Jurisprudencia

Para evitar el riesgo de vulneración del principio ‘non bis in ídem’

La Sala II del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de una acusación particular agrupada y de FACUA-Consumidores en Acción contra la decisión de la Audiencia Nacional de trasladar a las autoridades judiciales de Alemania el procedimiento penal seguido en dicha sede judicial española para depurar eventuales responsabilidades derivadas de la comercialización en España de vehículos con  motores Volkswagen en los que se  habría instalado un software que detectaba cuando el automóvil estaba en un banco de pruebas, para así disminuir la emisión de gases contaminantes, y que recuperaba su nivel, muy superior al legalmente permitido, en cuanto  retomaba su uso habitual.

La Sala Primera ha aplicado por primera vez, en esta sentencia del Pleno, la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La sentencia aplica el régimen transitorio de la ley y analiza los elementos esenciales de la reforma y, en particular, el régimen de provisión de los apoyos que las personas con discapacidad puedan precisar para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica.

• Revisión de sentencia firme por conocimiento de prueba sobrevenida que pueda determinar absolución o una condena menos grave
• Consideración de los delitos como graves o leves en orden a la posible extensión de la pena
• Doctrina de los negocios civiles criminalizados como estafa
• Control casacional sobre la decisión de inadmisión de un medio de prueba adoptada por el tribunal de instancia

• Inadmisibilidad del recurso de casación por incumplimiento de los requisitos mínimos para su formulación
• Modificación de medidas adoptadas en sentencia de divorcio y la necesidad de oír al menor
• Indemnización de 6.000 euros por intromisión en derecho al honor mediante la atribución de responsabilidades penales inexistentes al demandante
• Impugnación judicial directa de la calificación negativa del registrador de la propiedad por el notario que autorizó la escritura de compraventa

• Derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables en cancelación de viajes
• Efecto del silencio como manifestación de tácito consentimiento apto para modificar un negocio jurídico
• Competencia para conocer sobre la reclamación de daños por el afectado por acuerdos colusorios sobre fijación y aumento de precios
• Limitar el ancho de banda por la activación de una «tarifa cero» es incompatible con el Reglamento sobre Internet abierta
• Acción subrogatoria por daños en elementos comunes causados por un incendio: no es posible contra el comunero asegurado

• Ratificación judicial de las medidas adoptadas por autoridades sanitarias autonómicas
• Fin del procedimiento por pérdida sobrevenida de objeto. No procede la audiencia si la cuestión ha sido traída al proceso y ha sido objeto de debate
• Subasta de bienes inmuebles de titularidad pública
• Resarcimiento de los daños sufridos por agentes de policía en acto de servicio
• Responsabilidad patrimonial por privación indebida de la condición de magistrado más tiempo del establecido en la sentencia

El recurrente alegaba que debía ser resarcido por daños y perjuicios económicos dejados de percibir desde el 27 de agosto de 2013 (fecha de la liquidación de la condena penal) y el 20 de marzo de 2018 (en el que se le notificó el nuevo destino adjudicado)

La Sala III del Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de julio de 2021, ha rechazado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Francisco D.A.S.C. contra la desestimación por el Consejo de Ministros de su reclamación de 516.635 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, que derivaría de lo que consideró privación indebida de la condición de magistrado durante más tiempo del establecido en la sentencia que le condenó penalmente por delito de prevaricación.

El recurrente alegaba que debía ser resarcido por daños y perjuicios económicos desde el 27 de agosto de 2013 (fecha de la liquidación de la condena penal) y el 20 de marzo de 2018 (en el que se le notificó el nuevo destino adjudicado), por las retribuciones de magistrado dejadas de percibir en ese periodo, así como por daños morales. De su demanda se deducía que imputaba como causantes de tales daños al Consejo General del Poder Judicial, a la Sala II del Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.

• Ejercicio de una acción civil derivada del delito frente a un tercero
• Celebración del juicio oral con presencia telemática del acusado por delito grave
• Descubrimiento y revelación de secretos sobre la "historia social" de una persona
• Error invencible en el cultivo a gran escala de cannabis para consumo por una asociación

• No procede la guarda y custodia compartida cuando existen indicios racionales de criminalidad de violencia de género
• Obligación de las entidades financieras de conservar documentación bancaria de sus clientes
• Plazo para el ejercicio de las acciones de responsabilidad extracontractual una vez concluido el proceso penal
• Derecho de reembolso de un dinero privativo dentro de una sociedad de gananciales
• Límites temporales de la cosa juzgada material

• Delimitación del riesgo en el seguro de responsabilidad civil de explotación y prescripción de acciones
• Efectos de la nulidad de un contrato de franquicia
• El TJUE responde al Supremo que pueden excluirse de la cobertura del seguro obligatorio del vehículo tractor los daños sufridos por el remolque
• El TJUE se pronuncia sobre los préstamos hipotecarios denominados en moneda extranjera
• Determinación del salario mínimo interprofesional que debe tomarse como base de cálculo del límite previsto en el art. 176 bis.2. 2.º de la Ley Concursal