Jurisprudencia

La sentencia del Pleno de la Sala Primera 99/2020 aborda por primera vez la interpretación del art. 61.3 de la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, sobre los pactos que pueden alcanzar de las partes a efectos de superar el límite indemnizatorio previsto en la ley para las indemnizaciones a cargo del transportista por pérdida o avería de la mercancía.

La Sala analiza la naturaleza de la limitación de responsabilidad del transportista en caso de daño a la mercancía, que constituye una fórmula de reparto de los riesgos entre las partes y produce efectos beneficiosos en la economía del contrato, tanto desde la perspectiva del transporte en sí, como de su aseguramiento. Con dicha limitación se pretende hacer asegurable la responsabilidad a un precio asumible, lo que evita el riesgo de insolvencia del transportista y el sobrecoste que, de otro modo, sufriría el precio del transporte.

Las partes tienen la posibilidad de pactar en el contrato cantidades máximas distintas a las que resultan de aplicar las fórmulas legales de cálculo, a través de las declaraciones de valor de la mercancía o del interés especial en la entrega, siempre contra el pago de un suplemento del precio y siempre que estos pactos se incorporen a la carga de porte.

• Extinción del derecho de uso de la vivienda familiar por convivencia con nueva pareja sentimental y modificación de la pensión de alimentos de hijo menor
• Derecho de crédito frente a la sociedad de gananciales por el dinero privativo de la esposa ingresado en una cuenta común
• Intromisión en el derecho al honor de persona jurídica, mediante la creación por la demandada de una web de redireccionamiento a otra pornográfica con una denominación confundible con la web de la demandante de servicios médicos
• Cuotas del colegio de abogados. Inclusión de un seguro. Consideración como «materia contractual» a efectos del Reglamento UE 1215/2012

• Solicitud de asilo desde el Centro de Internamiento para Extranjeros y cómputos de plazo para notificar la resolución
• Posibilidad de cesión el derecho de crédito que deriva de responsabilidad patrimonial del Estado legislador
• Legitimación activa de los grupos municipales. Modificación del planeamiento urbanístico a través de una instrucción
• La asociación de municipios para la prestación del servicio de Policía Local. Inconstitucionalidad de partes de la Ley Foral 23/2018

• Propinó a su hijo una bofetada de entidad suficiente para causarle lesiones en oreja derecha y labio inferior, lo que determina la relevancia penal de la conducta
• El delito de Child Groming requiere que sean los medios tecnológicos las vías de contacto inicial con el menor
• La manipulación de un tacógrafo, conlleva la comisión de delito de falsedad en documento oficial
• Agravación penológica por multirreincidencia en los delitos leves de estafa

• El TS declara que la aseguradora no está obligada a cubrir el capital por fallecimiento del asegurado tras el impago de primas sucesivas de manera voluntaria y consciente
• Profesor condenado por copiar el trabajo de investigación de doctorado de un alumno. Propiedad intelectual. Obras literarias y científicas
• Responsabilidad civil por mala praxis médica. Día inicial del cómputo de los intereses de demora en los seguros de asistencia sanitaria
• Reproducción de obra audiovisual por el ente público que originalmente la grabó. Consentimiento del artista
• Denegación de compensación por gran retraso en un vuelo. Prueba mediante la tarjeta de embarque de haberse presentado a la facturación

• El Supremo aprecia interés casacional objetivo para enjuiciar los criterios de evaluación de las publicaciones académicas en materias jurídicas
• Inspecciones domiciliarias. Doctrina jurisprudencial sobre el hallazgo casual en procedimientos sancionadores en vía administrativa
• Reclamación autónoma de los intereses de demora derivados del retraso en el pago de las certificaciones de obra
• Condena al Estado a indemnizar con 182.000 euros a la familia del periodista muerto en Bagdag en el hotel Palestina

• No procede la atribución de la vivienda no familiar a uno de los progenitores con carácter indefinido aunque se haya convenido el sistema de custodia compartida
• Carga de la prueba de la inexistencia o ilicitud de la causa en los negocios
• Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal del Ministerio Fiscal en el orden jurisdiccional civil
• En comunidades de vecinos, solo si la exención de gastos estatutaria es genérica, se incluyen los gastos extraordinarios
• Extinción de la pensión compensatoria por convivencia análoga a la marital con otra persona

• Grabación de las cámaras de videovigilancia durante el atraco a una joyería como prueba en el proceso penal
• El consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad ni atenúa el delito de quebrantamiento de condena de prohibición de acercarse a la misma
• Eximente completa e incompleta de actuación en el cumplimiento de un deber de los artículos 20.7 y 21.1 del Código Penal
• Las llamadas telefónicas "perdidas", (aun las no atendidas), consuma el delito de quebrantamiento de condena a no comunicarse

• El Reglamento sobre procedimientos de insolvencia no es aplicable a demandas por impago de mercancías en virtud de contratos anteriores al concurso
• Clasificación del crédito derivado del incumplimiento de una obligación de hacer
• Calificación del concurso como culpable y causas para dicha calificación
• Derecho de desistimiento tras la retirada por el consumidor del precinto del embalaje de la mercancía
• Inaplicación del factor de corrección a la indemnización del perjuicio estético

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha declarado inconstitucional y nulas las disposiciones adicionales primera (movilización de suelo público para promover vivienda en alquiler social) y tercera ( relativa a los convenios para construir infraestructuras) del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler; por ello, el Tribunal ha estimado en parte el recurso de inconstitucionalidad presentado por 102 diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso contra la citada disposición legal.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Ricardo Enríquez, explica que, aunque no exista una reserva reglamentaria, en la disposición adicional primera referida a las Medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler el Gobierno no ha justificado la necesidad de acudir a un real decreto-ley para la adopción de unas medidas para cuya puesta en práctica, en principio, no se aprecia la exigencia de contar con la habilitación de una norma con rango de ley.

Respecto a la impugnación de la disposición adicional tercera "Convenios en materia de infraestructuras", la sentencia apunta que se trata de una justificación deslizada ya en la memoria del análisis del impacto normativo, pero que "no es directamente perceptible ni, desde luego, instantánea o inmediata, de modo que no se justifica el desplazamiento de la potestad legislativa de las Cortes Generales (art. 66.2 CE) al no guardar la necesaria relación de conexión de sentido con la situación de extraordinaria y urgente necesidad previamente definida".