Jurisprudencia

Señala la sentencia que, como consecuencia de tener conocimiento de este diagnóstico, el hombre fue repudiado por su familia

El Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Vigo, en sentencia de 16 de marzo, ha condenado al hospital Povisa a indemnizar con 60.000 euros por daño moral a un hombre que fue diagnosticado por error como portador del VIH y hepatitis, situación que se prolongó durante quince años.

Se indica en la sentencia que como consecuencia de tener conocimiento de este diagnóstico, el hombre fue repudiado por su familia y además, "recayó en el consumo de sustancias estupefacientes; lo cual, unido a lo que él creía una corta esperanza de vida, hizo que comenzase una espiral delictiva quo le llevó a ingresar en prisión en el año 2002".

La Sala Segunda considera proporcionada esta pena impuesta por la Audiencia de Barcelona a dos personas que se apoderaron del teléfono de una turista

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha establecido, en su sentencia de 12 de marzo de 2018, que se puede imponer como pena a un condenado por un delito de hurto la prohibición de acceder a las instalaciones del metro de una ciudad por un tiempo determinado, aunque los hechos se hayan cometido en una estación o en una línea concreta y no en todo el suburbano.

El tribunal considera proporcionada la prohibición de utilizar el metropolitano de Barcelona durante nueve meses impuesta a dos condenados por este delito que se apoderaron del teléfono móvil de una turista cuando se disponía a bajar del vagón en una estación –Urquinaona- de la línea 4. Además de esta pena, la Audiencia Provincial de Barcelona fijó otra de tres meses de prisión para cada uno de ellos por estos mismos hechos. Ambos ya habían sido condenados con anterioridad por otros hurtos.

• Defensa de la competencia: nulidad de relación contractual compleja del contrato de abanderamiento por duración
• La remuneración de administradores y consejeros ejecutivos de las sociedades de capital no cotizadas, deben constar en los estatutos sociales
• Navegación aérea. Compensación por retraso en vuelos de conexión. Jurisdicción competente

• Competencia para reducir la jornada de trabajo de los empleados públicos
• Nuevas técnicas publicitarias (sobreimpresiones y transparencias publicitarias)
• Prohibición de consumo de alcohol en la calle, con exclusión de la zona tradicional de tascas de Castellón
• Transformación urbanística donde sea posible que un suelo urbano consolidado pase a considerarse como no consolidado

• Delito contra la hacienda pública y asociación para delinquir
• Satisfacción de las deudas contraídas por razón del delito
• Se absuelve a la tuitera del delito de humillación a las víctimas por sus chistes sobre Carrero Blanco
• Nueve meses de prisión por no enviar un móvil que había vendido por internet
• El Supremo confirma las penas del “caso Madrid Arena” y condena al médico encargado del servicio a un año y medio de prisión por un delito de imprudencia profesional

• Obligación de la arrendadora de efectuar las reparaciones necesarias para el adecuado uso de la vivienda
• Indemnización por los daños ocasionados por un perro y no evitar que provocara la caída de una ciclista
• Publicación en web policial de la foto de un sospechoso de actos vandálicos para lograr su identificación. Inexistencia de intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales
• Responsabilidad extracontractual por vulneración de normas medioambientales. Interrupción de la prescripción por solicitud de conciliación
• El TS anula la condena por intromisión en el derecho al honor de un entrenador de gimnasia denunciado por abusos sexuales a menores cuando el delito ya había prescrito
• Inexistencia de responsabilidad de asesor fiscal por práctica elusoria de impuestos al actuar de común acuerdo con el cliente

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de un hombre al que la Policía no informó de forma suficiente sobre las razones por las que había sido detenido, lo que le impidió preparar bien su defensa durante el interrogatorio policial. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Cándido Conde-Pumpido, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental del recurrente a la libertad personal, que la Constitución garantiza en su art. 17.1 y 3.

Los hechos se produjeron tras la detención del recurrente, junto a otros jóvenes, por su presunta participación en una reyerta en la que había habido varios heridos. Tras ser detenido, fue informado de sus derechos y se le indicó que el arresto se debía a su presunta participación en un delito de lesiones y a su presencia en el lugar de los hechos. El abogado que le fue asignado solicitó el habeas corpus después de que la Policía le negara el atestado, pero el Juzgado de guardia rechazó iniciar el procedimiento.

Así ocurre cuando los distintos vuelos han sido objeto de una única reserva para todo el trayecto y el gran retraso a la llegada al destino final se debe a un incidente que ha tenido lugar en el primero de los vuelos

Unos pasajeros aéreos reservaron con Air Berlin e Iberia unos vuelos de conexión de España a Alemania (concretamente para el trayecto Ibiza-Palma de Mallorca-Düsseldorf, por lo que respecta a Air Berlin, y para el trayecto Melilla-Madrid-Fráncfort del Meno, por lo que respecta a Iberia), reservas que abarcaban la totalidad de los respectivos trayectos. La compañía aérea española Air Nostrum operó los primeros vuelos domésticos en España por cuenta de Air Berlin e Iberia. En ambos casos, esos vuelos sufrieron un retraso (45 y 20 minutos) que conllevó que los pasajeros perdieran su segundo vuelo a Alemania. Los pasajeros llegaron finalmente a su destino final con más de 3 horas de retraso (concretamente unas 4 horas de retraso en el vuelo reservado con Air Berlin y 13 horas de retraso en el reservado con Iberia).

Los condenados tendrán que indemnizar con más de dos millones de euros a las familias de las cinco víctimas mortales y a los heridos

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha confirmado en sentencia de 11 de diciembre de 2017, la condena a cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a Miguel Ángel Flores, presidente y administrador de la empresa Diviertt y promotor de la fiesta de Halloween celebrada en el pabellón Madrid Arena la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 en la que fallecieron cinco jóvenes de entre 17 y 20 años, como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave. Además, el tribunal le inhabilita para el ejercicio profesional de cualquier actividad en relación con la organización y celebración de eventos durante el tiempo de la condena.

• Responsabilidad patrimonial de la administración e indemnización a empresario que construye con normas de planeamiento posteriormente anuladas y que tiene que demoler
• Responsabilidad patrimonial sanitaria de la Administración del Estado por pérdida de oportunidad de otro diagnóstico
• No puede expulsarse a un residente de larga duración únicamente por una condena de prisión superior a un año
• Protección de datos. Sanción a operadora de telefonía por altas de línea en contratos sin firma
• Arrendamiento de vehículo con conductor. Ilegalidad de las limitaciones por desproporción frente a licencias de auto-taxi