Jurisprudencia de Derecho Civil

Proceso. Órgano judicial que resuelve en última instancia. Desestimiento del recurrente. Planteamiento de cuestión prejudicial por inadmisión en casación. El artículo 267 TFUE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional cuyas decisiones sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno no puede ser considerado como un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia cuando el recurso de casación interpuesto contra una decisión de dicho órgano jurisdiccional no ha sido examinado a causa del desistimiento de la parte recurrente. El artículo 267 TFUE, párrafo tercero, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia puede abstenerse de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia cuando un recurso de casación es rechazado por causas de inadmisibilidad propias del procedimiento ante ese órgano jurisdiccional, siempre y cuando se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.

(Sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2017)

Préstamo hipotecario. Referenciación al IRPH. Condiciones generales de la contratación. Cláusulas abusivas. Lo relevante es no solo que la cláusula de interés variable supere el filtro de «incorporación» al contrato, es decir que sea clara su redacción gramatical, que lo es; sino también que supere el segundo filtro de «transparencia», es decir, que permita al consumidor identificarla y comprenderla como definidora del objeto principal del contrato para así conocer el reparto real de riesgos de la variabilidad de los tipos. Y en el presente caso, la cuestionada cláusula no solo comporta un evidente desequilibrio para las partes a favor de la ejecutante, porque leída de forma aislada y desde un punto de vista estrictamente gramatical es clara al concretar el índice que se tomará como referencia para el pago de intereses; sin embargo, aplicando lo dicho por el TS al recoger las condiciones o características para calibrar la «falta de transparencia» (falta de información, inserción de la cláusula techo como aparente contraprestación de la cláusula techo, ausencia de simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés fijado en el momento de contratar, ubicación entre una abrumadora e incomprensible cantidad de datos entre los que queda enmascarada diluyendo la atención del consumidor, ausencia de control de la real importancia de la limitación a la baja de los intereses), es claro que no los reúne y, además, como luego se demostró, conocía la entidad prestamista que el euribor caería considerablemente, por lo que las consecuencias económicas para la ejecutada hubieran sido más favorables y por tanto muy diferentes. La transparencia garantiza que el cliente conozca o pueda conocer la carga económica que el contrato supone para él y la prestación que va a recibir de la otra parte y, además, garantiza la adecuada elección del consumidor en aquello cuya determinación se confía al mercado y la competencia, lo que supone que más allá de la mera exigencia de claridad de los términos de las cláusulas, se pretende asegurar que el consumidor tenga una posibilidad real de comparar las distintas ofertas y alternativas de contratación del producto. La referencia del tipo de interés variable al IRPH, puede inducir a error al cliente sobre un aspecto fundamental del contrato y llevarle a adoptar una decisión irracional, esto es, elegir una oferta cuyo tipo variable lo sea a un tipo superior que si lo hubiera hecho al Euribor. Por ello es correcto declarar la nulidad de la cláusula de interés variable referenciada al IRPH y condenar a la demandada a eliminarla y sustituirla por la de interés variable referida al Euribor más el diferencial pactado
(Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 4 de mayo de 2017, recuso 936/2016)

Acción reivindicatoria. Comunidad de propietarios. Elementos comunes. Patio de luces. Obras y huecos abiertos al mismo. Instalación de aparatos de aire acondicionado. Inexistencia de acuerdos comunitarios. La sentencia de apelación confirma la de instancia que desestima la demanda en ejercicio de una acción reivindicatoria respecto de parte de un patio común con condena de los demandados a derribar la edificación ejecutada en dicho terreno, cerrar los huecos de luces y vistas abiertos a dicho patio y retirar los comprensores de aire acondicionado instalados por no contar con autorización de los otros condueños. Es admitido por ambas partes que el patio es un elemento común y el problema estriba en la fijación de su superficie para determinar si efectivamente se ha producido o no su ocupación por parte de los demandados/apelados. En este sentido, no se acoge la acción reivindicatoria ya que el plano parcelario catastral no fija la ocupación en la forma que defiende la apelante, por lo que no se puede entender identificada la parte de patio que se dice ocupada por la parte apelada. En cuanto al hueco abierto en la fachada para instalar el contador de la electricidad, a tenor del art. 396 Código Civil, la fachada es elemento común y por ende inalterable salvo acuerdo unánime de los propietarios. En el caso, consta en autos un acuerdo para remodelar el cuarto de contadores adaptándolo a la normativa vigente. Por último, ha quedado admitido que los compresores de aire acondicionado están colocados en la fachada del inmueble, sobre el recinto del patio de luces. En relación al aparato de aire acondicionado y su necesidad en el tiempo actual existe doctrina jurisprudencial que entiende que, existiendo acuerdos comunitarios en relación a la colocación de los aparatos de aire acondicionado, ha de estarse a los acuerdos alcanzados, pero no existiendo éstos se propugna una interpretación amplia entendiendo que es procedente la colocación de estos aparatos sin necesidad de autorización y salvo que genere molestias a los demás vecinos. En el caso, no ha quedado acreditado que la Comunidad de Propietarios haya adoptado acuerdo alguno sobre la autorización o no para la colocación de estos elementos y por tanto tampoco existe acuerdo sobre lugar idóneo de colocación.

(Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 2ª, de 20 de diciembre de 2016, recurso 261/2015)

La obligación de dar alimentos “es una de las de mayor contenido ético” del ordenamiento jurídico, así como “uno de los elementos ineludibles de la patria potestad”. Sin embargo, se trata de una obligación que se extiende hasta que los hijos alcancen la suficiencia económica siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo. En este caso, la situación de la demandante y recurrente ha sido provocada por su propia conducta que no ha concluido pese a su edad la enseñanza secundaria obligatoria” o que “ha solicitado y obtenido dinero de parientes para la realización de diversos cursos sin obtener resultado ninguno bien por no matricularse bien por no asistir de forma continua o regular a las clases.

También se refiere a los distintos trabajos que la joven ha tenido y que ha finalizado “por diversos motivos” como “excesivo esfuerzo, demasiadas horas o escasa retribución y a su conveniencia, sin que por otro lado haya aprovechado el tiempo para aumentar o finalizar su formación. La situación económica de la joven, que actualmente tiene 23 años, responde a su propia conducta “de abandono, vagancia y falta de aprovechamiento la que la ha colocado en la situación que actualmente ostenta y que no la hace acreedora de la obligación de alimentos que reclama”.

(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo civil, de 14 de marzo de 2017, Rec. n.º 828/2016)

Separación matrimonial. Pensión compensatoria. Trabajo para la casa. Contribución a las cargas familiares realizada por uno de los cónyuges, cuando éste temporalmente ha contribuido en forma de trabajo en la actividad profesional del otro. El trabajo para la casa se considera una contribución al sostenimiento de las cargas del matrimonio. Se asimila la contribución a las cargas familiares realizada por uno de los cónyuges con el trabajo en la actividad profesional del otro, bien por la vía de la interpretación extensiva de la expresión trabajo para la casa recogida en el artículo 1.438 CC, o bien por la aplicación analógica del aludido precepto.

La regla sobre compensación contenida en el artículo 1.438 CC, dirigida a mitigar la desconsideración de que es objeto en el régimen de separación el cónyuge que se dedica de forma exclusiva al trabajo para la casa, pudo responder en su origen al presupuesto de quien solo se había dedicado al hogar y no había realizado ninguna suerte de actividad remunerada. En la realidad social actual (art. 3.1 CC), más allá de aquella inspiración que movió al legislador a introducir una compensación económica para ese cónyuge, parece oportuno atender a la situación frecuente de quien ha trabajado con mayor intensidad para la casa pero, al mismo tiempo, ha colaborado con la actividad profesional o empresarial del otro, fuera por tanto del ámbito estrictamente doméstico, aun cuando medie remuneración, sobre todo si esa colaboración se compatibiliza y organiza en función de las necesidades y organización de la casa y la familia.

Así, es relevante que la esposa haya trabajado en la casa y, además, en el negocio familiar con un salario moderado y contratada como autónoma en el negocio familiar, lo que le privaba de indemnización por despido. Por tanto, la colaboración en actividades profesionales o negocios familiares, en condiciones laborales precarias, puede considerarse como trabajo para la casa que da derecho a una compensación, dado que con dicho trabajo se atiende principalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio de forma similar al trabajo en el hogar.

Con este pronunciamiento se adapta la jurisprudencia de la Sala al presente supuesto en el que la esposa no solo trabajaba en el hogar sino que además trabajaba en el negocio familiar con un salario moderado y contratada como autónoma en ese negocio, lo que le privaba de indemnización por despido, criterio que ya anticipábamos en la sentencia 136/2017, de 28 de febrero, que atiende para denegar el derecho a la compensación económica citada a que la realización de un trabajo fuera del hogar se haya realizado por cuenta ajena.

(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo civil, de 26 de abril de 2017, Rec. n.º 1370/2016)

Contrato de arrendamiento de vivienda. Temporalidad del contrato. Desahucio. Arrendamiento de viviendas de la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid. Es la legislación administrativa la normativa aplicable a las viviendas de protección oficial de promoción pública respecto, entre otras cosas, al plazo de duración del contrato de arrendamiento sobre las mismas, y la que establece en las estipulaciones segunda y tercera del contrato, así como en el Decreto de la Comunidad de Madrid 100/1986, de 22 de octubre, por el que se regula la cesión en arrendamiento de las viviendas de protección oficial de promoción pública, un sistema de prórroga forzosa bianual por el hecho de que el arrendatario mantenga las condiciones exigidas en la norma (ingresos anuales inferiores a 2'5 veces el salario mínimo interprofesional anual) y que no sea titular o posea otra vivienda por compraventa o arrendamiento o cualquier otro título, dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid, lo que excluye que estemos ante un plazo indefinido, indeterminado o inexistente contrario a la temporalidad que es esencial al contrato de arrendamiento, puesto que viene determinado por las propias estipulaciones contenidas en el contrato litigioso y las condiciones que deben darse para acogerse a la prórroga bianual. Al no estar en presencia de un contrato de arrendamiento con plazo indefinido, indeterminado o inexistente, que supondría aplicar las normas generales del Código Civil y de la Ley de Arrendamientos Urbanos para la expiración del plazo, no se pueden interpretar las estipulaciones del contrato de arrendamiento de manera contraria al arrendatario, que nada ha tenido que ver con su redacción, y permitir,  a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato con un preaviso de un mes o un año, según se haya determinado la renta, sino que lo que se deduce es que la duración del contrato es de quince años, conforme a su artículo 6 (referida al Decreto 100/1986 ), y que el arrendatario tiene derecho a prórrogas bienales sucesivas condicionadas al cumplimiento de los requisitos que se señalan.

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 12 de mayo de 2017, Rec. n.º 309/2015)

Recurso de apelación. Oposición al recurso y formulación de impugnación de sentencia por el no apelante en aspectos no relacionados con la apelación planteada. Es incorrecta la tesis de la Audiencia Provincial, que aprecia que habría precluido la posibilidad de impugnar un pronunciamiento de la sentencia de primera instancia porque el demandado no apeló inicialmente los pronunciamientos condenatorios. Por el contrario, solo precluye la posibilidad de impugnar (dejando aparte matizaciones aplicables a las situaciones más complejas de pluralidad de partes) cuando el litigante ha formulado recurso de apelación contra la sentencia que ha estimado parcialmente las pretensiones de una y otra parte, y con motivo del traslado que se le da del recurso de apelación interpuesto por la parte contraria, ese litigante, que también apeló inicialmente, pretende ampliar, mediante la formulación de una impugnación, los pronunciamientos objeto de su recurso de apelación inicial: lo que la doctrina prohíbe es que la parte aproveche el trámite de impugnación para incorporar al debate aspectos que no combatieron inicialmente en su recurso. Pero, si ante una estimación parcial de las pretensiones de una y otra parte, un litigante se aquietó inicialmente y no formuló recurso de apelación, puede aprovechar el trámite de oposición al recurso de apelación formulado por el litigante contrario para impugnar a su vez la sentencia, y tal impugnación puede afectar a pronunciamientos que sean objeto del recurso de apelación principal o a otros pronunciamientos ajenos a tal recurso, con tal de que le sean desfavorables y que la impugnación sea dirigida contra el apelante. La impugnación a que se refiere el artículo 461 LEC es, por tanto, un instrumento procesal que la Ley pone al alcance de la parte que se aquieta con el fallo de primera instancia que no le resulta totalmente favorable y que es apelado por la contraria, para insertar pretensiones autónomas y eventualmente divergentes de la apelación principal, evitando el riesgo de que a través del recurso se agrave en su contra ese pronunciamiento.

(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de 26 de abril de 2017, recurso 1624/2016)

Revisión de sentencia. Documentos obrantes en registros públicos. Sobreseimiento de denuncia de falsedad en documento público. El expediente catastral y la modificación del catastro a que dio lugar formaban parte de un registro público que pudo ser comprobado antes de la interposición de la demanda de juicio ordinario. Para que proceda la revisión de una sentencia firme por la causa primera del artículo 510 LEC, es necesario que los documentos se hubieran obtenido o, en su caso, recobrado, después de pronunciada la sentencia cuya rescisión se pretende; que no se hubiera podido disponer de ellos en el proceso en que recayó dicha sentencia, por causa de fuerza mayor o, en su caso, por obra de la parte en cuyo favor se hubiere decidido el conflicto; que se trate de documentos decisivos para el pleito, esto es, con valor y eficacia de resolverlo; y que la concurrencia de los requisitos expresados se pruebe por la parte demandante, a quien incumbe la correspondiente carga procesal. Los documentos que obren en un protocolo, registro o archivo público de los que se pueden obtener fotocopias, testimonio o certificación no pueden ostentar la condición de documentos recobrados que hubiesen estado retenidos por fuerza mayor o por malicioso proceder de la parte favorecida por la sentencia impugnada. Por otra parte, la pretendida falsedad del expediente catastral, con la alegada connivencia de notario, registrador, abogados, ingenieros técnicos e ingenieros agrícolas, no se sostiene, dado que la falsedad documental no ha sido acreditada, en cuanto a la denuncia penal fue sobreseída provisionalmente por el Juzgado de Instrucción y confirmado por la Audiencia Provincial. En este sentido, no es suficiente una mera denuncia, sino que es imprescindible una sentencia de condena penal, pues bastaría una simple denuncia frente a cualquiera de los intervinientes en un procedimiento judicial para quebrar el principio de seguridad jurídica, posibilitando un procedimiento tan estricto y riguroso como el de revisión de una sentencia firme.

(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de 18 de abril de 2017, recurso 51/2013)

Cataluña. Familia. Modificación de medidas. Vivienda familiar. Limitación temporal. Prórroga de la atribución del uso de la vivienda familiar hasta la división de la cosa común. En la atribución del uso del domicilio familiar, la normativa del CCCat, ha flexibilizado su régimen legal y han de considerarse las necesidades, en cada supuesto concreto. En todo caso, dicha atribución por razón de la necesidad es siempre temporal, sin perjuicio de que puedan instarse las prórrogas que procedan, también con carácter temporal. Por tanto, en el supuesto litigioso, la ponderación entre las necesidades de la recurrente que siguen subsistiendo ha de ser puesta en relación con el derecho de copropiedad sobre la vivienda, debiéndose realizar una valoración adecuada de las circunstancias. En este sentido, la recurrente tiene atribuida la vivienda que fue domicilio familiar desde que se separó en el año 1.989, primero, sin limitación alguna, y tras el divorcio, con limitación de 5 años. Es decir, en la actualidad, la atribución del domicilio familiar a la esposa dura 27 años, solicitando la actora una nueva prórroga de 20 años. No procede acceder a la prórroga solicitada ya que, caso de estimarse, sería una extensión desmesurada de la limitación y contravendría, en la práctica, el alcance que se ha querido fijar a las prórrogas legales con la finalidad de compatibilizar las necesidades de quien se le atribuye la vivienda con los derechos dominicales. Ahora bien, mientras no se proceda a la efectiva división del bien común o liquidación efectiva del régimen económico familiar se le atribuye a la recurrente, sin establecer un plazo perentorio, como señala la resolución recurrida, para que la división se lleve a cabo en seis meses, pues debe hacerse notar que en contra de lo declarado por dicha sentencia, cualquiera de las partes pueden, en cualquier momento, solicitar la división de la cosa común y si bien no se ha efectuado hasta el momento ello no significa que se encuentre obstaculizado el procedimiento de división. Se trata, pues, de conceder una prórroga de la atribución de la vivienda a la recurrente si bien sujeta a un evento futuro como es la efectiva división de la cosa común, lo cual resulta adecuado y no deja totalmente improductivo un bien común cuya división puede solicitar cualquiera de los titulares, sin carga o gravamen que afecte a la casa.

(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo civil y penal, de 20 de febrero de 2017, recurso 157/2016)

Préstamo hipotecario multidivisa. Acción de nulidad. Recurso de casación. Graves defectos en la formulación de los motivos. Inadmisibilidad del recurso. Copia de recurso anterior. La Sala ha declarado de forma reiterada que la imprescindible claridad y precisión del recurso de casación, exigen una estructura ordenada que posibilite un tratamiento separado de cada cuestión, con indicación de la norma sustantiva, la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo o el principio general del Derecho infringidos. Y además, que el recurrente argumente la infracción con razonable claridad para permitir la individualización del problema jurídico planteado, de tal forma que no cabe una argumentación por acarreo en la que se mezclen argumentos sobre las cuestiones más diversas y se denuncien en un mismo motivo infracciones legales de naturaleza diferente. En el caso, los motivos del recurso están formulados con serios defectos de técnica casacional que impiden que la sala pueda entrar a resolverlos. Además, la Sala ha podido comprobar que el recurso formulado por los demandantes es, en la práctica, una copia de otro recurso anterior del que ya conoció y fue resuelto en la sentencia 323/2015, de 30 de junio, del que se ha reproducido la mayor parte, pese a que en aquel caso la normativa aplicable era otra por la fecha de suscripción del contrato y los argumentos de la Audiencia Provincial que se impugnaban en el recurso eran diferentes a los utilizados en la sentencia que aquí se recurre. Se llega al punto de reproducir las erratas, el uso de acrónimos de leyes que son irreconocibles, y se hace referencia incluso a determinadas alegaciones de la entidad bancaria que allí era recurrida, que lógicamente no son las realizadas en este recurso en que la recurrida es otra entidad bancaria. No parece razonable que por el método de «copiar y pegar» que facilita el uso de medios informáticos, se reproduzca un extenso recurso interpuesto contra otra sentencia que también presentaba graves defectos. Una cosa es aprovechar las alegaciones que puedan servir para uno y otro caso, y otra, inadmisible, es reproducir incluso las que solo eran aplicables al anterior recurso. Asimismo, pese a que en las anteriores instancias tanto la parte demandada como el tribunal sentenciador advirtieron a la parte demandante de que estaba invocando como fundamento de sus pretensiones normas legales inaplicables, puesto que fueron promulgadas con posterioridad a la firma del contrato, en el recurso de casación tal práctica inadmisible no solo persiste, sino que se agrava. En consecuencia se desestima el recurso por causas de inadmisión.

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 6 de abril de 2017, recurso 644/2015)