Jurisprudencia

• Condiciones generales de la contratación y control de transparencia de la cláusula de determinación del interés variable
• Cobertura del seguro de vehículos cuando el conductor está bajo la influencia de bebidas alcohólicas
• Cláusulas limitativas de derechos en un seguro colectivo de responsabilidad civil
• Acción individual de responsabilidad de los administradores por defecto grave en la llevanza de la contabilidad

• Oponibilidad de la garantía de aval en la tercería de mejor derecho, frente a un tercero que ha embargado el depósito pignorado
• Tratamiento de los datos personales de páginas web y derecho al olvido
• Momento de la extinción del régimen de sociedad de gananciales en los casos de separación de hecho
• Derecho al olvido. Retirada de enlaces en los Estados miembro y fuera de la UE. Motores de búsqueda

• Sanción de la Comisión Nacional de la Competencia por publicidad encubierta
• El deslinde no es imprescindible para que la Administración pueda ejercitar sus facultades sobre el dominio público hidráulico
• Evaluaciones finales en la enseñanza secundaria y el bachillerato. Régimen lingüístico y competencial
• Impugnación de acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Vulneración del ius in officium
• Ley Balear de caminos públicos y senderos. Constitucionalidad de las expropiaciones ope legis

La Audiencia Provincial de Sevilla ha publicado el martes, 19 de noviembre de 2019, tras notificársela a los acusados, su resolución sobre el caso de los ERE once meses después de que el caso quedara visto para sentencia.

De las veintiuna personas finalmente acusadas –en origen fueron veintidós-, diecinueve reciben algún tipo de condena: cuatro de estos condenados son absueltos de un delito continuado de malversación, pero se aprecian en ellos conductas que integran el tipo del delito continuado de prevaricación y son castigados con penas de inhabilitación especial que van de los 8 años y 6 meses a los 9 años. Únicamente dos de los acusados, Manuel Gómez, exinterventor general y Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta, han salido absueltos de todos los cargos que se les imputaban.

• Consideración de sujeto activo del delito de prevaricación de los responsables de entidades públicas
• El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable
• Criterios orientativos para valorar la suficiencia de la prueba indiciaria en el proceso penal
• Presupuesto de procedibilidad y prescripción de delitos

• No procede el impago de los créditos con privilegio general de la AEAT por no indicar una cuenta bancaria en que recibir los mismos
• Nulidad por abusiva de la comisión de reclamación de posiciones deudoras
• Los modelos de prendas de vestir no se consideran obras a efectos de la propiedad intelectual
• Derecho a una indemnización adecuada como reparación del perjuicio causado por las medidas provisionales al autor de patente posteriormente anulada
• Competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho de violación de una marca europea

• Derecho de los ciudadanos de la Unión y su familia de circular y de residir libremente en el territorio de un Estado miembro
• Prohibición del uso de máquinas de construcción durante los meses de verano por exceso de ruido en un municipio
• Nulidad de la reforma del Régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales por dictarse sin la preceptiva negociación colectiva
• Resulta obligado ofrecer la asignatura de Religión Católica en todos los cursos del Bachillerato

• Condena a una empresa por orientar una de sus cámaras externas simuladas de vídeo hacia una propiedad colindante
• Liquidación de la sociedad de gananciales. Seguro de amortización de préstamo para el caso de invalidez permanente absoluta concertado por el marido
• Legitimación de los progenitores para el ejercicio de las acciones de paternidad
• El órgano jurisdiccional que resuelve sobre el divorcio es competente también de la pretensión de alimentos

El Tribunal Supremo ha confirmado en su sentencia de 4 de noviembre de 2019 la condena impuesta por sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el que se desestimaron los recursos de apelación interpuestos por los condenados contra sentencia de fecha 18 de octubre de 2018 del Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de A Coruña, en la que se condenaba a dos personas a las penas de 19 y 18 años de prisión por delito consumado de asesinato.

El jurado consideró que los dos acusados habían acabado con la vida de otra persona, y aunque no existió prueba directa del crimen sí que apreciaron y relataron en las respuestas al objeto del veredicto una serie de indicios concurrentes y concluyentes para sostener la condena.

• Condena a la inhabilitación de la patria potestad por intentar el homicidio de la madre en presencia de sus hijos
• La posibilidad de recurso de casación por infracción de ley no incluye fundamentar la casación en la infracción de un precepto constitucional
• La consumación delictiva en los delitos de narcotráfico y la colaboración con la Administración de Justicia y confesión
• Preferencia de la jurisdicción penal en la interpretación de pruebas en diferentes procesos y jurisdicciones