Jurisprudencia

• Elementos objetivos y subjetivos del delito contra la Hacienda Pública
• Tipo agravado de tráfico de drogas cuando se utiliza a menores en su ejecución
• Parámetros interpretativos del concepto ‘penetración’ en el delito de violación
• Deber de motivación de las sentencias absolutorias

• Acción de responsabilidad por la salida a bolsa de Bankia: la información del folleto para inversores minoristas y cualificados
• Préstamo hipotecario denominado en moneda extranjera. Cláusulas abusivas y protección del consumidor
• Acreedores calificados como especialmente relacionados con el deudor en concurso de acreedores
• Las cláusulas delimitadoras y limitativas en el contrato de seguro

• Los servicios no están incluidos en la responsabilidad objetiva por productos defectuosos de la Directiva 85/374
• Propiedad Horizontal. Impugnación de acuerdo de bajada a "cota cero" del ascensor
• Responsabilidad por la falta de inicio de la construcción en un plazo razonable en una cooperativa de viviendas
• Libertad de expresión en el uso de expresiones hirientes y vulgares de periodista criticando a parlamentaria

• Exclusión automática de un licitador por falsedad en las declaraciones de una empresa auxiliar. Sustitución
• Subsanación de la falta de firma electrónica en el procedimiento administrativo 
• Ausencia de límite de cuantía para recurrir en apelación los autos de inadmisión
• El tribunal queda vinculado a las pretensiones de las partes planteadas en el suplico de sus escritos

• Declaración como investigada a las entidades mercantil y responsabilidad penal de empresas
• Solo se comete un delito de sustracción de menores, aunque afecte a más de un hijo
• Refundición de condenas para obtener la libertad condicional
• No aplicación retroactiva de la nueva regulación de la libertad condicional

• Protección a los consumidores. Novación de cláusulas abusivas. Renuncia de acciones
• Relevancia de las circunstancias personales para fijar el dies a quo para reclamar la indemnización en un seguro de accidentes
• Derecho de desistimiento e información que debe recibir el consumidor
• Clasificación concursal del crédito de reembolso del socio separado de la sociedad concursada

• Alimentos. Ejecución de resoluciones judiciales anteriores a la entrada en la UE
• Intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de una persona fallecida por la publicación de su rostro en un periódico
• Acción reivindicatoria: efectos de su desestimación sobre la posterior acción de saneamiento por evicción ejercitada por el comprador vencido
• Reglas de competencia judicial en caso de traslado o retención ilícitos de un menor
• Intervención del Ministerio Fiscal en las cuestiones de competencia de procedimientos civiles

• Tratamiento de datos: condición de interesado. Ausencia de acción pública
• La paralización del procedimiento sancionador por más de un mes reinicia la prescripción de la infracción, excluyéndose del cómputo el plazo de paralización
• Revocación de licencia de autotaxi: la ley no ampara el uso de datos cedidos por la Administración tributaria sin consentimiento
• Intervención del Ministerio Fiscal en el proceso contencioso administrativo de medidas restrictivas de derechos por el Covid-19
• El deudor moroso debe abonar 40 euros por cada factura pagada fuera de plazo

Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

El tribunal que juzgó la causa del "procés" ha informado negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto –total o parcial- a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.

• Inconstitucionalidad y nulidad de varios preceptos de la Ley 6/2019 del estatuto de las personas consumidoras de Extremadura
• Acción subrogatoria del art. 43 LCS contra el Consorcio de Compensación de Seguros
• Inaplicación por el juez del Derecho nacional que le permite la integración de cláusulas abusivas
• La consideración legal como consumidor de una persona jurídica a la luz de la jurisprudencia comunitaria