Jurisprudencia

• Sanción por el uso de denominaciones genéricas propias de las entidades de crédito sin serlo y sin estar autorizado
• Se anula la sanción de tráfico que dio positivo en drogas porque el análisis se hizo en un laboratorio privado
• Sanción de la CNMC por prácticas concertadas al representante legal de una sociedad. Publicidad
• Competencia para la autorización de la reutilización de aguas pluviales

• Sucesión de ciudadano británico residente en España y que otorga un testamento con arreglo a su ley personal
• Devengo de los intereses correspondientes a apropiaciones ilícitas de dinero de la sociedad de gananciales en una división de herencia
• Competencia judicial y ejecución de resoluciones. Acción de responsabilidad por daños dentro de un concurso
• Condiciones exigidas para ser considerado tercero hipotecario protegido por la inscripción registral
• El TC declara inconstitucional la falta de recurso contra el decreto del letrado de la administración de justicia en la reclamación de honorarios de los abogados

• El Tribunal Supremo fija que los condenados a penas de inhabilitación para cargo público no son elegibles aunque la sentencia no sea firme
• El Tribunal Supremo avala las multas de la CNMC a directivos de empresas que realicen prácticas anticompetitivas
• Recurribilidad casacional de la sentencia de apelación que estima el recurso promovido contra un auto del Juzgado que inadmitió un recurso contencioso-administrativo
• El recurso de casación ante los TSJ. Reserva de ley orgánica. Secciones funcionales

• Aunque al recurrente se le hayan ocupado dos armas en su domicilio, debe ser sancionado como autor de un único delito de tenencia ilícita de armas
• Legitimación de la entidad querellante declarada en concurso, para proseguir en el ejercicio de las acciones penales y civiles emprendidas
  
• Orden de detención europea una vez que transcurre un plazo de 90 días desde su detención
• Violencia de género y criterios de la motivación del Tribunal para su convicción en virtud de la declaración de la víctima

• Alcance de la compensación a los pasajeros en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos
• Tratamiento concursal del crédito surgido de la condena a la concursada al pago de las costas de un juicio que se había iniciado antes de la declaración de concurso
• Rescisión concursal de prenda constituida en garantía de deuda ajena
• El TS fija doctrina jurisprudencial respecto a la posición del Consorcio de Compensación de Seguros cuando existe seguro obligatorio del vehículo causante del accidente
• Transporte por carretera. Comercio de ganado al por mayor. Mercados locales

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido en su sentencia de 1 de abril de 2019, que no son elegibles para ningún cargo público los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, a penas de inhabilitación o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

La Sala estima el recurso de casación del Cabildo Insular de Fuerteventura que acordó la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura al haber sido condenado por un juzgado de lo Penal de Puerto Rosario por prevaricación continuada a 9 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implicase una participación en el Gobierno municipal durante 9 años. El Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canarias anuló la resolución administrativa al entender que la inhabilitación solo afectaba al ámbito municipal.

El tribunal añade que la publicación por parte de la CNMC del nombre de la persona física multada no vulnera su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de 28 de marzo de 2019 en la que fija como doctrina que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) puede imponer multas a personal directivo de empresas infractoras de las normas del derecho de la competencia. El tribunal añade que la publicación por parte de la CNMC del nombre de la persona física multada no vulnera su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen.

• Confirmada la condena de cinco años de cárcel para una mujer por la sustracción de sus dos hijos
• Estafa y blanqueo de capitales
• Distinción entre organización, grupo criminal y codelincuencia
• La sociedad sucesora asume la responsabilidad penal, o civil derivada del delito, de la sociedad sucedida

• Motivación de las limitaciones territoriales y temporales de las declaraciones de zonas de gran interés turístico
• Doctrina del hallazgo casual en la actuación inspectora en defensa de la competencia en la Órdenes de investigación
• Multas a ANC por la encuesta del 9-N y por la falta de seguridad de los datos personales de socios publicados por Anonymous
• Impugnación de planes hidrológicos por falta de informes de la Administración Local

• Interpretación de los presupuestos legales para la apertura de la sección de calificación del concurso en caso de aprobación de un convenio
• Interrupción de la prescripción de las acciones cambiarias. Doctrina jurisprudencial aplicable
• Nulidad de adquisición de valores por error vicio en el consentimiento tras la cesión de negocio bancario entre Bankpime y Caixabank
• Deber de declaración del riesgo en un seguro multirriesgo empresarial. Negligencia profesional de la aseguradora