculación tradicional, tanto en los ordenamientos continentales como en el Common Law. Una reforma que no parece impuesta por Europa sino que ha sido acompañada por la jurisprudencia y la legislación de los distintos países europeos, si bien muchas veces a través de instituciones distintas, que persiguen resultados equivalentes, circunstancia no determinante desde una óptica funcional, propia del Derecho comparado. Comprender las evoluciones nacionales constituye un punto de partida imprescindible para valorar si resulta conveniente que el principio de conformidad se extienda no solo a todas las compraventas sino, también, a la generalidad de los tipos contractuales, tarea que este trabajo acomete.

Palabras claves: principio de conformidad, expectativas, contrato, libertad contractual y utilidad del objeto.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ha sufrido un sinfín de reformas/modificaciones que han afectado a la mayor parte de su articulado, siendo la regulación de las cuestiones laborales en el concurso una de la más vapuleadas por la iniciativa reformadora del legislador.
A lo largo del presente artículo se irán analizando aquellos aspectos más relevantes que afectan al Derecho laboral y concursal, en la medida que este último «absorbe» competencias que, en otras circunstancias, sería propias del primero.
Se hace un detallado análisis del artículo 64 de la LC y se pone en relación con otros artículos de la propia ley.

Palabras claves: acciones sociales, extinción, modificación o suspensión colectiva, jornada de trabajo, Estatuto de los Trabajadores, personal de alta dirección, incidente concursal y sucesión de empresas.

La regulación del cannabis, a lo largo de este último año, ha sufrido una serie de modificaciones con el objetivo de dar coherencia a años de vacíos legales y posturas contrapuestas.
La naturaleza de la droga, como droga blanda, y su uso medicinal provocan que el debate sobre la materia sea amplio y muy complejo.
Estudiaremos en este artículo la evolución tanto del tráfico como del consumo de cannabis en España, el nuevo marco legal y la proliferación de negocios asociados al mismo, cuya legalidad está siempre en entredicho, aspectos generales relativos al consumo, posesión y cultivo de cannabis en España y las distintas regulaciones, al ser un país descentralizado, cuya ventaja (o desventaja, según como se mire) es que, dentro de unos límites, cada comunidad autónoma puede pautar a su manera la legislación relativa al cannabis. Cierto es que existe un panorama general en el lento proceso para la legalización del cannabis que hace que parezca que todo vaya a cámara lenta. Está claro que los Gobiernos pretenden con ello ganar tiempo suficiente para cambiar de estrategia, o bien distraer a la sociedad para que los procedimientos terminen lo más tarde posible, o algo incluso peor: nunca.