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El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia sobre el calendario del Programa Nacional de Reformas para el segundo semestre, que incluye, como elementos fundamentales, la aprobación de veinte leyes que tienen como objetivo básico la reforma de las Administraciones Públicas, ganar en competitividad y mejorar la economía española para el crecimiento. La relación es la siguiente:

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, mediante un Real Decreto, el Reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de 4 de noviembre de 2003.

El Reglamento persigue impulsar la eficiencia del mercado y mejorar los mecanismos de protección al inversor y establece un nuevo régimen de recursos propios de las SGIIC, además de incorporar recomendaciones del Consejo de Estado.

En la Unión Europea existe desde 1985 un régimen armonizado para las instituciones de inversión colectiva (IIC, fondos de inversión…), dirigidas a inversores minoristas. El Reglamento que se aprueba hoy completa la transposición de las normas comunitarias.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha adelantado algunos de los temas que recogerá el nuevo Código Mercantil, cuyo anteproyecto está previsto que se presente en otoño. En su discurso, pronunciado durante la entrega del XV Premio de Estudios Jurídicos Universitarios Manuel Broseta, el ministro ha destacado la labor desarrollada por la Comisión General de Codificación desde finales de 2006 en la redacción de este texto legal que proporcionará mayor seguridad jurídica al aglutinar toda la legislación mercantil existente en una sola norma.

Extracto de la intervención del ministro:

"La necesidad de asegurar en el ámbito jurídico-privado la unidad de mercado prevista en el artículo 139 de la Constitución aconsejaba que la legislación mercantil aparezca claramente delimitada, como garantía de seguridad jurídica para todos los operadores económicos. Esa finalidad exigía la elaboración de un nuevo Código Mercantil que sustituya al Código de Comercio de 1885, totalmente superado ya en la realidad del ordenamiento, no solo por sus planteamientos decimonónicos, tan alejados de las exigencias del tráfico económico actual, sino también por la proliferación de leyes especiales que, desgajadas del vigente Código, dan lugar a una dispersión de la legislación mercantil de efectos muy negativos. Como detalle técnico, les adelanto que se trata de un texto flexible en su sistematización, al adoptar la numeración independiente de los libros, títulos y capítulos, siguiendo el modelo de la nueva codificación francesa. Esta numeración permite añadir o modificar artículos del texto legal sin tener que alterar la numeración del conjunto de los artículos."

Muchos consumidores y comerciantes no se deciden a comprar o vender en línea porque temen que en caso de tener problemas no puedan denunciarlo ante la justicia. La comisión de Mercado Interior aprobó dos informes el martes 10 de julio que ofrecen a los consumidores y a los comerciantes alternativas simples, rápidas y asequibles para denunciar controversias en línea sin necesidad de pasar por los tribunales.

El pasado martes 10 de julio la comisión parlamentaria de Mercado Interior aprobó dos informes sobre la propuesta de la Comisión Europea de crear una directiva que regule las controversias en asuntos comerciales, a petición del eurodiputado socialista maltés Louis Grech, y sobre la resolución de controversias en línea en los litigios de consumo, propuesta por la eurodiputada socialista polaca Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Mediante Resolución de 10 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, se publican en el BOE de hoy  las entidades que han comunicado su adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

 El artículo 5 del Real Decreto- Ley 6/2012, señala que las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Asimismo, dispone que en los primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la publicación del listado de entidades adheridas en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado».

Los compradores de productos financieros tendrían mejor información y mayor protección.

La crisis financiera lo demuestra: la UE necesita reforzar sus normas sobre venta de productos de inversión para garantizar que el consumidor reciba información más clara y consejos más adecuados.

Frente a unos productos cada vez más complejos y que hoy en día están al alcance del inversor ordinario, la normativa actual ha quedado obsoleta. Con sus propuestas, la Comisión quiere que las empresas pongan por delante los intereses de sus clientes.

Completar la información

La propuesta de documento informativo estándar obligaría a los asesores financieros a dar sobre cada producto de inversión una serie de datos básicos. Esto ayudaría al inversor:

• a contar con la información fundamental que le permita decidir con conocimiento de causa
• a comprender aun los productos de inversión más complejos
• a comparar los riesgos y costes de diferentes productos y así poder elegir el que más le convenga.

El Consejo Europeo del 29 de junio, después de 30 años de negociaciones, alcanzó un acuerdo sobre el futuro sistema de patente unitaria de la UE. La decisión, largamente esperada, allana el camino para establecer una protección de las empresas de la UE, especialmente las pequeñas y medianas, más barata, sencilla y eficaz mediante patente. Se favorecerá así el crecimiento y la actividad empresarial en Europa.

La sede de la División Central del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes se ubicará en París y tendrá dos secciones especializadas, una en Londres y otra en Múnich.
El Tribunal Unificado de Patentes tendrá competencia exclusiva respecto de las acciones judiciales referentes a la validez o violación de una patente unitaria europea.

• La Comisión propone que sólo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial tenga dedicación exclusiva.
• El Gobierno comenzará de forma inmediata las negociaciones con los grupos parlamentarios para buscar la fórmula de mayor consenso para la elección de vocales.
• El primer presupuesto del Consejo General del Poder Judicial partirá de cero.

El Consejo de Ministros del pasado viernes ha recibido del ministro de Justicia un informe basado en la propuesta remitida al Ministerio por la Comisión institucional de expertos creada el pasado 2 de marzo para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Consejo de la CNC ha dictado una Resolución en la que impone a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) una multa de 1.766.744 € al considerar acreditado que ha abusado de su posición dominante en un mercado relacionado con la gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Con fecha 25 de enero de 2010, tuvo entrada en la Dirección de Investigación de la CNC escrito de denuncia de tres restaurantes contra SGAE por un supuesto abuso de posición de dominio en la aplicación de sus tarifas para bailes de boda.

El Parlamento Europeo ha rechazado hoy el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA, en sus siglas en inglés). De este modo, el Acuerdo no tendrá validez jurídica en ningún país de la UE. Se trata de la primera vez que la Eurocámara hace uso de los nuevos poderes que le otorga el Tratado de Lisboa para rechazar un tratado de comercio internacional. 478 diputados votaron en contra de ACTA, 39 lo hicieron a favor y 165 se abstuvieron.

"Estoy muy satisfecho de que el Parlamento haya seguido mi recomendación de rechazar ACTA", ha declarado el ponente, David Martin (S&D, Reino Unido), tras el voto. Martin ha insistido en que el tratado es demasiado ambiguo y queda abierto a interpretación, por lo que podría afectar a las libertades civiles de los ciudadanos. Sin embargo, ha añadido que es necesario encontrar maneras alternativas de proteger los derechos de propiedad intelectual, que considera "la materia prima de la economía de la UE".