Jurisprudencia

• Infracción del mercado de valores por traspasos de efectivo de las cuentas de clientes a las propias de la empresa de servicios de inversión
• Pago del justiprecio en expropiaciones litigiosas
• Información que debe contener una solicitud de autorización de entrada en la sede social de una empresa formuladas por la CNMC
• La no impugnación en su momento de una orden ministerial, provoca la firmeza de la misma

• Anulación de la cláusula de interés remuneratorio de un contrato bancario por el tamaño de la letra
• Concepto de «circulación de vehículos», a efectos de la responsabilidad del seguro obligatorio
• La calificación culpable del concurso y la atribución de responsabilidad a cada administrador en relación a su participación
• Calificación culpable del concurso de acreedores por irregularidades graves en la contabilidad

• El delito de conducir sin licencia administrativa no requiere la creación de un riesgo concreto
• Enaltecimiento del terrorismo en letras de canciones
• Delito continuado de Estafa. Insolvencia y falsedad de las cuentas sociales. Concurso medial. Caso AFINSA
• Para fijar el plazo de prescripción hay que atender a la pena señalada en abstracto para la infracción
  

• Control y fiscalización de los órganos de gobierno y el deber del Alcalde de dación de cuentas a la Corporación
• Declaración de zona de gran afluencia turística a los efectos de libertad de horarios comerciales
• Denegación de autorización de residencia por circunstancias excepcionales: finalización de la causa penal en la que era testigo protegido
• Financiación autonómica. Liquidación de recursos del Sistema Financiero y participaciones en Fondos de Convergencia. Fondo de Competitividad de 2011
• Procedimiento administrativo. Ampliación de plazos. Motivación

• Conducción con pérdida de vigencia del permiso de conducir, no es un delito que exija ni riesgo concreto ni una peligrosidad necesitada de acreditación
• La responsabilidad del militar por el delito de revelación de secretos e informaciones relativas a la seguridad y defensa nacionales
• Retuitear mensajes de enaltecimiento del terrorismo también puede ser delito
• Impunidad de la tenencia de drogas para un uso compartido y sus requisitos

• Negligencia de notario que autorizó una escritura sin las menciones necesarias para que su cliente pudiera disfrutar de un beneficio fiscal
• Propiedad horizontal y exención de pago de gastos extraordinarios en los estatutos
• Medidas de oficio en proceso de divorcio respecto de los hijos menores en ausencia de justicia rogada
• No procede la modificación de medidas acordadas en convenio regulador en el que se pactó la atribución del uso de la vivienda familiar a la madre e hijas
• La prestación de servicios jurídicos que realiza un despacho profesional, queda bajo la cobertura de la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad
• Resolución de arrendamiento por obras para mantener la habitabilidad de la vivienda que exceden el 50% de su valor

• Inexistencia de cosa juzgada cuando en un proceso ejecutivo previo no había posibilidad procesal de oponer la abusividad de cláusulas de un préstamo hipotecario
• Nulidad parcial de hipoteca multidivisa por falta de transparencia
• Obligación de diligencia y transparencia en interés de sus clientes de las entidades de crédito
• Responsabilidad de las entidades de asistencia sanitaria por mala praxis de los facultativos, personal sanitario o Centro médicos
• Abusiva la cláusula que repercute todos los gastos en el prestatario en un préstamo hipotecario
• Validez de las cláusulas limitativas de derechos en un contrato de seguro de vida y accidentes

La tipografía es tan minúscula que para su lectura no basta con el uso de gafas sino que se precisa una lupa

La Audiencia Provincial de Castellón ha anulado una cláusula de un contrato bancario por el tamaño de la letra, tan pequeña que se requiere una lupa para su lectura.

Así consta en un auto de 7 de septiembre de 2017, dictado por la Sección Tercera que admite a trámite la demanda del banco contra un cliente por el impago de las cuotas de la tarjeta de crédito de la que es titular.

La Sala Segunda señala que no se requiere un elemento adicional de poner en un riesgo concreto la seguridad vial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido, que conducir con el permiso sin vigencia por pérdida de todos los puntos es delito y no una falta administrativa. El alto tribunal explica que el delito contra la seguridad vial, del artículo 384 del Código Penal, aplicable al caso, no requiere un elemento adicional de poner en un riesgo concreto la seguridad vial, y basta con la puesta en peligro en abstracto que supone conducir sin las condiciones legales para ello.

 El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por los prestatarios contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la demanda en la que solicitaban la nulidad de las cláusulas multidivisa de un préstamo hipotecario concertado con Barclays Bank.

La sentencia de 15 de noviembre de 2017, adapta la doctrina de la Sala Primera a la jurisprudencia del TJUE, que en el caso Banif Plus Bank (sentencia de 3 de diciembre de 2015) consideró que las operaciones de cambio de divisa, accesorias a un préstamo que no tiene por finalidad la inversión, no constituyen un instrumento financiero distinto del propio préstamo, sino únicamente una modalidad indisociable de ejecución de éste. Dado que la definición de los instrumentos financieros a efectos de la aplicación de la normativa sobre el mercado de valores es una cuestión regulada por el Derecho de la Unión (Directiva MiFID), que los tribunales españoles deben aplicar de conformidad con la jurisprudencia del TJUE, se concluye que el préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores.