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El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real Decreto 1657/2012, que ya se ha publicado en el BOE, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con el cual se realiza el desarrollo reglamentario previsto en la disposición adicional décima del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre de 2011, por el que se suprimía el denominado 'canon digital' y se cumple con la obligación que imponen la normativa comunitaria y española de establecer una regulación para abonar la compensación por copia privada a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

La decisión de suprimir el "canon digital" estaba motivada fundamentalmente por dos aspectos: por un lado, cumplir con las sentencias del Tribunal Superior de la Unión Europea y de la Audiencia Nacional, como la Sentencia Padawan de 2010, que exigían un mayor esfuerzo a los Estados Miembros de la Unión Europea por tener en cuenta en este pago que los dispositivos y soportes digitales no siempre son utilizados para realizar copias privadas; por otro, aportar una mayor competencia a la Administración General del Estado en cuanto al control de las cantidades recaudadas por las entidades de gestión de derechos de autor por este concepto.

El procedimiento para la recepción de los fondos para la recapitalización del sector financiero culmina el 3 de diciembre con la solicitud formal de los 36.968 millones de euros para las cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia), así como los 2.500 millones de euros destinados a la aportación del FROB a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria).

Se prevé que la recepción de estos fondos por parte española desde el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se producirá en torno al próximo 12 de diciembre.

Esta parte final del proceso arrancó el pasado miércoles 28 de noviembre cuando la Comisión Europea aprobó los planes de reestructuración de las entidades financieras del denominado Grupo1 (las nacionalizadas). Las medidas permiten la inyección de 17.960 millones de euros en BFA-Bankia; 9.080 millones en Catalunya Banc, 5.425 millones en NCG Banco y 4.500 millones en Banco de Valencia. La transferencia se va a producir mediante cinco series de instrumentos de deuda canjeables por efectivo a vencimiento.

El Ministerio de Justicia garantiza que la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública cuando se apruebe el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros en el que trabaja para descongestionar los juzgados y tribunales. Esta reforma para unificar todos los Registros incluye también el objetivo de desjudicializar el Civil previsto en la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil, aprobada por el anterior Gobierno, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2014, y que tras el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, se prorroga hasta el 15 de julio de 2015.

En el texto en el que está trabajando el Ministerio figura que el Registro Civil quedará en manos de los registradores, que son funcionarios públicos del Estado y que verán de esta forma aumentadas sus funciones tradicionales, pero sin percibir una contraprestación económica por ello. De hecho, el texto prevé que los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos. Actualmente, estas gestiones suponen aproximadamente el 60% de las realizadas en el Registro Civil y otro 20% corresponde a trámites de nacionalidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, el nuevo Reglamento sobre obligaciones de facturación. El fin de este Real Decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, es transponer una directiva comunitaria de 2010 sobre normas de facturación. Con ello se reducirán las cargas administrativas y se facilitarán las transacciones económicas además de contribuir a la seguridad jurídica de los agentes económicos, sobre todo, en los casos de operaciones intracomunitarias.

La norma regula un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la completa u ordinaria y la simplificada. Las facturas simplificadas podrán expedirse cuando su importe no exceda de cuatrocientos euros, IVA incluido, o se trate de facturas rectificativas. También podrá aplicarse cuando su importe no exceda de tres mil euros, IVA incluido, y se trate de supuestos en los que se ha autorizado la expedición de tiques en sustitución de facturas.

Hoy, 27 de noviembre de 2012, se ha publicado en la página web del AEAT el Proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.

Puede consultar el texto del proyecto así como modelos 696 y 695 accediendo a los siguientes enlaces:

• Texto del proyecto
• Modelo 696 
• Modelo 695 

Fuente: AEAT (27/11/2012)

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha enumerado el pasado martes 27 de noviembre, en la Asamblea General de Cámaras de Comercio, los procesos en los que podrá aplicarse la Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, publicada en el BOE el pasado 7 de julio, con la que se prevé que la resolución de los conflictos no se demore más de un mes frente a los varios años que suele suponer un proceso judicial.

Esta Ley está a punto de echar a rodar mediante la promulgación de dos reales decretos que crearán el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, fijarán la formación específica que necesitarán estos operadores y establecerán la mediación a través de medios electrónicos.

Interesante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resuelve una de las muchas dudas existentes, con respecto al derecho de los consumidores a ser indemnizados en los casos de perdida de equipaje en el transporte aéreo, y su alcance en caso de que el equipaje sea facturado por una persona, pero en su interior hubiese objetos de otra/s personas.

Los antecedentes, que en la practica son muy habituales, son los siguientes: El equipaje de una familia compuesta por cuatro personas se repartió en dos maletas. Éstas se extraviaron con ocasión del vuelo y no fueron recuperadas. Por esa causa los cuatro pasajeros reclaman a Iberia, en virtud del artículo 22, apartado 2, del Convenio de Montreal, una indemnización por importe de 4.400 euros, correspondientes a 4.000 derechos especiales de giro (en lo sucesivo, «DEG»); esto es, 1.000 DEG por cada pasajero.

Con ocasión de la entrada en vigor la semana pasada de la Ley 10/2012 (Regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) y de la Instrucción 5/2012 de la Secretaría de Estado de la Administración de Justicia, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha desplegado una intensa actividad sindical en diversos frentes, dado el papel que los Secretarios Judiciales desempeñan en su aplicación así como el compromiso social de su organización.

El mismo día de la Instrucción, el SISEJ se puso en contacto con el Secretario General de la Administración de Justicia al que expresó su malestar y perspectiva crítica tanto con la Ley como con la Instrucción, además de transmitirle directamente su petición escrita de que la Ley no tenga efectos retroactivos. Según el propio SISEJ afirma, el Secretario General y autor de la Instrucción 5/2012, Joaquín Silguero, aseguró a su portavoz que la exigencia de las tasas no tendrá efecto retroactivo. 

La Secretaría de Estado de la Administración de Justicia ha publicado la Instrucción 5/2012, de 21 de noviembre, al objeto de cubrir las vicisitudes que puedan tener lugar desde la entrada en vigor, el 22 de noviembre, de la Ley 10/2012 (Regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) hasta que se apruebe la Orden que regule su procedimiento y, en concreto, el necesario modelo de autoliquidación de la tasa, disponiendo que “los Secretarios Judiciales de todo el territorio nacional no exigirán, en ningún caso, la presentación del justificante de autoliquidación de la tasa para dar curso a los escritos procesales que se presenten”.

En el mismo sentido que la Asociación Española de Banca (AEB), la CECA emite una nota de prensa con el siguiente contenido:

Las entidades financieras asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) han decidido suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades.