Jurisprudencia

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en fecha  12/01/2012, reitera como doctrina jurisprudencial que la convocatoria para la celebración de juntas de propietarios exige, para la validez de los acuerdos que se adopten, que s e fijen en el orden del día los asuntos a tratar, para que puedan llegar a conocimiento de los propietarios. Por tanto, no resulta admisible la adopción de acuerdos que no estén en el orden del día, ni tan siquiera bajo el epígrafe de ruegos y preguntas, declarando nulo el acuerdo - en el presente caso, relativo a la instalación de grifería y pileta de desagüe- que no tiene reflejo en la convocatoria de la junta de propietarios, tal como dispone el art. 16.2 LPH.

La Audiencia Provincial, aunque parte de la obligatoriedad de indicar en la convocatoria de la Junta de Propietarios los asuntos  a tratar, declara válido el acuerdo relativo a la instalación de grifo comunitario y pileta de desagüe, aunque no esté incluido en el orden del día, basando su decisión en el escasa importancia del mismo, ya que se concreta en la obligación de abonar como gasto único por propietario el de 41,66 Euros.

Once años después de la interposición del recurso de inconstitucionalidad sobre algunos preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, el Tribunal Constitucional en su sentencia 26/2012, de 1 de marzo de 2012, ha procedido a la declaración de la inconstitucionalidad y nulidad de alguno de ellos, en concreto los artículos 4.2, 18.2, 27 a), 28 y 35.2, que regulan entre otras, cuestiones como la actividad comercial al detalle, supuestos excluidos del horario general y la venta a pérdidas, horarios en días laborables, venta en saldos y limitación de ventas, por suerte estas tres últimas cuestiones ya se hallaban suspendidas de aplicación.

La Sala Primera del Tribunal Supremo  de 5 de marzo de 2012 aplicando la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su propia jurisprudencia, ha resulto que constituye intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario el ruido superior a los límites legalmente permitidos en la vivienda de los demandantes al transmitirse el sonido de un piano desde la vivienda de los demandados.  Se encuadra así, la protección frente al ruido en el ámbito de la tutela judicial civil de los  derechos fundamentales,  -sin perjuicio de que también quepa dicha protección al amparo de la legislación civil ordinaria- , ya que determinadas inmisiones pueden llegar a vulnerar los mismos como el derecho a la intimidad, y por tanto para reaccionar frente a las mismas una de las vías posibles es la de la tutela de los derechos fundamentales.

El Tribunal Supremo, en una sentencia de su Sala Primera del pasado 29 de febrero, estima el recurso de casación interpuesto por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) contra la contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de abril de 2010, que a su vez resolvía el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 59 de Madrid, en el litigio que enfrentaba a la mencionada organización sindical con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

El conflicto tiene su origen en un artículo publicado en la página web de la CNT en apoyo del portal de internet alasbarricadas.org, demandado por la antedicha entidad de gestión por unos comentarios, atentatorios al derecho al honor, a juicio de la demandante, vertidos en ese portal al referirse a un conocido miembro de la entidad actora. Dicho artículo contenía expresiones que igualmente merecieron el reproche de la SGAE por atentar contra su honor, interponiendo esta la demanda de la que trae causa la reciente sentencia del Supremo a la que nos venimos refiriendo.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de febrero de 2012, señala que los requisitos establecidos en el art. 181 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en la redacción dada por el Real Decreto 919/2010, de 16 de julio, de: disponer, al menos, de un local dedicado a la actividad de arrendamiento de vehículos, con nombre o título registrado y abierto al público previo cumplimiento de los requisitos legales sobre apertura de locales; disponer en propiedad, leasing o arrendamiento, del número mínimo de vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor que determine el Ministro de Fomento en función de las circunstancias del mercado. Dicho número no podrá ser inferior a cuatro. Los vehículos deberán tener carácter representativo pudiendo, a tal efecto, exigirse unas características mínimas de equipamiento, potencia o prestaciones y; disponer de un mínimo de dos conductores por cada tres vehículos, provistos del permiso de conducir de la clase BTP, en régimen de alta en la Seguridad Social y contratados a jornada completa, resultan contrarios a la modificación legislativa operada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre que, habiendo suprimido los preceptos legales en los que se apoyaban estas exigencias no cabe que el Gobierno las establezca de nuevo por vía reglamentaria.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, ha resuelto en fecha de 15 de Marzo de 2012 un litigio sobre la compatibilidad de unos contratos de estaciones de servicio con el Derecho de la Unión Europea de defensa de la competencia.

En el presente caso, un grupo empresarial y familiar, que explotaba varias estaciones de servicio en la provincia de Alicante demanda a la compañía mercantil, propietaria de instalaciones y en su caso también del terreno, que en exclusiva le suministraba los carburantes y combustibles (Shell España S.A. sucedida por Disa Península S.L.U.). La demanda fue desestimada en primera instancia al considerar el juez que la cuota de mercado de la compañía demandada no afectaba a la competencia intracomunitaria, al ser de un 3,5%. Esta sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid y recurrida en casación y por infracción procesal por la demandante y uno de los codemandados.

La sentencia de la Sala Primera desestima los recursos interpuestos. Desestima en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la demandante, en el que se ataca el no planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que su planteamiento es facultad del tribunal de apelación.

El art. 35 de la Ley 53/2002 (Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social) creó la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo.

Una tasa exigible a la gran empresa al figurar entre las exenciones subjetivas de la misma las entidades sin fines lucrativos, las entidades total o parcialmente exentas en el IS, las personas físicas y los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del IS.

Dicho artículo, en su apartado Siete, párrafo 2, dispuso:

«El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo, sin el cual el secretario judicial no dará curso al mismo, salvo que la omisión fuere subsanada en un plazo de diez días.»

El Tribunal Constitucional en STC 21/2012, de 16 de febrero, declara inconstitucional y por tanto nulo el art. 43.1 de la ya derogada Ley Catalana 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia por el que se permitía la acumulación de la acción de división de cosa común en el procedimiento de separación, divorcio o nulidad, en el régimen de separación de bienes.

La justificación competencial de la innovación procesal cuestionada se concreta en que constituye una respuesta jurídica idónea (permitir la acumulación de la acción de división de la cosa común con la de disolución del matrimonio), más adecuada que la prevista en el derecho procesal estatal, para un supuesto determinado (régimen de separación de bienes), que es habitual en Cataluña, sin embargo, no tienen cabida en la habilitación competencial operada por el art. 149.1.6 CE las normas procesales cuya razón de ser es introducir lo que el legislador autonómico plantea como una mejora de la legislación procesal general para la Comunidad Autónoma.

A través de un auto con fecha del pasado 27 de febrero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, eleva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial en torno a la aplicación de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, más concretamente, sobre varios conceptos y expresiones que aparecen en su articulado (“establecimiento”, “recurso a medios situados en un Estado”, “tratamiento de datos”), su aplicación territorial –en concreto a la normativa española sobre protección de datos- y sus implicaciones respecto de la actividad de los buscadores de internet como proveedores de contenidos en cuanto a las solicitudes de retirada de datos y los derechos de cancelación y oposición en relación con el derecho al olvido.

La cuestión se plantea en el marco de un litigio que enfrenta a la empresa Google, tanto a su sucursal española, Google Spain S.L., como a su matriz, Google Inc., con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que dictó resolución estimativa de la reclamación planteada por un particular al encontrar determinados datos referentes a su persona utilizando el buscador de la referida sociedad. Este particular, igualmente personado en el procedimiento como codemandado junto a la AEPD, remitió en su día escrito a Google Spain S.L. ejercitando su derecho de oposición, solicitando la eliminación o modificación de unos datos que al introducir su nombre y apellidos en el buscador aparecían vinculados a una información recogida en la versión online de un diario. Anteriormente, el interesado había contactado con este diario solicitando la cancelación de esos datos, a lo que el medio respondió negativamente por haberse realizado la publicación por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de su Secretaría de Estado de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social en la Dirección Provincial de Barcelona. Google Spain remitió al ahora codemandado a la empresa Google Inc., con domicilio social en los Estados Unidos, así como al webmaster del sitio que publicaba tales datos. Ante esto, el interesado planteó ante la AEPD la reclamación cuya resolución constituye el objeto del litigio.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 17 de noviembre de 2011, declara que a los arrendamientos de locales de negocio respecto a los que se establece de modo voluntario un sistema de prórroga forzosa, les resulta aplicable la LAU de 1964, y consecuentemente en materia de finalización de la situación de prórroga, la Disposición Transitoria Tercera LAU 1994.

En el presente caso, y en aplicación del apartado cuarto de la Disposición Transitoria Tercera LAU 1994, tras la entrada en vigor de dicha Ley, el contrato de arrendamiento que ligaba a las partes y que se celebró el 1 de junio de 1988, se prorrogó hasta el año 2000, fecha a partir de la cual el arrendamiento entró en periodo de tácita reconducción anual, conforme a lo establecido en el art. 1566 CC, por lo que la arrendadora podía, como así hizo, comunicar al arrendatario, a partir de esa fecha, su deseo de poner fin al contrato de arrendamiento al término de la anualidad.

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