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El Ministerio de Economía y Competitividad y el Banco de España han recibido dos informes individuales de los dos evaluadores independientes, Roland Berger y Oliver Wyman, sobre el sector financiero español. Las pruebas dan como resultado unas necesidades de recapitalización de entre 16.000 y 26.000 millones de euros en el escenario base de los ejercicios de estrés, y de entre 51.000 y 62.000 millones de euros en el escenario adverso. El análisis ha sido realizado sobre 14 grupos bancarios, el 90% del sector, y aunque el ejercicio no permite realizar estimaciones previas de las necesidades de capital de cada entidad, cabe anticipar que los tres grandes del sector cumplen los requisitos de capital incluso ante un hipotético empeoramiento severo de la economía española. Las mayores deficiencias se centran en las entidades participadas mayoritariamente por el FROB. El resto de entidades podrían asumir sus necesidades de capital por sí mismas o con un moderado nivel de ayuda pública.

Antes de la crisis era habitual que las agencias de calificación crediticia actuasen como "animadores" económicos, dando calificaciones altas a instrumentos financieros complejos que después quedaron en papel mojado, causando grandes pérdidas a las instituciones financieras. Muchas de ellas tuvieron que ser rescatadas. La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo votó ayer nuevas normas para que las agencias sean responsables de los daños que causaron, y que aumente la competencia en el sector.

Hemos hablado con el eurodiputado socialista italiano Leonardo Domenici, que ha redactado un proyecto de informe sobre el nuevo reglamento de las agencias de calificación crediticia.

Antes del comienzo de la crisis, las agencias de calificación crediticia valoraban instrumentos financieros complejos como inversiones seguras, pero con el tiempo se ha demostrado que, en realidad, eran acciones prácticamente sin valor. Y a pesar de ello, los inversores no han podido reclamar los daños causados, una situación que para Domenici debe cambiar. "Las agencias de calificación crediticia deben ser objeto de responsabilidad civil por sus calificaciones", subraya, añadiendo que la normativa que regule las agencias de calificación debería ser la del país en el que los inversores residieron cuando se produjo el problema.

• Mejorará la competitividad y la eficiencia del sector del transporte por carretera con una reforma normativa.
• Se incrementa la flexibilidad a las empresas para poder operar en el mercado, se reducen cargas administrativas, se lucha contra el intrusismo y se adapta la Ley a la normativa comunitaria.
• Se incrementa la transparencia para los usuarios de las líneas regulares de viajeros por autobús, gestionadas mediante concesiones, ya que podrán conocer en todo momento las condiciones (paradas, horarios, etcétera) y tarifas del servicio que van a utilizar.

El Consejo de Ministros del pasado viernes ha recibido un informe de la ministra de Fomento sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y con el que se pretende mejorar la competitividad y eficiencia del sector y racionalizar la red de servicios públicos del transporte de viajeros.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital (procedente del Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo).

La Ley que quedó definitivamente aprobada tiene como principal novedad la de permitir de nuevo a las compañías cotizadas introducir blindajes en sus estatutos, es decir, deja a las sociedades libertad para limitar el derecho de voto de los accionistas (de manera que puedan impedir que un accionista con un porcentaje relevante pueda controlar por si sólo la sociedad), con la excepción de los casos en los que se haya alcanzado un 70% o más de capital tras lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que encargará a la Comisión de Codificación una modificación del Código Civil, que debe estar lista en seis meses, para que su artículo 92 deje de contemplar el carácter excepcional de la custodia compartida de menores en los casos de separaciones y divorcios.

De esta forma serán los jueces, a la vista de las circunstancias de cada caso concreto, quienes determinen cuál es “el modo más eficaz de satisfacer la necesidad del menor de disponer de la presencia de sus progenitores”. Es decir, los magistrados deberán decidir si procede una custodia alternada entre los progenitores o una monoparental, así como el periodo que deben permanecer cada uno de ellos con el menor, siempre según lo que aconseje el interés del niño. Actualmente, la custodia compartida se concede exclusivamente si las dos partes están de acuerdo o, en el caso de que la solicite solo una de ellas, si cuenta con el informe favorable del fiscal.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por 319 votos a favor y 10 abstenciones, una Proposición no de Ley impulsada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) y consensuada con los Grupos Socialista, Popular y del PNV sobre la revisión de las indemnizaciones, pensiones o cláusulas de blindaje con beneficios para discrecionales para directivos de entidades financieras que hayan recibido ayudas del Estado.

El texto acordado insta al Gobierno a revisar la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos, aunque ya hayan sido devengadas, de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del Estado a través del FROB (extendiéndose a cualquier tipo de participación sea mayoritaria o no), al objeto de impedir su materialización.

 La Dirección de Investigación de la CNC tuvo conocimiento, a través del “Expediente informativo para analizar las causas que están provocando los retrasos surgidos para contratar el suministro con un comercializador libre” que la CNE le remitió el 30 de julio de 2010, de que ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. habría transformado la situación contractual de determinados clientes sin derecho a acogerse a la tarifa de último recurso (en adelante, TUR), sujetos transitoriamente a la aplicación de un precio regulado en virtud del artículo 3.2 del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.

La Dirección de Investigación de la CNC acordó la incoación de expediente sancionador (S/0304/10 Endesa) contra ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. por una posible vulneración del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, por transformar, sin recabar previamente el consentimiento expreso, la situación contractual de determinados clientes sin derecho a acogerse a la tarifa de último recurso, aplicándoles unas condiciones contractuales para el suministro de electricidad diferentes a las que corresponderían transitoriamente según el artículo 3.2 del RD 485/2009.

El sábado 9 de junio de 2012 el Gobierno de España ha anunciado su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de sus entidades bancarias más débiles.

El Eurogrupo ha afirmado su voluntad de responder favorablemente a esa petición con un préstamo lo suficientemente amplio como para cubrir las necesidades de capital estimadas, con un importante margen adicional, por un importe de hasta 100.000 millones de euros, que será aportado por FEEF/MEDE. En línea con las conclusiones recogidas en su “Financial System Stability Assessment” sobre España, recientemente publicado, el FMI celebra el compromiso de Europa y España y ha señalado que está dispuesto a apoyar la implementación y a realizar el seguimiento de esta asistencia financiera.

• El análisis se realizará sobre el conjunto de la cartera crediticia, sobre su clasificación y de forma individualizada
• Se medirá la resistencia del sector ante un escenario económico muy adverso

El Gobierno ha puesto en marcha un ejercicio de transparencia, adicional a otras iniciativas que se han llevado a cabo, consistente en la realización de dos análisis privados independientes de valoración de las carteras crediticias en España de los 14 principales grupos bancarios (una vez considerados los procesos de integración actualmente en marcha), que representan en torno al 90% del sistema financiero. Estos ejercicios analizarán, por una parte, la resistencia del sistema a un fuerte deterioro adicional de la coyuntura económica (1ª Etapa) y, por otra, los sistemas internos de las entidades para clasificar, provisionar y medir los riesgos de sus carteras (2ª Etapa). Ambos ejercicios están interrelacionados y se llevan a cabo bajo la coordinación del Banco de España.

En muchos países europeos uno de los principales detonantes de la crisis económica fue el mercado inmobiliario, alimentado por el crédito barato. Pero la responsabilidad no es sólo de los banqueros; los prestatarios también actuaron de manera irresponsable pidiendo hipotecas que después no han podido pagar. Por este motivo, los eurodiputados están presionando al sector financiero para que asesore a los prestatarios sobre los riesgos de los créditos, y que estos sean más sólidos y transparentes.

La comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios votó el jueves 7 de junio un informe sobre los préstamos hipotecarios, redactado por el eurodiputado socialista español Antolín Sánchez Presedo.

Entre otros aspectos, este documento propone que se desarrolle un sistema para una evaluación más eficiente de la capacidad crediticia de los prestatarios, de forma que se les conceda sólo a aquellos que puedan pagar el préstamo.