Jurisprudencia

• Con fundamento en el superior interés del menor, determinación del modelo de custodia más adecuado y beneficioso para el mismo
• Régimen transitorio de la subrogación de un arrendamiento celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985
• Los bienes de naturaleza patrimonial, son susceptibles de prescripción adquisitiva
• Condición resolutoria en un contrato de permuta de suelo por obra futura
• Tercería de mejor derecho interpuesta por el acreedor pignoraticio de dos depósitos bancarios posteriormente embargados por la AEAT
• Validez de la transmisión de un inmueble perteneciente a la sociedad de gananciales extinguida pero no liquidada a cambio de prestaciones asistenciales

• Retirada de símbolos y rótulos de carácter antidemocrático que todavía perviven en locales públicos
• Interpretación y alcance del artículo 51.4 de la Ley de Defensa de la Competencia sobre el procedimiento sancionador
• Norma de calidad sobre productos porcinos de cebo. Interdicción de la arbitrariedad y trámite de audiencia
• Principio de legalidad sancionadora. Remisión de la Ley de Aguas al Reglamento de Dominio Público Hidráulico
  

• Obligaciones subordinadas y canje de acciones con error en el consentimiento
• Productos financieros complejos: no tiene la consideración de inversor profesional un registrador de la propiedad
• Clasificación de créditos públicos derivados de la anulación de subvenciones en un concurso de acreedores
• Resolución de contratos de tracto sucesivo en interés del concurso de acreedores
• Deber de información de las entidades sobre los riesgos para el cobro de planes de pensiones

• Legitimación del usufructuario de la finca dominante para constituir una servidumbre voluntaria de paso
• Derecho al honor y reportaje de investigación con cámara oculta
• El 1.504 CC solo se aplica a la compraventa de inmuebles perfeccionada, no a las promesas de venta
• El TS fija doctrina sobre la distribución entre prestatario y prestamista de los gastos asociados a la hipoteca
• Legalidad de la cláusula de comisión de apertura y distribución de los gastos asociados a la hipoteca

• Habilitación profesional para el ejercicio de la actividad profesional de abogado
• La vía de apremio se aplica no sólo en el ámbito sancionador, para hacer efectivas las sanciones, sino también para exigir otras responsabilidades administrativas
• Caza. Títulos competenciales. Medio ambiente. Principio de utilización razonable
• Casación para la unificación de doctrina. Sentencias de contraste posteriores a la impugnada
• Posibilidad de revocación unilateral del acuerdo de retirada de un Estado miembro de la Unión Europea
  

• Imposibilidad de la doble valoración de una agravante por prohibirlo el principio non bis in idem
• Incidencia de la parafilia en la imputabilidad del sujeto autor del delito contra la libertad sexual
• El contrato de préstamo, por comportar la entrega en propiedad del objeto de préstamo, no es título valido para el tipo penal de la apropiación indebida
• Prescripción de la pena y suspensión de la misma

Deberes de información de las entidades de planes de pensiones sobre los riesgos de la modalidad escogida para el cobro de la prestación una vez producida la jubilación; especialmente, en la modalidad de “renta asegurada”

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo llama la atención, en esta sentencia del Pleno de 22 de enero, sobre los deberes de transparencia e información que tienen las entidades de planes de pensiones acerca de los riesgos de las distintas modalidades del cobro de la prestación una vez producida la jubilación.

En el caso resuelto en esta sentencia, el padre de las demandantes había optado en el momento de su jubilación (2003) por la modalidad de cobro de su plan de pensiones en forma de renta asegurada mensual y fija durante quince años y había designado como beneficiaria, para el caso de muerte, a su esposa, que luego falleció en 2008, dos años antes que él. Las hijas del matrimonio pretendían que se condenara a la promotora y a la gestora del plan al pago de las rentas devengadas desde el fallecimiento de su padre (2010) hasta la finalización del periodo de los quince años (2018). El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, pero la Audiencia Provincial revocó su sentencia y entendió que la prestación se había extinguido con el fallecimiento del partícipe y de su esposa.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría desestimar la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, contra el último inciso del párrafo tercero del art. 152.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción incorporada por el artículo único, apartado diecisiete, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre) que señala “(…) La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida”. Este precepto es de aplicación supletoria en el orden jurisdiccional social por remisión de la normativa procesal laboral.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Ricardo Enríquez, explica que “el acto de comunicación y el aviso, que carece de la garantía de autenticidad, discurren bajo dos regímenes jurídicos distintos que no permiten ser confundidos”.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.

En primer lugar, analiza la posible abusividad de la cláusula que, en un préstamo hipotecario, establece una comisión de apertura (sentencia 44/2019 de 23 de enero)

Tras examinar la normativa sectorial aplicable al caso (tanto la nacional como la de la Unión Europea), el Tribunal Supremo considera que la comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo; por el contrario, el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen sendas partidas del precio del préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario y no corresponden a actuaciones o servicios eventuales. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura deben incluirse en el cálculo de la TAE, que permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo.

• Supletoriedad del derecho estatal en el urbanismo y obligatoriedad de incorporación de Informe de Impacto de Género
• Recurso contencioso-administrativo y legitimación procesal de los Colegios profesionales
• Medios de comunicación públicos. Financiación. Ayudas de Estado. Autotutela administrativa
• Control interno de pasaportes en el espacio Schengen