Jurisprudencia

La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia en la que se pronuncia por primera vez sobre el delito de apropiación indebida de un dominio de internet y absuelve a cuatro miembros de una asociación religiosa que fueron condenados a pagar una multa de 720 euros cada uno tras ser acusados de haberse apropiado del nombre de dominio de ésta.

Los cuatro acusados pertenecían a la asociación religiosa Alfa Educación para una Salud Integral, creada en 2010, cuya finalidad era divulgar el contenido de la iglesia adventista a través de los medios de comunicación. Para ello crearon una página web, con el dominio de internet www.alfatelevisión.org, y abrieron cuentas bancarias y de Paypal, a donde los seguidores podían realizar donaciones. Además, registraron la marca Alfa Televisión.

Debido a las discrepancias que surgieron en la asociación de la que aún eran miembros, cuatro años más tarde crearon una nueva, registraron otra marca, cambiaron las contraseñas de acceso a la cuenta Paypal y del dominio de internet para bloquear el acceso a la URL a la secretaria general de la asociación primitiva, que fue la que denunció los hechos, y redireccionar a todos los donantes a un nuevo dominio creado por los acusados. Con posterioridad, fueron cesados por la Junta de la asociación primitiva.

• Compensación a pasajeros por gran retraso de un vuelo con conexión directa objeto de una reserva única
• Excepciones al derecho de desistimiento. Servicios relacionados con actividades de esparcimiento
• El consumidor debe comprender sin ambigüedad la expresión por la que queda sujeto a una obligación de pago en la contratación electrónica
• Cláusulas abusivas de préstamo hipotecario multidivisa

• Apropiación indebida de bienes gananciales
• Delito de ultrajes a la bandera española por rajarla y tirarla al suelo
• Daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental
• Circunstancias agravatorias  del delito contra el medio ambiente

• Impugnación por los herederos legitimarios del contrato de alimentos otorgado por su causante por causa ilícita
• Modificación de la capacidad de las personas y fijación de apoyos
• Determinación de la competencia judicial en demandas de divorcio, por razón de la nacionalidad
• El Tribunal Supremo considera que la gestación por sustitución vulnera los derechos de madres gestantes y niños

• Acreditación a cátedra ante la ANECA. Principios y Orientaciones para la Aplicación de los Criterios de Evaluación (POACE)
• Competencia autonómica para atribuir a los ayuntamientos las autorizaciones de uso del dominio público marítimo terrestre
• El Constitucional se pronuncia sobre la eliminación de controles parlamentarios a las subvenciones en Castilla-La Mancha
• Criterios de calificación de los ejercicios de procesos de selección en la Administración Pública

Protección del interés superior del nacido mediante gestación por sustitución. La gestación por sustitución comercial vulnera los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos. Posibilidad de adopción del niño por la comitente con la que convive y conforma una familia de facto.

El pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en su sentencia 277/2022, de 31 de marzo (Recurso de casación 907/2021), ha resuelto un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra una sentencia que había declarado la filiación materna respecto de una persona que no es la madre biológica de un niño nacido de una gestación por sustitución, sin aportar material genético propio, llevada a cabo en Méjico mediante un contrato en el que intervino una agencia mediadora.

El Tribunal Supremo ya declaró en su sentencia de pleno 835/2013 que los contratos de gestación por sustitución vulneran los derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del niño gestado, y son por tanto manifiestamente contrarios a nuestro orden público.

Estos contratos son nulos de pleno derecho conforme al art. 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida y vulneran gravemente los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño.

• Utilización como prueba en proceso penal de grabaciones realizadas por particulares
• Parámetros para medir la gravedad exigida por el delito de maltrato animal
• La continuidad delictiva en los delitos patrimoniales y la prohibición de la doble valoración a efectos penológicos
• Delitos por incumplir el estado de alarma en la pandemia posteriormente declarada inconstitucional

• El almacenamiento en la nube constituye reproducción y, en virtud de la excepción de copia privada, debe someterse a compensación equitativa
• Abuso de derecho en el ejercicio del socio del derecho de separación por falta de distribución de dividendos
• Seguro de responsabilidad civil, y la necesidad de la acreditación de la responsabilidad para la cobertura del siniestro
• Extensión de la nulidad de un negocio jurídico a otro con el que se halla vinculado

• Inconstitucionalidad y nulidad de un inciso del art. 74.2 de la Ley 5/2010, de autonomía local de Andalucía, por invadir la competencia estatal
• La publicación en el BOE de sanciones administrativas firmes no vulnera la protección de datos de carácter personal
• Cesión de los contratos administrativos por concurso del contratista durante su vigencia
• Sobre los gastos generados durante la instrucción de un procedimiento judicial y su posible repercusión

• Derecho de reembolso de dinero privativo en la liquidación de la sociedad de gananciales
• Vulneración del derecho al honor y prestigio profesional
• Guarda y custodia de menores y valoración de su voluntad por el tribunal
• Custodia compartida de animales en caso de separación