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El contenido esencial del que será el convenio para la creación de un fondo social de viviendas destinadas al alquiler ha sido acordado en diciembre 2012, lo que permitirá su puesta en marcha a partir del primer trimestre de 2013. El fondo se constituirá con unas 6.000 viviendas propiedad de las entidades financieras para las que se fijarán alquileres de baja cuantía.

Podrán acceder las personas que han sido desalojadas de su primera vivienda desde el pasado 1 de enero de 2008 por impago de la hipoteca y que se encuentren en situación especial de vulnerabilidad social.

El convenio cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), y la mayor parte de las entidades financieras. La firma está prevista para la tercera semana de enero.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en pleno jurisdiccional, ha fijado doctrina en materia de responsabilidad civil derivada de accidente de circulación en supuestos de daños personales causados por la colisión recíproca de vehículos.

En aplicación del régimen de responsabilidad objetiva que rige en esta materia (artículo 1.1 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la conducción de vehículos a motor) ha resuelto estimar el recurso de casación interpuesto por el conductor demandante, que reclamó por sus lesiones frente a la aseguradora del contrario, y revocar el pronunciamiento absolutorio de la instancia, con reposición de actuaciones para que se dicte sentencia condenatoria en la que se concrete y cuantifique la indemnización pertinente con arreglo al criterio de que, a falta de prueba de la participación causal de cada uno, cada conductor debe responder íntegramente (al 100%) del daño ocasionado al contrario.

La controversia objeto de casación presentaba una doble dimensión. De una parte, se suscitaba la cuestión de si, en supuestos de colisión mutua (en este caso, choque frontal, sin que resultase posible conocer qué vehículo fue el que invadió el carril contrario) cabe entender que los comportamientos de ambos conductores se anulan o compensan, de manera que ninguno tenga derecho a indemnización, o si, por el contrario, habida cuenta del régimen de responsabilidad objetiva que rige en esta materia, fundada, no en criterios subjetivos de culpa, sino en el riesgo creado por la conducción, la solución nunca puede ser la que adoptó la Audiencia Provincial de Vizcaya de no indemnizar a ninguno por sus daños, sino la de entender que cada conductor (en este caso, el demandado), debe responder frente al otro por el riesgo por él causado.

El Consejo de Ministros, ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que garantizará la representación de toda la carrera judicial en el órgano de gobierno de los jueces, al facilitar la elección de jueces y magistrados en activo que no pertenezcan a una asociación judicial.

Con esta reforma se pretende la agilización del Consejo, tanto a la hora de ser renovado, como en su funcionamiento y en su estructura, lo que se traducirá, además, en un menor coste económico. Para elaborar el Anteproyecto se han tenido en cuenta las conversaciones mantenidas estos últimos meses con el PSOE con el fin de sumar a esta reforma al mayor número de grupos parlamentarios durante su tramitación en las Cortes y evitar, así, que instituciones fundamentales de nuestro Estado de Derecho sean modificadas en cada cambio de Gobierno.

El texto fija que sean las Cortes quienes elijan por mayoría de tres quintos a los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial: el Congreso designará a cuatro juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional y a otros seis correspondientes al turno judicial, y el Senado a otros tantos, en ambos apartados.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el pasado 3 de diciembre, los jueces de Primera Instancia del partido judicial de Valencia acordaron, reunidos en Junta de Jueces lo siguiente:

Conforme a la Directiva 93/13/CEE y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia de protección del consumidor, teniendo en cuenta las recientes resoluciones de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo en la materia, y sin perjuicio de las circunstancias que concurran en el caso concreto, en los procesos monitorios, en los procesos declarativos, así como en los de ejecución hipotecaria y de títulos extrajudiciales, se procederá, incluso de oficio y en cualquier momento del proceso, siempre que concurran suficientes elementos de juicio, a la anulación de las cláusulas abusivas que lesionen los derechos de los consumidores, sin perjuicio del derecho de las partes a hacer valer sus pretensiones respecto a las mismas a través de las vías legales oportunas. Es decir, en todos los procedimientos que afecten a bienes o servicios.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real Decreto 1657/2012, que ya se ha publicado en el BOE, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con el cual se realiza el desarrollo reglamentario previsto en la disposición adicional décima del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre de 2011, por el que se suprimía el denominado 'canon digital' y se cumple con la obligación que imponen la normativa comunitaria y española de establecer una regulación para abonar la compensación por copia privada a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

La decisión de suprimir el "canon digital" estaba motivada fundamentalmente por dos aspectos: por un lado, cumplir con las sentencias del Tribunal Superior de la Unión Europea y de la Audiencia Nacional, como la Sentencia Padawan de 2010, que exigían un mayor esfuerzo a los Estados Miembros de la Unión Europea por tener en cuenta en este pago que los dispositivos y soportes digitales no siempre son utilizados para realizar copias privadas; por otro, aportar una mayor competencia a la Administración General del Estado en cuanto al control de las cantidades recaudadas por las entidades de gestión de derechos de autor por este concepto.

El procedimiento para la recepción de los fondos para la recapitalización del sector financiero culmina el 3 de diciembre con la solicitud formal de los 36.968 millones de euros para las cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia), así como los 2.500 millones de euros destinados a la aportación del FROB a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria).

Se prevé que la recepción de estos fondos por parte española desde el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se producirá en torno al próximo 12 de diciembre.

Esta parte final del proceso arrancó el pasado miércoles 28 de noviembre cuando la Comisión Europea aprobó los planes de reestructuración de las entidades financieras del denominado Grupo1 (las nacionalizadas). Las medidas permiten la inyección de 17.960 millones de euros en BFA-Bankia; 9.080 millones en Catalunya Banc, 5.425 millones en NCG Banco y 4.500 millones en Banco de Valencia. La transferencia se va a producir mediante cinco series de instrumentos de deuda canjeables por efectivo a vencimiento.

El Ministerio de Justicia garantiza que la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública cuando se apruebe el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros en el que trabaja para descongestionar los juzgados y tribunales. Esta reforma para unificar todos los Registros incluye también el objetivo de desjudicializar el Civil previsto en la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil, aprobada por el anterior Gobierno, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2014, y que tras el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, se prorroga hasta el 15 de julio de 2015.

En el texto en el que está trabajando el Ministerio figura que el Registro Civil quedará en manos de los registradores, que son funcionarios públicos del Estado y que verán de esta forma aumentadas sus funciones tradicionales, pero sin percibir una contraprestación económica por ello. De hecho, el texto prevé que los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos. Actualmente, estas gestiones suponen aproximadamente el 60% de las realizadas en el Registro Civil y otro 20% corresponde a trámites de nacionalidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, el nuevo Reglamento sobre obligaciones de facturación. El fin de este Real Decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, es transponer una directiva comunitaria de 2010 sobre normas de facturación. Con ello se reducirán las cargas administrativas y se facilitarán las transacciones económicas además de contribuir a la seguridad jurídica de los agentes económicos, sobre todo, en los casos de operaciones intracomunitarias.

La norma regula un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la completa u ordinaria y la simplificada. Las facturas simplificadas podrán expedirse cuando su importe no exceda de cuatrocientos euros, IVA incluido, o se trate de facturas rectificativas. También podrá aplicarse cuando su importe no exceda de tres mil euros, IVA incluido, y se trate de supuestos en los que se ha autorizado la expedición de tiques en sustitución de facturas.

Hoy, 27 de noviembre de 2012, se ha publicado en la página web del AEAT el Proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.

Puede consultar el texto del proyecto así como modelos 696 y 695 accediendo a los siguientes enlaces:

• Texto del proyecto
• Modelo 696 
• Modelo 695 

Fuente: AEAT (27/11/2012)

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha enumerado el pasado martes 27 de noviembre, en la Asamblea General de Cámaras de Comercio, los procesos en los que podrá aplicarse la Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, publicada en el BOE el pasado 7 de julio, con la que se prevé que la resolución de los conflictos no se demore más de un mes frente a los varios años que suele suponer un proceso judicial.

Esta Ley está a punto de echar a rodar mediante la promulgación de dos reales decretos que crearán el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, fijarán la formación específica que necesitarán estos operadores y establecerán la mediación a través de medios electrónicos.