Artículos de Interés

Más allá de la erradicación del minifundio y de la excesiva parcelación de la tierra, el efecto capital de la concentración parcelaria se encontraría en la transformación de la posesión en propiedad, dado que –una vez que las bases de la concentración declaran en firme el dominio a favor del poseedor de la tierra en concepto de dueño– este se convertirá en el postrer titular registral de las fincas que reemplacen a las parcelas poseídas, en una suerte de prescripción adquisitiva del dominio –ope legis y transitoria– que prevalecerá incluso frente al propietario no poseedor registralmente inscrito, sobre quien se invertirá la carga de accionar jurisdiccionalmente en reclamación de su dominio. La causa de esta mutación jurídica radicaría en la presunción legal de dominio a favor del poseedor civil, al igual que ocurría con la presunción legal de posesión pública ad usucapionem que operaba la legislación forestal respecto de los montes catalogados de utilidad pública, pudiéndose afirmar que en ambos supuestos latía una confesa apuesta del legislador por solventar la problemática suscitada por la endémica ausencia de titulación tabular del agro.

Palabras claves: concentración parcelaria, posesión y propiedad.

La atribución de responsabilidad civil al empresario por los daños y perjuicios derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores es un resto de indemnizaciones debidas «por razón de las cosas» propias dedicadas a la actividad de empresa (un coste real de personal), trasladado a los sistemas nacionales de seguridad social, financiados, básicamente, por los propios empresarios, en aras del desarrollo científico, técnico y económico de la sociedad en su conjunto. Su magnitud no ha cesado de incrementarse con el desarrollo tecnológico y la globalización económica y financiera, a la par que se han ido «desprofesionalizando» y «asistencializándose» aquellos sistemas públicos de protección social, con grave deterioro general, y el surgimiento de una nueva clase social, la de los «free riders» y «ventajistas». Por todo ello urge explicarla, en su actual configuración, y reordenarla jurídicamente en aras del desarrollo y progreso económico y social, superador del marasmo actual. A ello se dedica este trabajo.

Palabras claves: accidente de trabajo, competencia, enfermedad profesional, empresario y responsabilidad civil extracontractual.

El presente trabajo trata sobre la normativa aplicable a los denominados «perros potencialmente peligrosos», así como los requisitos necesarios para su tenencia, jurisprudencia existente y seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Palabras claves: perro potencialmente peligroso, tenencia, requisitos y seguro de responsabilidad civil.

El presente trabajo procede al estudio de la evolución de la figura del Patrimonio Municipal del Suelo, tanto en la legislación estatal como en las distintas legislaciones autonómicas, con el objetivo de poner de manifiesto cómo la institución ha cambiado progresivamente sus fines. La Ley del Suelo de 1956, norma en la que puede situarse el origen de la institución, define esta como un instrumento al servicio de la reducción del precio del suelo. Con el paso del tiempo, y a pesar de la insistencia del legislador en seguir identificando el Patrimonio Municipal del Suelo con un instrumento de intervención en el mercado inmobiliario, aquel ha ido introduciendo progresivamente nuevos destinos para los bienes y derechos que lo integran, lo que conduce a la institución, inexorablemente, hacia nuevas finalidades. La grave situación de crisis económica vivida en España a partir de 2008 aceleró la introducción de modificaciones en la figura. Estas culminan con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que convierte el Patrimonio Municipal del Suelo en una institución al servicio de la reducción de la deuda comercial y financiera de los ayuntamientos y la aleja de las políticas de vivienda.

Palabras claves: patrimonio, municipal, suelo, desnaturalización, deuda, comercial y financiera.

Una de las consecuencias de la crisis financiera de los últimos años ha sido la creación de una nueva estructura en la UE en el ámbito de la supervisión bancaria. La supervisión de las entidades de crédito en la UE ya no se mantiene a nivel nacional. Para garantizar la seguridad y la solidez del sistema bancario europeo y aumentar la integración y la estabilidad financieras en Europa, la UE ha puesto en marcha un mecanismo único de supervisión. Mediante este mecanismo, el Banco Central Europeo asumirá la supervisión directa de las entidades de crédito más significativas de la UE y colaborará estrechamente con las autoridades nacionales competentes para supervisar todas las demás entidades en virtud de la supervisión general que ejercerá el Banco Central Europeo. La entrada en vigor de este nuevo mecanismo fue en noviembre de 2014, 12 meses después de la entrada en vigor del Reglamento del mecanismo único de supervisión, por el que se crea el supervisor único.

Palabras claves: mecanismo único de supervisión, Banco Central Europeo, Unión Bancaria, sistema financiero y entidades de crédito.

El presente trabajo ofrece una visión de lo que ha sido el proceso de ejecución hipotecaria, tradicionalmente regulado como un instrumento de férrea protección de los acreedores hipotecarios, y de cómo ese proceso incontrovertido entre los operadores jurídicos durante muchos años ha pasado a cuestionarse prácticamente en todos sus aspectos, tanto por doctrina, juzgados, como por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea a raíz del estallido de la crisis económica. En este marco, tras analizar igualmente la actual complejidad por la que arrastra este proceso, se llega a conclusiones en torno a reformas que pudieran ser recomendables desde el convencimiento de que la ejecución hipotecaria se encuentra a la deriva, habiendo iniciado un camino sin retorno en el que a buen seguro se producirán cambios reseñables. Deben producirse porque lo exige sin paliativos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Palabras claves: ejecución hipotecaria, crisis del proceso, cláusulas abusivas y propuestas de reforma.

Además de la tutela que proporciona el sistema judicial como mecanismo para la resolución de conflictos de los derechos de los ciudadanos, existen otros métodos alternativos (Alternative Dispute Resolution) basados en la autonomía de la voluntad. Debido a su relevancia práctica, así como al impulso y al apoyo con que el legislador ha dotado a esta figura (tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, y su desarrollo mediante el Real Decreto 980/2013), este trabajo de investigación tiene por objeto analizar las principales ventajas de la mediación frente a los procedimientos judiciales en el ámbito de la tutela civil y mercantil. A estos efectos, se detallarán particularmente las características de ambos sistemas de resolución de conflictos para demostrar que la mediación puede ser un mecanismo coadyuvante para devolver eficacia y eficiencia a la tutela judicial efectiva. Nuestro sistema judicial necesita de otros mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, entre otros motivos, por la dilación en la resolución de litigios, el elevado número de revocaciones de resoluciones tras los recursos o las deficiencias en la ejecución de las resoluciones judiciales.

Palabras claves: mediación y métodos alternativos de resolución de conflictos.

Elaboración de un protocolo de mediación penal al objeto de iniciar los trámites para poder implantar esta figura y hacer realidad la derivación de procedimientos que se tramitan en los juzgados y tribunales a la vía de la mediación penal, para que puedan firmarse acuerdos de mediación penal ante los profesionales que estén habilitados para ejercer la mediación penal, para lo que se requiere ser mediador inscrito en el Registro del Ministerio de Justicia y haber realizado un curso de mediación penal.

Palabras claves: procedimiento penal, mediación y protocolo.

En el presente trabajo se proponen mejoras en la elaboración y desarrollo de las actas de inspección en el ámbito competencial de la autonomía de Cataluña de la Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y actividades recreativas.
Pese a la importancia de la actividad de inspección de la Administración, apenas existen en nuestro Derecho estudios globales sobre el tema y los tratadistas de Derecho administrativo entran de soslayo. A diferencia del ámbito tributario y laboral, la doctrina administrativista no ha dedicado mucho interés a los estudios de la función inspectora.
El acta es el elemento físico a través del cual se acreditan hechos, circunstancias, juicios o acuerdos y se redacta a iniciativa de la propia Administración. La función inspectora es genuinamente una función administrativa y que se encuadra en la definición de potestad. Nos encontramos ante una auténtica potestad administrativa, una actividad de comprobación e investigación dirigida al cumplimiento del ordenamiento vigente, es decir, la legalidad, el interés general y los bienes jurídicos.

Palabras claves: acta de inspección, Administración pública, cuerpos de inspección y funcionarios.

La Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014, Google Spain (C-131/12) ha supuesto un hito muy relevante en el sistema de protección de derechos fundamentales de la Unión Europea, dando origen al derecho al olvido, y abriendo un camino del que queda mucho por explorar.
Una de las cuestiones más controvertidas es determinar el alcance territorial del derecho al olvido, que está vinculado al alcance territorial de una sentencia que no tenemos derecho a olvidar.

Palabras claves: derecho al olvido, internet, Google, derecho de la UE.