El CGPJ elaborará un Plan de Transparencia y Austeridad

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el 31 de Mayo, por unanimidad, un documento que recoge las bases para la elaboración de un Plan de Austeridad y Trasparencia que prevenga la repetición de acontecimientos como los vividos en estas fechas, que han supuesto un menoscabo para la imagen de la institución, del Tribunal Supremo y del Poder Judicial en su conjunto.

El documento es consecuencia de la preocupación de los miembros del Consejo General ante la grave crisis económica que sacude la economía española, que impone la máxima exigencia de ejemplaridad en la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos.

Con ese fin, el Pleno ha acordado pedir a las comisiones de Estudios e Informes y de Presupuestos que, en el próximo pleno de la institución, convocado para el 28 de junio, presente una propuesta para actualizar las normas sobre liquidación de comisiones de servicio con derecho a indemnización y gastos de protocolo o de representación con cargo a los Presupuestos del Consejo General del Poder Judicial, normas que fueron aprobadas por la Comisión Presupuestaria de 14 de diciembre de 1999 como desarrollo del acuerdo aprobado el Pleno de la institución en 1996.

Esa actualización deberá incorporar, en los formularios de pago por gastos que afecten al presidente, a los vocales y al secretario general, la actividad concreta realizada relacionada con el cargo y las funciones que justifica el abono de los costes.

Asimismo, esos formularios deberán incluir una descripción del motivo del gasto que sirva de justificación y una referencia al cargo o cargos de la persona o personas que originan el gasto protocolario asumido por cuenta del Consejo General del Poder Judicial. Y ello con la única excepción de las reuniones o eventos reservados, en los que, no obstante, habrá de darse información que permita excluir la naturaleza privada y no oficial de la actividad.

El Plan de Austeridad y Transparencia deberá también regular la difusión trimestral a través de la web del Consejo General del Poder Judicial del estado de la ejecución presupuestaria, clasificada por programas, capítulos y, en su caso, conceptos principales.

TEXTO APROBADO

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial es consciente del menoscabo que para la imagen de la Institución, del Tribunal Supremo y del Poder Judicial en su conjunto ha supuesto la polémica últimamente desatada.

Consecuencia de ello ha sido el surgimiento de un clima de recelo y desconfianza hacia la gestión y el uso de los recursos públicos que el Estado pone a disposición del órgano de gobierno de los jueces, situación que ha podido afectar incluso a la percepción que los ciudadanos tienen de la por otra parte encomiable labor que realiza cada día la judicatura española.

El Consejo General del Poder Judicial es consciente de la grave crisis económica que sacude la economía española, lo que impone la máxima exigencia de ejemplaridad en la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos.

Por ese motivo, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado la elaboración de un “Plan de trasparencia y austeridad” que evite la repetición de acontecimientos como los vividos en estas fechas en consideración a los principios siguientes:

Sometimiento de la actividad económica financiera del CGPJ a los principios de legalidad, de eficiencia y de economía.

La actividad económica financiera del CGPJ, como órgano constitucional, ha estado sometida, desde su creación y en todo momento, además de a los naturales controles de gestión de cualquier órgano del Estado y de control interno por parte de la Intervención, al control del Tribunal de Cuentas, como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la actividad económica del Estado. La Intervención en el Consejo, como órgano de control interno, lleva a cabo la fiscalización previa del cien por cien de los actos, documentos y expedientes susceptibles de producir obligaciones o derechos de contenido económico. Las normas generales de contratación y económico financieras del Estado rigen en el Consejo en lo que sean de aplicación y se cumplen rigurosamente. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado favorablemente todas las cuentas de liquidación de sus presupuestos, integradas en las Generales del Estado, desde su creación.

El Presupuesto del CGPJ: política de austeridad.

El CGPJ aprueba anualmente su presupuesto, como órgano constitucional, para su inclusión en los Generales del Estado, en una sección independiente, antes de ser aprobados por el Parlamento, a propuesta del actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Todo ello según la LOPJ y la legislación general presupuestaria del Estado a la que el Consejo está sometido. Para el ejercicio del control de legalidad en la ejecución del presupuesto se contempla el ejercicio de la función interventora en la modalidad de fiscalización previa.

El Consejo inició, en 2010, una reducción de sus presupuestos para 2011 en coherencia con el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que impone, con indiscutible claridad, un objetivo de reducción de gasto. En consonancia con el Real Decreto se redujeron las retribuciones de los miembros del Pleno en un 10%.El Consejo fijó una disminución global, para el ejercicio presupuestario de 2011, del 4,98% en relación con las cifras de 2010. Dicha disminución no pudo ser mayor debido, entre otras circunstancias, al importante crecimiento del número de jueces en prácticas que iban a depender de la Escuela judicial en 2011, en línea con la tendencia iniciada en 2008. Ello ha supuesto un aumento del 64% de los jueces y magistrados que han sido nombrados en el periodo Septiembre 2008 a Mayo de 2012, en relación con el de Noviembre de 2001 a Agosto de 2008.Sus retribuciones son abonadas por el Consejo hasta que toman posesión como jueces. El conjunto de las reducciones presupuestarias se han adoptado sin menoscabo de sus funciones y manteniendo el cumplimiento de los objetivos que la Constitución y la LOPJ marca al Consejo.

En Enero de 2011 el Pleno del Consejo fijó unos criterios de ejecución de su presupuesto para ese ejercicio que establecía la no disponibilidad del 5% de las cantidades aprobadas. Desde entonces se lleva a cabo un seguimiento especial de la tasa de gasto global producida de la que se informa puntualmente al Pleno.

El plan de austeridad de ejecución del presupuesto del Consejo, ha dado sus frutos superándose notablemente la no disponibilidad del 5% mencionado. A título de ejemplo se alcanzó un ahorro en el Presupuesto del Consejo de 2011 del 21,09% (no ejecución). Ello tiene relación directa con las exigentes medidas de contención del gasto aprobadas por el Consejo, que no han impedido el cumplimiento de la totalidad de sus compromisos constitucionales, legales y reglamentarios. Y ello, entre otras, por la adopción de las siguientes medidas:

• Racionalización de las actividades formativas presenciales de la carrera judicial y sustitución progresiva de encuentros y actividades de formación o de colaboración que se desarrollen en otros países, fomentándose la utilización de los medios tecnológicos, mediante fórmulas de intervención a distancia.
• Reducción de los servicios y de los suministros habituales con que cuenta el Consejo de forma progresiva, mediante contratación pública, que han supuesto una reducción por bajas de adjudicación del 16,94% en 2011.
• Revisión y unificación de convenios de formación y colaboración suscritos con organismos y entidades ajenas al Consejo.
• Redefinición de las condiciones de celebración de las actividades externas tales como asistencia a cursos, presencia indispensable en actividades y visitas, redefiniendo las condiciones y gastos de desplazamientos. Esta medida ha supuesto una importante reducción de los gastos de viaje, imprescindibles para el cumplimiento de sus obligaciones legales (formación inicial y continua de toda la carrera judicial-5000 jueces y magistrados-, inspección de los Tribunales, compromisos judiciales internacionales, viajes de inspección de territorios judiciales de las Vocalías) que desde 2008 se han reducido casi un 30%, (19% de 2010 a 2011).
• Limitación, y progresiva reducción, del personal al servicio del Consejo en todos sus niveles que incluye la decisión de no anunciar a concurso público por el total de las bajas generadas por el personal, ya sea debido a jubilación por cumplimiento de edad, fallecimiento, excedencia voluntaria o cese para prestar servicios en otras Administraciones. Así mismo se ha avanzado en la reducción de los gastos de desplazamiento de los vocales, sin prejuicio de que deba intensificarse la austeridad en esta materia.

El Consejo, a la hora de elaborar su presupuesto para 2012, ha continuado en la senda de reducción de sus gastos, minorando el de 2012, sobre el de 2011, en un 3,86%, por lo que el acumulado, desde 2010 a 2012, es de un 8,84%. En este sentido volvemos a las cifras, en términos presupuestarios, que manejaba el Consejo con anterioridad al año 2008.

El Consejo, pese a no verse afectado por el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, aprobado por el Consejo de Ministros, en su reunión de 30 de diciembre de 2011, ha establecido, como criterio para iniciar el ejercicio presupuestario 2012, el mantenimiento de la no disponibilidad de un 5% del Presupuesto prorrogado, que además, se ha consolidado en el presupuesto de 2012, pendiente de aprobación por el Parlamento. Y todo ello, a pesar del importante crecimiento del número de jueces en prácticas que dependen de la Escuela Judicial también durante el año 2012.La disminución del presupuesto de 2012, en relación con la de 2011, no ha podido ser mayor debido al importante crecimiento del número de jueces en prácticas que dependerán de la Escuela Judicial en 2012, de determinados compromisos adquiridos por el Consejo para la Carrera Judicial: conectividad de su ordenadores, seguro de responsabilidad civil, plan de prevención de riesgos y revisiones médicas y de las importantes mejoras en el punto neutro judicial, la red de comunicaciones que enlaza a todas las Comunidades Autónomas y a todos los organismos públicos y privados que participan en la gestión procesal, creando un espacio privado judicial de intercambio seguro de datos.

Cuando el Consejo inicia en estos momentos la elaboración de su presupuesto para 2013 ha dado instrucciones precisas a todas las vocalías, comisiones y órganos técnicos de que se mantenga la utilización de prácticas austeras que conduzcan a una nueva minoración extraordinaria de un 5% del presupuesto de 2013 en relación al definitivo de 2012, pendiente de aprobación en las Cortes. De esta forma el Consejo se sitúa en cifras presupuestarias anteriores al 2007.

Nuevas políticas de austeridad: el plan de trasparencia

El Consejo desde su creación ha estado y está sometido en cuanto a su programación y ejecución, a los criterios de eficiencia y economía que marca nuestra Constitución para el gasto público y a la aplicación rigurosa de los controles de legalidad, tanto internos como externos. Ello no es obstáculo para elaborar un “Plan de trasparencia y de austeridad” de la Institución que extreme el cuidado en la gestión de los recursos públicos escasos. De esta forma se refuerza la trasparencia de la actividad pública del Consejo, se garantiza el derecho a la información relativa a aquella actividad y se establecen las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir y cumplen los responsables del Consejo. Este “Plan de trasparencia y austeridad, que se encomienda a las Comisiones de Estudios e Informes y Presupuestaria del Consejo y que deberá presentar al Pleno para su debate y aprobación, en su próxima reunión programada para el 28 de Junio, deberá incluir, entre otros:

• La actualización de las normas sobre la liquidación de comisiones de servicio con derecho a indemnización y gastos de protocolo o representativo con cargo al Presupuesto del CGPJ aprobadas por la Comisión Presupuestaria de 14 de Diciembre de 1999, (en desarrollo de las del Pleno de 1996) que afectan al Presidente, Vocales y al Secretario General, en el sentido siguiente:
  
  
  • Incorporar en los formularios de indemnizaciones por razón del servicio la actividad concreta, relacionada con el cargo y las funciones, que justifican el viaje del Presidente, Vocales y el Secretario General.
  • Incorporar, en los formularios de gastos de protocolo o representativo, una descripción del motivo del gasto que sirva de justificación, y una referencia al cargo o cargos de la persona o personas que lo originan (miembro o alto cargo del gobierno, parlamentario, autoridad judicial de organismos constitucional o similar) que lleven a cabo el Presidente, los Vocales y el Secretario que se realicen por cuenta del CGPJ. Y ello con la única excepción de las reuniones o eventos reservados, en los que, no obstante, habrá de darse información, que permita excluir la naturaleza privada y no oficial de la actividad.
    
    
• La publicación de la agenda de actividades de las Comisiones legales y reglamentarias, de las Vocalías delegadas para las distintas materias u órdenes jurisdiccionales y de las Vocalías territoriales.
• La publicación trimestral en la web del CGPJ del estado de la ejecución presupuestaria clasificada por programas, capítulos y en su caso, conceptos principales.

Fuente: CGPJ