Jurisprudencia

• La cesión de datos de una mercantil por requerimiento de la Agencia Tributaria no entra dentro del ámbito de la LOPD
• Condena al Estado por incumplir su obligación de tramitar las solicitudes de asilo
• La evaluación de las aportaciones presentadas para el sexenio de investigación depende de su contenido y no sólo del medio en que se publicaron
• Contratos públicos. Adjudicación y presentación de ofertas separadas por licitadores vinculados entre sí
• Desviación de poder. Habilitación de uso hotelero en un castillo cedido en propiedad por la AGE a una CCAA

• Resolución de contrato de compraventa de viviendas por retraso en la entrega. Naturaleza de las arras pactadas
• Caducidad de la reclamación de paternidad extramatrimonial e impugnación de la paternidad matrimonial de menor que reside en el extranjero. Ley aplicable
• Vulneración del derecho a la intimidad por revelar información relativa a la salud de una persona a través de twitter
• Denegación de la comunicación telefónica del padre con los hijos tras el abandono por este de las obligaciones derivadas de la patria potestad
  
• Pensión de alimentos: desde cuándo deben prestarse y limitación de los mismos
• Subrogación en el contrato de arrendamiento por muerte del inquilino y requisito de comunicar por escrito al arrendador el ejercicio del derecho

• Normativa nacional que establece requisitos procesales específicos para impugnar el carácter abusivo de cláusulas de préstamos bancarios
• Ejecución de un acuerdo de garantía financiera en la apertura de un procedimiento de insolvencia
• Los deberes de información y el error vicio del consentimiento en los contratos de inversión
• Conducta dolosa en la contratación por mandatario de un seguro de vida

Matización de doctrina jurisprudencial de la posibilidad de que el arrendador de una vivienda pueda oponerse a la subrogación en el contrato, cuando a pesar de  que no se le ha notificado por escrito, tenga conocimiento del fallecimiento de la arrendataria y de la voluntad del viudo de subrogarse (Sentencia 475 /2018, de 20 de julio, Recurso 2554/2015).

Conforme a la DT 2.ª LAU 1994, los contratos de arrendamiento de vivienda que se celebraron con anterioridad al 9 de mayo de 1985 y estuvieran subsistentes en el momento de la entrada en vigor de la LAU 1994, continuaron rigiéndose por las normas del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, salvo las modificaciones contenidas en la propia disposición transitoria; entre otras previsiones, la mencionada transitoria estableció que a la subrogación por causa de muerte a que se refería el art. 58 LAU 1964 sería de aplicación el procedimiento previsto en el art. 16.3 LAU 1994.

• Revisión de sentencia firme. El llamamiento a los interesados en los procesos de impugnación de resoluciones del Registro Civil
• Inviabilidad del sistema de custodia compartida al residir el padre en Pamplona y la madre en Tokyo
• No cabe considerar como cargas del matrimonio los pagos correspondientes al préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar
• La solicitud de una copia de la grabación de la vista no puede permitir la prórroga del plazo de interposición del recurso de apelación

• Principios relativos a la limitación del agotamiento del derecho conferido por la marca en el marco de la importación paralela de medicamentos
• Reclamación de prima de seguro asociado a un vuelo cancelado
• Imposibilidad legal de pago de la prima del seguro de personas suscrito por Metro de Madrid

• Utilizar nombres propios como criterio de búsqueda y localización de noticias en una hemeroteca digital puede vulnerar el “derecho al olvido”
• Derecho del expropiado a ser indemnizado en el caso de nulidad del expediente expropiatorio
• El deslinde no es imprescindible para que la Administración pueda ejercitar sus facultades sobre el Dominio público hidráulico
• Diferencia de trato a los profesores interinos en sus derechos retributivos
• Exigencia o no de la imposición de las costas en supuestos de terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal

• Delincuencia societaria ad intra en las sociedades mercantiles y la necesidad de programas de compliance
• Vulnerado el derecho al juez imparcial en su vertiente objetiva en el proceso penal
• Estado de necesidad en la ocupación de inmueble y requisitos para su apreciación
• Prevaricación administrativa si la autoridad o funcionario conociendo la arbitrariedad de la resolución la asume

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha destacado la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para prevenir la comisión de delitos de apropiación indebida y de administración desleal en el seno de las empresas (ad intra), y que sirvan para controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de las mismas.

El tribunal incide en la necesidad de establecer mecanismos de este tipo para evitar casos como el que se plantea en esta sentencia en la que se condena a 4 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal al exadministrador de la empresa Carbuastur por apoderase, sin el consentimiento de su socio italiano, de dinero en efectivo de la caja y realizar transferencias a su cuenta personal sin justificar su destino, además de otras irregularidades en la gestión, que ocasionaron un perjuicio de 2 millones de euros a esta empresa, que se dedicaba a la importación de carbón de Ucrania.

La sentencia de 28 de junio de 2018, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, destaca que “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abuso de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato.

• Delito de cohecho del artículo 419 CP y sus requisitos
• Participación en el delito de tráfico de drogas cuando la misma se encuentra en vivienda con varios moradores
• Planteamiento de cuestiones previas al juicio ante el tribunal del jurado
• Las víctimas de la violencia de género deben ser tratadas como testigos cualificados de las agresiones