Artículos de Derecho Civil

Con el presente trabajo se realiza una investigación detallada de la incidencia de las nuevas tecnologías en el derecho al honor, intimidad y propia imagen de personas físicas y jurídicas, y en concreto, de la inoperancia del apartado tercero del artículo 525 de la Lec en la actualidad. Para ello, resulta imprescindible estudiar los orígenes del artículo 525.3 de la LEC y las consecuencias que hoy en día genera la aplicación de tal disposición en relación con la globalización de las TIC. Además, se analizan los diversos criterios que adoptan los tribunales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de España y Audiencias Provinciales) sobre la valoración del daño moral que sufre tanto la persona física como la empresa, mostrando nuestra propia visión sobre el problema planteado atendiendo a la línea seguida por los tribunales ingleses.
Finalmente, se realizan una serie de conclusiones críticas y valorativas sobre los diversos puntos tratados en el transcurso de la investigación.

Palabras claves: tecnologías de la información y la comunicación; ejecución provisional; daño moral; honor; intimidad; propia imagen; red social; página web.

La proliferación de códigos de conducta que en la actualidad están siendo aprobados por multitud de instituciones empresariales pertenecientes a los más diversos sectores, mucho más allá del sector publicitario, pionero en la implantación de los sistemas de autorregulación, implica que nos planteemos su repercusión en el Mercado. En efecto, esta situación, que supone un complemento de la regulación para aquellos operadores económicos que voluntariamente se adhieren a los sistemas de autorregulación comprometiéndose a cumplir las normas establecidas en los respectivos códigos de conducta, conlleva unos efectos directos sobre la competencia que deben estar previstos y regulados por el ordenamiento jurídico. Si bien nuestra actual Ley de Competencia Desleal prevé ya ciertos supuestos relacionados con códigos de conducta desde la reforma llevada a cabo en el año 2009, basados fundamentalmente en el acto de engaño, la casuística que se plantea ahora podría suponer que quedaran impunes ciertos comportamientos desleales, lo cual entraría en contradicción con la voluntad decidida del legislador europeo y nacional de fomentar estos sistemas de autorregulación. En el presente trabajo se analiza la eficacia de las actuales previsiones de la ley en la materia, proponiendo una nueva interpretación, para la cual se parte de la función diferenciadora de los sistemas de autorregulación, como elementos inmateriales distintivos del empresario que voluntariamente se adhiere al código de conducta, de manera que tanto su indebida utilización como su incumplimiento tendrían cabida dentro de otros supuestos distintos del acto de engaño, como pueden ser la violación de normas o los actos de explotación de la reputación ajena.

Palabras claves: autorregulación; código de conducta; competencia desleal; explotación de la reputación ajena; acto de engaño; práctica comercial engañosa.

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, constituye uno de los más decididos remedios del legislador para proteger, a través de vías procesales rápidas, el derecho de propiedad privada frente al fenómeno «okupa», en un intento de sortear la actual saturación que experimenta la Administración de Justicia, al tiempo que de facilitar a las Administraciones públicas competentes la puesta en práctica de programas de coordinación orientadas a proveer de vivienda a las personas y familias en riesgo de exclusión residencial, que han sido objeto de desalojo.

Palabras claves: vivienda; ocupación ilegal; okupas; juicio verbal.

La figura de la titulización ha sido utilizada principalmente por las entidades financieras como fuente de financiación. A pesar de que tiene como objetivo, entre otros, facilitar el acceso al crédito de las mismas, en los últimos años esta estructura ha estado sometida a crítica y ha sido objeto de debate por su asociación con la crisis financiera que se inició en 2007. Fue entonces cuando este instrumento se hizo visible al público en general, dejando de ser exclusividad del mercado profesional. A raíz de esta visibilidad se han ido planteado una serie de cuestiones que necesitan ser concretadas para evitar una situación de inseguridad jurídica. Entre ellas se encuentra el objeto de este estudio, esto es, el cuestionamiento de la legitimación activa de las entidades financieras para instar la ejecución de la garantía hipotecaria de préstamos o créditos que hayan sido titulizados. Por ello el presente documento pretende llegar a una conclusión razonada sobre la discusión mediante el análisis de la problemática general, de la naturaleza y características de diversas figuras implicadas, y el desarrollo de las distintas interpretaciones, así como su situación actual, tanto legal como judicial, doctrinal y jurisprudencial.

Palabras claves: titulización; legitimación activa; figura jurídica; participaciones hipotecarias; ejecución hipotecaria.

El presente artículo trata sobre la denominada «prueba de testigos arquitectónicos» e intenta contribuir a su desarrollo como sustento de la decisión judicial. En primer lugar, se expone en qué consiste este medio probatorio a través de un caso práctico sobre la acreditación de una servidumbre de luces y vistas mediante fotografías datadas por los «hitos arquitectónicos» contenidos en las mismas. Este proceso y sus resultados permiten reflexionar sobre la prueba de testigos arquitectónicos, su definición científica, así como sobre su implementación y encuadramiento entre los diferentes medios de prueba. El trabajo finaliza analizando la utilidad y aplicabilidad de este tipo de prueba en los órdenes jurisdiccionales civil, penal y contencioso-administrativo.

Palabras claves: prueba; testigos arquitectónicos; fotografía; datación.

El presente trabajo aborda la cuestión de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular, en el contexto de ejecuciones hipotecarias. La crisis económica, que hoy puede entenderse superada, supuso un cambio de paradigma respecto de un proceso, el de ejecución hipotecaria, que sustancialmente sigue siendo un proceso expeditivo para con el ejecutado, pero que –al menos lo pretende–, sin embargo, con motivo de la aplicación de la normativa comunitaria y de la jurisprudencia del TJUE se está reconvirtiendo a golpe de jurisprudencia. Actualmente, sin ir más lejos, muchos juzgados suspenden los procesos de ejecución en espera de que el TJUE se pronuncie de nuevo, esta vez sobre el vencimiento anticipado.
Sea como fuere, lo cierto es que no podemos vaticinar lo que dirá el tribunal, pero, mientras tanto, la situación en los juzgados españoles se antoja dispar. Pasados los peores momentos de la crisis, los juzgados vuelven a reconsiderar la ultraprotección que merecieron los consumidores, si bien las exigencias de la Directiva 93/13/CEE y las reformas legislativas producidas tras la sentencia del caso Aziz obligan a seguir tutelando al consumidor, quizás más allá de lo necesario. Es por ello por lo que se plantea en el presente trabajo el tema de las cláusulas más controvertidas en el seno de la ejecución, partiendo de una premisa básica: ni todo es tan abusivo, ni todos son tan vulnerables como se deja entrever.

Palabras claves: cláusulas abusivas; procesos de ejecución hipotecaria; ejecutado; tutela del consumidor; sentencia del caso Aziz.

Seguramente uno de los más señeros focos de litigiosidad que en los últimos años se ha producido en el ámbito académico propio del Derecho Civil resulte ser el concerniente a las denominadas cláusulas suelo insertas en contratos de préstamo con garantía hipotecaria. Los problemas gestados con su aplicación, y el peculiar enfoque que se les brindó en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, parecen haber sido reconducidos por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016. Pero, en verdad, siguen produciéndose nuevas cuestiones dudosas a resultas de tal resolución, bien por flecos pendientes bien por surgimiento de otras. En estas páginas se propone el análisis de ambas laderas, y la obtención inductiva, con un ánimo reflexivo más genérico, de algunas conclusiones muy significativas respecto a lo que el Derecho Civil implica y ofrece en los tiempos que vivimos.

Palabras claves: cláusula suelo; tribunal.

La conciliación se encuadra dentro de los procedimientos de resolución alternativa de conflictos, es decir, que pretenden dar solución a una controversia entre partes intentando lograr el acuerdo sin que tenga que ser un juez el que tome la decisión. La novedosa regulación de la conciliación supone la atribución de una nueva función a notarios y registradores que se incardina en el marco de desjudicialización de ciertas materias que proclama la propia exposición de motivos de la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria. Todo intento de conciliación tiene por objeto alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito, debiendo inadmitirse la petición cuando suponga la utilización de este expediente para fines distintos y suponga manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal.

Palabras claves: acto de conciliación; artículo 103 bis LH; artículos 139 a 148 LJV.

Nuestro Código Civil, en su artículo 56.2, en la redacción anterior a la reforma dictada por la Ley 15/2015, se refería, en sede de celebración de matrimonio, al supuesto en el que alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, exigiendo un dictamen médico sobre la aptitud, en tal supuesto, para la prestación de consentimiento matrimonial.
Dicho artículo 56.2 ha sido objeto de reforma, que entró en vigor en el pasado día 30 de junio de 2017, suprimiendo el legislador la dicción de «anomalías psíquicas», siendo reemplazada esa dicción por «deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales», manteniéndose la exigencia de dictamen médico sobre la aptitud para prestar el consentimiento y, por ende, para que el matrimonio sea válido.

Palabras claves: capacidad; incapacidad; consentimiento matrimonial; dictamen médico.

El objeto del presente trabajo consiste en abstraer las características principales de la legislación autonómica de expropiación temporal del uso de viviendas, por su previsión en Cataluña, Andalucía, Navarra, Canarias y el País Vasco, y recientemente en la Comunidad Valenciana y Extremadura. A estos efectos, se examinarán los elementos comunes de esta normativa, prestando una especial atención a las particularidades que presentan las últimas disposiciones aprobadas en la Comunidad Valenciana y Extremadura, y se emitirá una valoración de su encaje constitucional. Finalmente, se analizará el arrendamiento con opción de compra para evitar el lanzamiento del deudor hipotecario, articulado en la Comunidad Valenciana como paso previo a la expropiación temporal del usufructo de viviendas.

Palabras claves: expropiación; ejecución hipotecaria; vulnerabilidad; lanzamiento; arrendamiento de vivienda.