Jurisprudencia

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha anulado una resolución de la Subdelegación del Gobierno en Jaén por considerar que vulnera “el contenido esencial” del derecho de reunión. El Tribunal analiza por primera vez en esta sentencia si la finalidad del derecho a manifestarse puede llegar a agotarse y si ese supuesto agotamiento puede justificar la prohibición de una concentración ciudadana. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Ricardo Enríquez, otorga el amparo a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía.

El Tribunal General ha anulado el marco de vigilancia del Eurosistema publicado por el BCE, que impone a las entidades de contrapartida central la obligación de estar domiciliadas en la zona euro, al no disponer el BCE de la competencia necesaria para imponer dicha exigencia a las entidades de contrapartida central que intervienen en la compensación de valores financieros

El Eurosistema está formado por el Banco Central Europeo (BCE) y por los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que han adoptado el Euro como moneda común. El 5 de julio de 2011, el BCE publicó en su sitio de Internet el marco de la política de vigilancia del Eurosistema, describiendo el papel de este último en la supervisión de los «sistemas de pago, de compensación y de liquidación». Según el BCE, la vigilancia del conjunto de estos sistemas e infraestructuras resulta de la función que le confía el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) de promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago y del artículo 22 de los Estatutos del Eurosistema y del BCE que prevé que «el BCE podrá dictar reglamentos destinados a garantizar unos sistemas de compensación y liquidación eficientes y solventes dentro de la Unión, así como con otros países».

Conforme al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la normativa italiana, que no impone medidas preventivas ni reparadoras frente a los propietarios no responsables de la contaminación de sus terrenos, es compatible con el Derecho de la Unión.  Los Estados miembros tienen plena libertad para establecer únicamente la responsabilidad patrimonial de dichos propietarios cuando las autoridades adoptan esas medidas

Según la Directiva sobre responsabilidad medioambiental, la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, en principio, el operador de un paraje deberá sufragar los costes ocasionados por las acciones preventivas y reparadoras adoptadas en respuesta a la producción de daños medioambientales en el paraje. No obstante, no se exigirá al operador sufragar esos costes cuando pueda demostrar que los daños fueron causados por otra persona. Sin embargo, la Directiva permite a los Estados miembros adoptar normas nacionales más rigurosas en este ámbito.

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado un recurso de la Fundación Casa de Alba contra una resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de Archivos y Bibliotecas que deniega a la casa de subastas Christie’s, poner a la puja una carta enviada en 1498 por Cristóbal Colón a su hijo Diego y cuyo valor alcanza los 21 millones de euros.

La web tenía alojadas más de 17.000 ejemplares de publicaciones procedentes de varios países europeos

La Audiencia Nacional ha condenado a seis años de prisión para cada uno a los administradores de la página web de descargas ilegales www.youkioske.com David Gonzalez Hernández y a Raúl Antonio Luque Gutiérrez. En una sentencia, la Sección Segunda de la Sala Penal les condena a la pena de tres años por un delito agravado contra la propiedad intelectual y a otros tres años por un delito de promoción y constitución de una organización criminal. Además, les impone la inhabilitación durante cinco años para el ejercicio de las profesiones de administrador de servidores y páginas web y gestor de contenidos.

La Sala Primera ha reiterado la doctrina fijada recientemente en torno al denominado "mínimo vital" en los supuestos en los que existen dificultades económicas para el pago de las pensiones de los hijos

Según esta doctrina “lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir solo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante” correspondiendo a la Sala revisar si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad por la sentencia.

La Sala reitera su doctrina jurisprudencial en cuanto a la interpretación del artículo 853.2 del Código Civil, al incluir como causa de desheredación dentro del maltrato de obra, el maltrato psicológico

El recurso partía de la demanda de un hijo, desheredado en la herencia de su madre, contra su hermana, que fue instituida heredera universal en testamento, instando la nulidad de la desheredación. La respuesta fue distinta en la instancia, pues mientras el juez de primera instancia desestimó la demanda, la Audiencia Provincial la estimó parcialmente al entender que el daño psicológico no estaba incluido en el artículo 853.2 del Código Civil.

El fabricante del aparato defectuoso debe reembolsar los costes derivados de su sustitución cuando ésta sea necesaria para restablecer el nivel de seguridad al que una persona tiene legítimamente derecho

La Directiva sobre productos defectuosos ¹ establece que el productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos.

Una empresa comercializa en Alemania marcapasos y desfibriladores automáticos implantables. Los controles de calidad efectuados posteriormente por la empresa mostraron que dichos productos podían ser defectuosos y constituir un riesgo para la salud de los pacientes. Ante esta situación, el productor recomendó a los médicos que sustituyeran los marcapasos implantados a los pacientes por otros marcapasos facilitados gratuitamente. Paralelamente, el fabricante recomendó a los médicos que trataban a los pacientes que desactivaran un interruptor en los desfibriladores.

Aunque en virtud del Derecho de la Unión la persona obligada al pago del derecho de participación es en principio el vendedor, los Estados miembros tiene libertad para designar otra persona entre los profesionales a los que se refiere la Directiva 2001/84

Una Directiva de la Unión¹ define el derecho de participación como el derecho del autor de una obra de arte original a percibir un porcentaje sobre el precio de venta obtenido en cualquier reventa de esa obra tras la primera cesión. Ese derecho se aplica a todos los actos de reventa en los que participen, como vendedores, compradores o intermediarios, profesionales del mercado del arte tales como salas de ventas, galerías de arte y, en general, cualquier marchante de obras de arte.

• TS. En el contrato de arrendamiento de obra, el precio parcial debido antes  y después del concurso debe ser satisfecho con cargo a la masa.
• TS. Incidente en concurso de acreedores de reintegración.
• TS. Propiedad intelectual y la remuneración equitativa por actos de comunicación pública en salas de cine.
• TS. Defensa de la competencia. Estaciones de servicio. Suministro de combustible en exclusiva. Exención. Cambio de criterio jurisprudencial.
• TS. Concurso. Calificación. Culpable. El régimen de responsabilidad de los administradores sociales.
• TS. Sociedad anónima. Transmisibilidad de las acciones. Retracto. Opción de recompra excluida por el administrador en la oferta dirigida a los accionistas. Previsiones estatutarias.