Jurisprudencia

El conductor y su seguro serán indemnizados con 190.000 euros, que pagarán solidariamente el ejecutivo regional y el coto de caza, responsables de los terrenos a ambos lados de la carretera

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado las demandas presentadas por los dos ocupantes de una moto que en agosto de 2010 colisionaron con un jabalí que cruzó la carretera por la que circulaban, en la Reserva Regional de Saja.

• TS. Derecho penitenciario. Traslado de prisión. Procedimiento contencioso. Recurso de casación. Efecto útil.
• AN. Función pública. Selección de funcionarios interinos. Suspensión cautelar del llamamiento a funcionarios incursos en expediente disciplinario. Procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales. Nulidad de la medida.
• AN. Protección de datos. Derecho al olvido. Desindexación del buscador Google. La actividad del motor de búsqueda. Ley aplicable. Legitimación pasiva. Unidad de negocio. Libertades de expresión e información. Juicio de ponderación.
• TSJ. Reclamación del Colegio de abogados de Madrid de intereses por la demora en el pago de prestaciones de servicio de asistencia jurídica gratuita a la Comunidad de Madrid.
• TSJ. Se admite el recurso de la Universidad pública del País Vasco contra la sentencia que le obligó a colocar la bandera de España en sus instalaciones.

• TC. Para apreciar la reiteración, las faltas de hurto han de haber sido objeto de condena firme en otro proceso, o ser enjuiciadas y objeto de condena en el proceso en el que se plantee.
• AP. Atipicidad de la facilitación del acceso a canal televisivo codificado sin consentimiento del prestador de servicios pero sin ánimo de lucro
• TS. La ausencia del acto de incorporación al registro de la contabilidad social es conducta atípica.
• TS. Prescripción  de faltas incidentales a otro delito.
• TS. Delito de apropiación indebida y de administración desleal. Criterios de diferenciación.
• TS. El Tribunal Supremo condena el uso de la VISA de empresa para gastos particulares como apropiación indebida.
• TS. Compensación en la condena definitiva de las medidas cautelares impuestas previamente.
• TS. El Supremo agrava las condenas por tenencia y difusión de pornografía infantil en casos especialmente degradantes y vejatorios.

El alto tribunal establece que constituye delito cuando se realiza "con vocación de apropiación permanente", lo que se deduce de la naturaleza particular del gasto

El Tribunal Supremo destaca que "el más elemental sentido común impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos personales", aunque no exista limitación expresa por parte de quien haya autorizado su uso. Además, el alto tribunal establece que ese uso constituye delito de apropiación indebida cuando se realiza "con vocación de apropiación permanente", lo que se deduce de la naturaleza particular del gasto (en el caso examinado, el pago de la instalación de aire acondicionado en la casa del acusado) y de la inexistencia de gestión alguna para liquidar o devolver los fondos destinados a usos manifiestamente ajenos a los que corresponden en la práctica mercantil a una tarjeta de empresa, que son los destinados a gastos de representación u otros relacionados con la empresa.

Ello abre la puerta a condenar estas conductas agravadas con penas de hasta 9 años de cárcel.

El Tribunal Supremo considera aplicable a los distribuidores y poseedores de material relacionado con la pornografía infantil, y no sólo a los productores, las agravantes derivadas del carácter degradante o violento de las prácticas sexuales a que son sometidos los niños que aparecen en las imágenes.

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 22 de enero de 2015, representa un nuevo capítulo en lo que a la legitimación de los partidos políticos ante la jurisdicción contencioso-administrativa se refiere.

Realmente, los razonamientos jurídicos en los que se ampara el Tribunal a la hora de juzgar no son novedosos, aunque sí lo son, e incluso curiosos, los planteamientos de parte, que intenta abrir la puerta de la legitimación que cree le asiste como partido político para la impugnación directa de las normas, tal vez impulsado por los votos particulares de una sentencia anterior -STS, de 5 de marzo de 2014-, en que ese mismo partido recurría contra otras normas, que criticaban la falta de reconocimiento de su legitimación.

Recurrieron la resolución del Instituto Cántabro de Servicios Sociales que les declaró no preferentes para adoptar a menores oyentes y ahora la Audiencia les ha dado la razón

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº11 de Santander que estimó la demanda presentada por una pareja con sordera contra la resolución del Instituto Cántabro de Servicios Sociales que declaró su idoneidad para adoptar “con la limitación de que no será moción preferente para menores oyentes”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo notifica 18 sentencias, catorce de las cuales desestiman los recursos de Google, reconociendo el derecho de los particulares

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha notificado las primeras sentencias de un tribunal español en las que se aplica la doctrina europea sobre el llamado "derecho al olvido".

La Sección Primera de esta Sala ha notificado 18 sentencias, en 14 de las cuales se desestiman los recursos de Google, reconociendo el derecho de los particulares. En otras cuatro resoluciones, el tribunal estima los recursos del buscador frente a las pretensiones de los particulares.

El término «monaco» designa el origen o el destino geográficos de los productos y servicios de que se trata y carece de carácter distintivo

En 2010, el Gobierno del Principado de Mónaco obtuvo de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) un registro internacional que designa al territorio de la Unión Europea. Dicho registro, que tenía por objeto la marca denominativa MONACO, se transmitió para su tramitación a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

No obstante, el juez español debe tener la posibilidad de considerar abusiva la cláusula que imponga tales intereses y, en consecuencia, de dejarla sin aplicación

La Directiva 93/13/CEE¹ tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

La legislación española de protección de los consumidores² fue modificada a raíz de la sentencia Aziz del Tribunal de Justicia³. Desde entonces, cuando en un procedimiento de ejecución el juez aprecie el carácter abusivo de una o varias cláusulas, puede decidir que la ejecución es improcedente o bien ordenar la ejecución sin aplicar las cláusulas consideradas abusivas.