Jurisprudencia

• Efectos del instituto de la caducidad del procedimiento administrativo
• Se aplican las limitaciones a la reagrupación familiar a españoles que no han ejercido el derecho de libre circulación
• Facultades de revisión de la administración de sus actos administrativos cuando su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes
• Examen sobre cultura general para la concesión de la nacionalidad española por residencia
• Contratación pública: la subsanación de ofertas y el principio de la igualdad de trato
• Solicitud de declaración de la AGE como heredero abintestato

• Conflicto de Jurisdicción positivo entre la jurisdicción militar y la jurisdicción penal ordinaria
• Delito continuado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación
• Nulidad de juicio por deficiencias en la grabación de las sesiones
• Embargo de bienes a terceros y decomisos en el procedimiento penal

• Nulidad de cláusula suelo prevista en préstamo hipotecario declarada por el juzgado especializado en la materia de Valencia
• Concepto de «residencia habitual» el caso de un menor nacido por voluntad de sus padres en un Estado miembro distinto de aquel en el que éstos tenían su residencia habitual
• Ejecución de la fianza en los contratos de arrendamientos
• Protección de los derechos al honor y a la propia imagen: Publicación de información sobre un juicio por un doble crimen, en que el acusado resultó absuelto
• Denegación a un abogado de acceso a red privada virtual por no estar colegiado en el Estado miembro en el que pretende ejercer
• Las liquidaciones de gananciales quedan fuera del Reglamento sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil

En su sentencia nº 178/2017, de 13 de marzo, el Supremo confirma la legalidad del pacto ofrecido por la concursada a sus acreedores por el que se les permitía eludir el contenido gravoso del convenio de acreedores, caso de que cooperasenen la búsqueda de liquidez durante la fase de cumplimiento del convenio y presentasen una oferta vinculante de tercero sobre los activos no necesarios para el ejercicio de la actividad.

 El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, por unanimidad, por providencia de 31 de julio, el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra el apartado segundo del art. 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, en la redacción dada por la reforma parcial aprobada por el Pleno de dicha Institución el pasado 26 de julio.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y a la Generalitat de Cataluña, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado la nulidad parcial del Decreto 9/2017 de la Generalitat Valenciana que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria.

Los magistrados de la Sección Cuarta estiman parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato CSI-F y anulan la disposición adicional 5ª de la norma por entender que vulnera el derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la educación reconocidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución al discriminar a los alumnos que optan por una enseñanza mayoritariamente en castellano frente a los que eligen el valenciano como lengua vehícular ya que éstos últimos reciben más horas de docencia en inglés.

• Garantías de las declaraciones de testigo, que pasa a continuación a ostentar la condición de imputado o investigado
• Naturaleza y requisitos del instituto de la conformidad en el proceso penal y su afectación por una nulidad posterior de las pruebas
• El delito de conducción etílica se produce con una conducción con una tasa superior a la objetivada con un desplazamiento aunque sea escaso
• El delito de prevaricación administrativa omisiva, es admitido por la doctrina jurisprudencial de forma clara
• La reforma del delito de hurto de 2015: no pueden operar en la multirreincidencia los antecedentes penales por delitos leves
• Diferenciación entre ilícito civil y estafa y la exigencia típica del engaño «bastante»

• Pagaré en blanco como instrumento de garantía de cumplimiento obligacional. Carga de la prueba
• La Audiencia de Las Palmas obliga al banco a pagar los gastos de notaría y registro de una hipoteca
• Contrato bancario. Nulidad de contrato y plazo de ejercicio de la acción
• Naturaleza y alcance de la limitación temporal dispuesta para el plazo de pago en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre
• Créditos contra la masa: proceso iniciado antes de la declaración de concurso y continuado en interés del mismo

• Celebración y grabación de plenos municipales como derecho a la libertad de información y participación política
• Conformidad a derecho de la medida de restricción de horarios de determinados establecimientos en caso de incumplir niveles zonales de ruido en Madrid
• La administración debería haber notificado al interesado por medio del teléfono que constaba en la solicitud de participación del proceso selectivo.
• El principio de igualdad de trato en la contratación pública comunitaria

• El Supremo establece como criterio general que el banco condenado por cláusulas abusivas pague las costas judiciales de todo el proceso
• Aplicación del arancel de los derechos del procurador
• Unificación de doctrina. Relación de parentesco por consanguinidad y por afinidad a efectos del impuesto de sucesiones
• Derecho de un padre a escolarizar a su hija en un colegio no religioso en contra del criterio de la madre
• Prescripción: elevación a público de documentos privados
• Protección de datos: datos necesarios para iniciar una acción civil