Jurisprudencia

• No es necesario que el traslado del domicilio social de una sociedad a otro estado miembro deba acompañarse del traslado de su domicilio real para estar amparado por la libertad de establecimiento
• Propiedad industrial y la marca API para los  Agentes Profesionales Inmobiliarios
• Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores cuestionando la ley que prohíbe las ventas a pérdidas
• Pactos reservados y su oponibilidad a la sociedad
• Concesión de patente posterior a la entrada en vigor del ADPIC. Validación en España mediante pliego de reivindicaciones de procedimiento

La Sala Tercera fija como doctrina que la Administración tiene potestad para sancionar en esos casos

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina legal que la Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios “sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil” sobre la abusividad de dichas cláusulas. En una sentencia, el Supremo estima un recurso en interés de la Ley presentado por la Junta de Andalucía contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló cuatro multas impuestas por la Secretaría General de Consumo andaluza a Unicaja por cláusulas abusivas.

El traslado del domicilio social de una sociedad sin que se produzca el traslado de su domicilio efectivo está comprendido en la libertad de establecimiento protegida por el Derecho de la Unión

Polbud es una sociedad constituida en Polonia. Mediante un acuerdo adoptado en 2011, la junta general extraordinaria de socios de la mencionada sociedad decidió trasladar su domicilio social a Luxemburgo. Del mencionado acuerdo no resulta que también fuesen trasladados a Luxemburgo el lugar de la dirección empresarial y el ejercicio efectivo de la actividad económica de Polbud.

El Pleno de Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de octubre de 2017,  ha resuelto el recurso de casación interpuesto por el periodista Alfonso Rojo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que declaró vulnerado el derecho al honor del dirigente de Unidos Podemos Pablo Iglesias por las expresiones empleadas por el primero en el programa de televisión “La Sexta Noche”, reiteradas en su cuenta personal de Twitter y en el programa “El Cascabel” («chorizo» y «mangante» y «gilipollas»).

El alto tribunal confirma la vulneración del derecho al honor apreciada en la sentencia y casa exclusivamente el pronunciamiento relativo al importe de la indemnización concedida, que reduce de 20.000 euros a 6.000 euros.

En una sentencia que acaba de darse a conocer, de la que ha sido ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, el Tribunal Constitucional, por decisión unánime de todos sus miembros, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada “del referéndum de autodeterminación”.

• Consulte aquí el texto de la sentencia

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, tras la declaración del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep LLuís Trapero y de la intendente de los Mossos Teresa Laplana Cocera, en calidad de investigados por un delito de sedición, decreta auto de libertad provisional sin fianza, aplicándose las medidas cautelares de la retirada del pasaporte, con la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más cercano a su domicilio y sin descartar que se pueda concretar más “en una fase más avanzada de la investigación”

• Rectificación instada por el Gobierno de Gibraltar ante los tribunales españoles
• Los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios
• Liquidación de sociedad de gananciales.Dinero privativo en aportación a bien ganancial
• Sucesión hereditaria anterior a la entrada en vigor de la Constitución: hija ilegítima
• Inaplicabilidad de la Ley de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, que protege a los consumidores, al ser los demandantes profesionales del sector inmobiliario
• Atribución de la vivienda familiar en caso de custodia compartida cuando aquella era propiedad privativa de uno de los cónyuges
• Inaplicabilidad por analogía del art. 11 de la LAU a usos distintos del de vivienda

• Requisitos legales para la validez de la convocatoria de las juntas generales en las sociedades anónimas
• Temporalidad de la aplicación del orden de prelación de pagos previsto en el art. 176 bis de la Ley concursal
• Responsabilidad por deudas del administrador. Causas de disolución de la sociedad
• Invocación contra el perjudicado de la nulidad de un contrato de seguro de circulación de vehículos

• Delito contra la ordenación del territorio por masiva urbanización ilegal en parque natural protegido
• Delito contra la seguridad vial y recurso de revisión de sentencias de conformidad
• Bien jurídico protegido con el delito de descubrimiento y revelación de secretos
• La sutura de aproximación mediante esparadrapo o steri-strip, constituye tratamiento quirúrgico e integra el delito de lesiones

• Legitimidad de opiniones negativas de pacientes sobre un doctor en una página web sin que puedas atenderse el derecho al olvido del médico
• Expulsión del territorio nacional de un extranjero por su condena penal
• Infracción del deber de información en la protección de datos de carácter personal recabados del propio interesado
• Subsanación del trámite de aportación de certificado de buena conducta cívica
• Sanción por ejercicio de actividad remunerada incompatible con pensión por cesantía en alto cargo