Jurisprudencia

• El impago de pensiones alimenticias es una forma de “violencia económica”
• La Responsabilidad Civil en Centros Penitenciarios se rige por criterios cuasi-objetivos
• Condena a dos años y medio de prisión a una enfermera que accedió "por curiosidad" al historial clínico de tres pacientes
• Condenadas la directora y profesora del Máster por la falsedad de un título oficial, pero absolución de los alumnos que reciben el título

• Es lesiva la cláusula que limita en exceso la cobertura de libre designación de profesionales en un seguro de defensa jurídica
• La responsabilidad del organizador de un viaje combinado por actos de los empleados de las compañías prestatarias de los servicios
• El Tribunal de Justicia de la UE precisa su doctrina sobre el framing
• Propiedad intelectual y remuneración equitativa por comunicación pública de fonogramas en televisiones
• Acción directa del transportista efectivo contra el cargador y los intervinientes en la cadena de subcontratación

• Uso indebido de la demanda de error judicial frente a la desestimación de una pretensión indemnizatoria por cancelación de vuelo
• Arrendamiento de vivienda. Extinción ope legis por la enajenación forzosa de la finca arrendada
• El TC declara inconstitucional algunos preceptos de la Ley 54/2007, de adopción internacional, y de su Reglamento de desarrollo
• Responsabilidad civil extracontractual por contaminación por amianto
• Responsabilidad extracontractual y prescripción de la acción

• Constitucionalidad de la vinculación del Fondo de cooperación local de Castilla y León a los objetivos de la Agenda 2030
• El Tribunal Constitucional declara la nulidad de varios preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público
• El cómputo del plazo para la prescripción de sanciones, en supuestos de recursos desestimados por silencio administrativo
• Los límites de la revisión de oficio y la posibilidad de declarar la inadmisión del procedimiento de revisión

• Corrupción de menores y validez probatoria de las conversaciones aportadas por Tuenti
• Recurso de casación para la unificación de doctrina en el ámbito penitenciario
• Estafa en bienes de primera necesidad como la vivienda habitual
• Concepto de domicilio a efectos de las entradas y registro. Naves y garajes que no son consideradas domicilio

La Sala condena a un hombre que dejó de abonar las pensiones por alimentos a su familia, cuantía que ascendía a la suma de 34.639,04 euros, a la pena de un año y seis meses de prisión.

El Tribunal Supremo ha condenado en sentencia de 17 de marzo de 2021 a un hombre que dejó de abonar las pensiones por alimentos a su familia por el delito del artículo 227 del Código Penal a la pena de seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, mantiene la condena por el delito de alzamiento de bienes por haberse despatrimonializado dolosamente, fijando la pena de un año y seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 14 meses con cuota diaria de 10 euros por día de sanción, con responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero (LCSP).

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Xiol Ríos, aborda como cuestión esencial determinar si la competencia estatal para dictar las bases en materia de contratación administrativa al amparo del art. 149.1.18 CE se ha ejercido, como aduce el Gobierno aragonés, en perjuicio de las competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución o de su potestad de autoorganización en los términos que ha precisado el Tribunal; o se ha traducido, en algunos casos, en el establecimiento de normas de carácter supletorio.

• Prohibición de incluir en el escrito de conclusiones hechos que no han sido objeto del auto procesamiento
• El delito de desobediencia, precisa que el sujeto activo sea el destinatario de la orden incumplida
• Valor de las manifestaciones de testigo vertidas en otro proceso en condición de imputado
• Delito contra los derechos de los trabajadores en la modalidad de alzamiento de bienes

• El Supremo desestima el desahucio de una vivienda protegida, tras la nulidad de las compraventas realizadas por el IVIMA
• La responsabilidad civil de los notarios
• Accidente en Marruecos de un vehículo matriculado en España y perjudicados con distinto país de residencia
• Acción de regreso por deuda derivada de la condena por cesión ilegal de trabajadores

• Condena a la aseguradora a indemnizar por paralización de la actividad a consecuencia de las medidas adoptadas por el COVID-19
• Se deniega a la Liga de Fútbol la inscripción de la marca “El Clásico” por carecer de carácter distintivo
• El TJUE confirma la inadmisión por el Tribunal General de la pretensión de nulidad parcial de la conversión de bonos en acciones en la venta del Banco Popular
• La faena de un torero no puede registrarse como obra objeto de propiedad intelectual
• Ámbito del seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador