Jurisprudencia

• Cuando no pueda establecerse la mayoría de edad de una persona, será considerada menor en tanto se determina su edad
• No procede el desahucio a causa de un atraso de un solo mes en el pago de la renta que deriva de un error bancario
• No procede establecer límite temporal a la pensión compensatoria mientras no pueda superarse el desequilibrio económico
• Arrendamientos urbanos e impago del alquiler de su vivienda social

• Comercio electrónico. Obligación de información a los consumidores sobre la garantía de los productos. Condiciones y contenido
• Es abusivo el cobro de comisiones de Kutxabank por los ingresos en efectivo en sus cuentas realizados por terceros
• Impugnación de acuerdos sociales adoptados en juntas de sociedades por defecto de convocatoria
• Acción de responsabilidad por deudas contra el administrador

• Delitos fiscales en grado de tentativa consecuencia del indebido intento de devolución del IVA
• Autoconsumo o preordenación al tráfico de drogas
• Dificultades de apreciar el delito de apropiación indebida del nombre de dominio
• Irrelevancia penal de simular ante notario una situación de convivencia more uxorio inexistente

• La CNMC está facultada para intervenir en mercados no regulados e imponer obligaciones a un operador relativas al sistema de tarificación
• Resolución y liquidación de concesión en caso de concurso del concesionario
• Inicio del cómputo del plazo de prescripción para la reclamación de los intereses de demora
• La Administración está obligada a retribuir al perito irregularmente designado

Para la Sala, estando el servicio de caja retribuido por la comisión de mantenimiento que paga el titular de la cuenta, el cobro al tercero que realiza el ingreso de una comisión añadida carece de justificación y es contraria

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha confirmado en una sentencia la abusividad de la comisión de 2 euros establecida por Kutxabank a cada ingreso en efectivo en cuentas de la entidad bancaria por parte de terceras personas, que incluyen información adicional (concepto) en el justificante a solicitud del ordenante, y a pagar por quien ordena el ingreso. El alto tribunal ratifica la condena a la entidad a que elimine de sus condiciones generales dicha cláusula contractual.

• Prevaricación administrativa de alcalde por contratos de servicios sin procedimiento
• Elementos objetivos y subjetivos del delito de obstrucción a la justicia contra testigos, peritos y otros intervinientes procesales
• Tipo agravado por causar grave daño en la custodia de documentos y de la violación de secretos
• Delito societario del artículo 291 al imponer acuerdos abusivos

• Los poderes generales otorgados a todos los consejeros que integran el consejo de administración de la sociedad anónima no les atribuye poder de decisión
• Vuelos con conexión cuyo origen y destino no estén en la UE. Inaplicabilidad del Reglamento n.o 261/2004
• Validez y eficacia de los pactos parasociales para las empresas
• Prohibición de propuestas de convenio condicionadas en los concursos de acreedores

• La revisión de oficio de las bases de un proceso selectivo no puede conducir a resultados contrarios al principio de seguridad jurídica
• La nulidad del acto de adjudicación de un contrato administrativo no comporta indemnizar los perjuicios en concepto de lucro cesante
• Plazos y requisitos para la responsabilidad de las administraciones públicas por norma inconstitucional
• Plazo de duración de un procedimiento de responsabilidad patrimonial y su caducidad

• El TC declara inconstitucionales y nulos diversos preceptos de la Ley catalana 11/2020, sobre arrendamientos de vivienda
• Requisitos que exige la homologación judicial de la sentencia extranjera
• Error excusable en la inclusión de datos en un fichero de morosos propiciado por la suplantación de identidad del afectado
• Competencia subsidiaria en materia de sucesiones mortis causa

La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia en la que se pronuncia por primera vez sobre el delito de apropiación indebida de un dominio de internet y absuelve a cuatro miembros de una asociación religiosa que fueron condenados a pagar una multa de 720 euros cada uno tras ser acusados de haberse apropiado del nombre de dominio de ésta.

Los cuatro acusados pertenecían a la asociación religiosa Alfa Educación para una Salud Integral, creada en 2010, cuya finalidad era divulgar el contenido de la iglesia adventista a través de los medios de comunicación. Para ello crearon una página web, con el dominio de internet www.alfatelevisión.org, y abrieron cuentas bancarias y de Paypal, a donde los seguidores podían realizar donaciones. Además, registraron la marca Alfa Televisión.

Debido a las discrepancias que surgieron en la asociación de la que aún eran miembros, cuatro años más tarde crearon una nueva, registraron otra marca, cambiaron las contraseñas de acceso a la cuenta Paypal y del dominio de internet para bloquear el acceso a la URL a la secretaria general de la asociación primitiva, que fue la que denunció los hechos, y redireccionar a todos los donantes a un nuevo dominio creado por los acusados. Con posterioridad, fueron cesados por la Junta de la asociación primitiva.