Artículos de Interés

El presente artículo es la elaboración de un estudio jurídico cuyo objeto es conocer el debate sobre la titularidad de derechos o no de los animales y cómo se articula el derecho de los animales en España. Este tema suscita cada vez más interés en la sociedad y en la política y, sin embargo, la normativa tiene mucho que avanzar todavía para cumplir con las exigencias europeas y sociales. Se analizarán cuestiones en relación con la titularidad de derechos, la normativa estatal, autonómica y local que configura el derecho de los animales, sus deficiencias y una posible propuesta de mejora que pasa por su inclusión constitucional. Como conclusión, observaremos lo atrasada que se encuentra la regulación nacional al respecto.

Palabras claves: legítima expectativa; riesgo regulatorio; ayuda de Estado; arbitraje de inversión; derecho de la Unión Europea; derecho internacional; reconocimiento y ejecución de laudos.

El conflicto normativo que en este trabajo se aborda representa un claro exponente de la imposibilidad de cumplir de forma simultánea dos normas que arrastran a resultados antagónicos. De una parte, el régimen de ayudas de Estado de la Unión Europea en tanto que opuesto al otorgamiento de ventajas económicas selectivas e imputables a los Estados miembros, al ser incompatibles con el mercado interior. De otra, la obligación de ejecutar los laudos producto de los mecanismos de solución de controversias dispuestos en acuerdos internacionales y, en particular, en el Tratado de la Carta de la Energía. Se trata de una cuestión de la mayor actualidad y relevancia económica para España, al seguirse sucediendo laudos condenatorios multimillonarios por la supresión de incentivos a las energías renovables en el marco de una batalla judicial y arbitral que aún se libra y que presenta multitud de frentes abiertos a lo largo de todo el planeta. La exposición parte de la desigual forma en la que se han protegido las legítimas expectativas de los inversores ante los órganos judiciales nacionales y los arbitrales, discurre por el decisivo precedente que el asunto Micula puede representar y culmina concluyendo en la improcedencia de que tales laudos sean satisfechos por España en los casos en que el inversor sea nacional de un Estado miembro, atendiendo a lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Achmea.

Palabras claves: legítima expectativa; riesgo regulatorio; ayuda de Estado; arbitraje de inversión; derecho de la Unión Europea; derecho internacional; reconocimiento y ejecución de laudos.

La excesiva asunción de riesgos a corto plazo por los inversores tiene un impacto negativo en la gestión y el rendimiento empresarial, pudiendo generar una pérdida de competitividad, productividad e ir en detrimento del valor de la empresa. Esta situación se agrava todavía más en épocas de crisis económica. El presente trabajo tiene por objeto el estudio de las distintas alternativas que, desde el gobierno corporativo, se proponen para fomentar la implicación de los accionistas en las sociedades cotizadas a largo plazo. Se parte de una revisión de la evolución que el gobierno corporativo ha experimentado en las últimas décadas, y que encuentra su último desarrollo en la Directiva 2017/828, de 17 de mayo, para, a continuación, analizar un instrumento relevante cuya inclusión al derecho español se ha propuesto en el Proyecto de Ley de 7 de septiembre de 2020, que plantea la trasposición de la citada directiva al ordenamiento jurídico español: nos referimos al régimen jurídico de las acciones con voto adicional por lealtad. Se reflexionará sobre el encaje que esta figura tiene en el derecho español y se estudiará, por un lado, la regulación del voto adicional por lealtad en la UE y en el derecho comparado y, por otro lado, el régimen español proyectado en materia de acciones con voto adicional por lealtad, instrumento cuya inclusión pretende fomentar el activismo accionarial y la implicación de los socios en las sociedades cotizadas a largo plazo.

Palabras claves: largoplacismo; acciones de lealtad; voto adicional por lealtad; gobierno corporativo; activismo accionarial.

El presente trabajo aborda los aspectos civiles de la violencia de género y, en concreto, una cuestión que en ocasiones se pasa por alto en la reclamación de dicha responsabilidad civil, esto es, si es posible reclamar el padecimiento o daño moral de la víctima. Para determinar si tal padecimiento es indemnizable, analizaremos diversos criterios encaminados a su determinación, prueba y cuantificación. Por último, examinaremos la cuestión de si ese daño moral indemnizable sería diferente del daño psicológico o de las secuelas psíquicas que pueda presentar la víctima y si, en tal caso, cabe plantear una reclamación de responsabilidad civil en la que se incluyan, de manera separada y motivada, distintos importes en concepto de las secuelas psicológicas causadas y del daño moral padecido por la víctima, además de por los daños ocasionados por las lesiones corporales causadas, en su caso.

A la enorme litigación ligada a los préstamos hipotecarios celebrados con consumidores se sumarán con toda seguridad las reclamaciones sobre las tarjetas de crédito revolving; un producto bancario de crédito al consumo muy extendido para todo tipo de público y que ha sido recientemente puesto en cuestión, al considerar nuestro Tribunal Supremo, en su Sentencia de 4 de marzo de 2020, que sus tipos de interés, en determinados casos, son usurarios y por consiguiente el contrato celebrado radicalmente nulo. Lejos de proteger al consumidor, consideramos que la sentencia desincentivará el uso de las tarjetas revolving, reducirá la competencia de este producto en el sector bancario y puede que produzca efectos colusorios en el mercado, lo que podría evitarse con una precisa regulación sobre estas tarjetas que evitara litigiosidad y pronunciamientos dispares de los órganos judiciales inferiores, ofreciendo asimismo mayor seguridad jurídica para todos los intervinientes en el mercado.

Palabras claves: tarjetas bancarias; crédito revolving; Tribunal Supremo; usura; covid-19; gobierno de producto.

Entre las cuestiones más relevantes que atañen el derecho de sociedades de nuestro tiempo se encuentran aquellas que afectan a la retribución de los administradores sociales. La prelación normativa contenida en el artículo 217 de la Ley de sociedades de capital da lugar a tensiones entre los distintos intereses implicados, al paso que la legitimidad de la remuneración percibida por los administradores sociales es motivo de frecuentes controversias entre los socios. El presente trabajo aborda críticamente esta materia, con particular énfasis en la protección dispensada a los socios en las sociedades cerradas, como una cuestión tipológica, tras la mayor concreción establecida en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Para ello trata de recomponer el sistema legal de remuneración según las diferentes orientaciones dogmáticas y jurisprudenciales y la teleología de las normas que ordenan las competencias orgánicas en la fijación de las remuneraciones de los administradores sociales.

Palabras claves: remuneración; administradores; sociedades cerradas.

La fraccionada composición que, con carácter general, presentan los parlamentos españoles (Cortes Generales y asambleas de las comunidades autónomas) como consecuencia de las distintas elecciones celebradas desde el 2015, marcada por el descenso de los dos grandes partidos mayoritarios y la irrupción de nuevas formaciones políticas, determinantes en muchos casos de la gobernabilidad, ha afectado profundamente a todas las funciones parlamentarias y, muy particularmente, a la potestad legislativa, hasta el punto de poder afirmar que el desencuentro –cuando no el directo enfrentamiento– entre el Gobierno y el Parlamento se ha convertido, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, en la regla general del quehacer legislativo. De las tendencias provocadas por el insólito contexto multipartidista en la práctica legislativa española destacan, por su indudable impacto en el sistema de fuentes del derecho español, en el principio de división de poderes que sustenta el Estado de derecho e, incluso, en algunas garantías constitucionales básicas (como la tutela judicial efectiva o el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de representantes), el uso absolutamente desproporcionado –y, en ocasiones, para supuestos singulares– del decreto-ley por parte del Ejecutivo y el ejercicio por este, en contra de lo que venía siendo praxis parlamentaria, de su prerrogativa de veto presupuestario a proposiciones de ley de la oposición. Al análisis de estas dos significativas tendencias dedicamos la presente investigación.

Palabras claves: separación de poderes; relaciones Gobierno-Parlamento.

Como resultado de las diversas estrategias y medidas implementadas alrededor del globo por las autoridades nacionales, supranacionales e internacionales de defensa de la libre competencia, como respuesta a la crisis suscitada por la covid-19, el artículo presenta, a través de un enfoque material, no territorial, las características, similitudes y diferencias de aquellas, así como los criterios jurídico-sustantivos y jurídico-procesales que sustentan o desaconsejan su puesta en marcha o extensión, más allá de las fases primarias de mayor impacto, suscitadas por la pandemia.

Palabras claves: covid-19; competencia; autoridades de competencia; medidas adoptadas; acuerdos; flexibilización; fortalecimiento.

Es un hecho que la inteligencia artificial, gracias al imparable desarrollo de la tecnología y la ciencia, está en condiciones de crear obras susceptibles de protección por la propiedad intelectual. Sin embargo, la tutela de los resultados generados por las máquinas inteligentes a través del citado sector del ordenamiento está en tela de juicio. En todo caso, el desembarco de la inteligencia artificial en un ámbito tradicionalmente reservado a las personas físicas constituye una realidad que ha de abordarse.
La decisión de proteger a las obras generadas por inteligencia artificial apunta directamente al corazón de los fundamentos de la propiedad intelectual. Con la finalidad de arrojar algo de luz sobre una cuestión novedosa y no resuelta, el presente trabajo distingue entre las obras de arte desarrolladas por las máquinas de forma autónoma de aquellas en las que el factor humano resulta relevante en la consecución del resultado. El análisis efectuado nos llevará a decidir, en última instancia, si las nuevas reglas del juego exigen una reformulación del concepto de autor, si los resultados generados por la inteligencia artificial resultan extraños al ámbito de la propiedad intelectual o si, finalmente, es posible una confluencia que permita observar a las máquinas inteligentes como aliadas en el proceso creativo.

Palabras claves: inteligencia artificial; propiedad intelectual; obras de arte.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas supone el inicio de una «nueva normalidad» en nuestro ordenamiento jurídico. A lo largo de este artículo se analiza la aplicación de las penas susceptibles de imponerse a las personas jurídicas considerando las distintas dificultades o especialidades de carácter procesal que supone su ejecución, si bien se ha de tener en cuenta que el legislador no ha previsto de forma directa la aplicación de los sustitutivos penales establecidos en la legislación penal aplicables a las personas jurídicas, así como tampoco la aplicación de la suspensión de la condena o el indulto de una forma específica, tal y como requeriría la normativa en materia penal.