Jurisprudencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido en su sentencia de 1 de abril de 2019, que no son elegibles para ningún cargo público los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, a penas de inhabilitación o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

La Sala estima el recurso de casación del Cabildo Insular de Fuerteventura que acordó la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura al haber sido condenado por un juzgado de lo Penal de Puerto Rosario por prevaricación continuada a 9 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implicase una participación en el Gobierno municipal durante 9 años. El Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canarias anuló la resolución administrativa al entender que la inhabilitación solo afectaba al ámbito municipal.

El tribunal añade que la publicación por parte de la CNMC del nombre de la persona física multada no vulnera su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de 28 de marzo de 2019 en la que fija como doctrina que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) puede imponer multas a personal directivo de empresas infractoras de las normas del derecho de la competencia. El tribunal añade que la publicación por parte de la CNMC del nombre de la persona física multada no vulnera su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen.

• Confirmada la condena de cinco años de cárcel para una mujer por la sustracción de sus dos hijos
• Estafa y blanqueo de capitales
• Distinción entre organización, grupo criminal y codelincuencia
• La sociedad sucesora asume la responsabilidad penal, o civil derivada del delito, de la sociedad sucedida

• Motivación de las limitaciones territoriales y temporales de las declaraciones de zonas de gran interés turístico
• Doctrina del hallazgo casual en la actuación inspectora en defensa de la competencia en la Órdenes de investigación
• Multas a ANC por la encuesta del 9-N y por la falta de seguridad de los datos personales de socios publicados por Anonymous
• Impugnación de planes hidrológicos por falta de informes de la Administración Local

• Interpretación de los presupuestos legales para la apertura de la sección de calificación del concurso en caso de aprobación de un convenio
• Interrupción de la prescripción de las acciones cambiarias. Doctrina jurisprudencial aplicable
• Nulidad de adquisición de valores por error vicio en el consentimiento tras la cesión de negocio bancario entre Bankpime y Caixabank
• Deber de declaración del riesgo en un seguro multirriesgo empresarial. Negligencia profesional de la aseguradora

• La responsabilidad civil del notario debe fundarse en las reglas generales de responsabilidad civil
• Validez y eficacia del convenio regulador de divorcio o separación no ratificado judicialmente
• Relaciones paternofiliales: guarda y custodia compartida
  
• La pensión de alimentos a hijos mayores de edad cuando no hay relación entre estos y el alimentante

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso del Banco Popular, ha desestimado el recurso de reforma presentado por el Banco Santander contra en la resolución en la que se acordaba dirigir el procedimiento contra esta entidad y señala que “deviene necesaria la intervención de dicha entidad en concepto de investigada, con todos los derechos propios de tal condición”.

En el auto de 20 de marzo de 2019, el magistrado, tras analizar el informe del fiscal contrario a la admisión del recurso, recuerda que se trata de una cuestión jurídica prácticamente inédita en la práctica judicial –la transmisión de la responsabilidad penal entre empresas- y que en las escasas resoluciones sobre la materia no se ha ponderado la trascendencia que tiene en el ámbito jurídico empresarial.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero del art. 34.2 (para procuradores) y del inciso “y tercero” del párrafo segundo y cuarto del art. 35.2 (para los abogados) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. El texto impugnado determina la ausencia de recurso frente al decreto del letrado de la administración de justicia cuando los honorarios de los abogados se discuten por indebidos. Sin embargo, dicho decreto no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.

Uno de los criterios interpretativos que resuelve es la cuestión de determinar, en interpretación del artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios

La Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de marzo de 2019, ha fijado doctrina sobre la aplicación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en escrituras públicas que documentan novación modificativa de un préstamo hipotecario, donde además de cláusulas que afecten al tipo de interés o al plazo, se incluyen otras cláusulas financieras, sin que afecte a la responsabilidad hipotecaria.

• Clubs sociales de cannabis y la falta de competencia municipal
• Impugnación del Real Decreto de disolución del Parlament y convocatoria de elecciones tras la aplicación en Cataluña del art. 155 CE
• Subvenciones concedidas a una empresa antes de la fecha de liberalización del mercado
• Segunda matriculación de vehículos a motor con modificaciones e inspección técnica