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El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado día 2, un Real Decreto Ley de Mediación Civil y Mercantil, con lo que se pone a disposición de los ciudadanos un mecanismo de resolución de conflictos voluntario, ágil, flexible y económico.

La mediación es una forma voluntaria de resolución de controversias entre dos partes con la ayuda de una tercera persona, cualificada, imparcial y neutral que les guía en la consecución de un acuerdo por sí mismas. El mediador, por lo tanto, a diferencia de lo que sucede en el arbitraje, no tiene capacidad de decisión en la resolución del conflicto, ya que esta corresponde por entero a las partes.

Ámbito civil y mercantil

El Real Decreto Ley de mediación se extiende al ámbito civil y mercantil, con expresa exclusión de la mediación penal, la laboral, la de consumo y con las Administraciones públicas, de acuerdo con el ámbito de aplicación de la Directiva comunitaria que se traspone.

La Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones ha realizado una presentación relativa a los retos y objetivos para el sector asegurador.

La estructura de la presentación es la siguiente:

1. Perspectivas y retos para el Supervisor:
   
   
   • La función del seguro.
   • La función del supervisor.
     
     
2. Proyectos normativos de relevancia para el sector:
   

He solicitado al Gobierno Vasco -ha explicado el ministro- que ese camino lo recorramos juntos: las comunidades autónomas con las competencias transferidas, el Gobierno de España a través Ministerio de Justicia, y también, de manera muy activa, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ)."

Ruiz Gallardón ha añadido que "en el Ministerio de Justicia sabemos que, si queremos resolver los desfases que históricamente hemos encontrado de distintos sistemas tecnológicos, que no solamente son diferentes entre sí sino que muchas veces han resultado incompatibles; si queremos aplicar un sistema de organización judicial en el que sea rotunda la modernización y por tanto la mejora de la administración de justicia,  no lo podremos alcanzar solos: necesitamos al CGPJ y a las CCAA con las competencias transferidas".

La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto a Iberdrola una multa de 10.685.000€ por el traspaso de clientes desde la comercializadora de último recurso hasta la comercializadora en mercado libre sin recabar el consentimiento expreso del consumidor exigido por la normativa sectorial.

Con fecha 23 de diciembre de 2009, tuvo entrada en la Comisión Nacional de la Competencia denuncia presentada por Gas Natural Servicios SDG, S.A. y Unión Fenosa Comercial, S.L. contra Iberdrola por el traspaso de contratos desde la comercializadora de último recurso hasta la comercializadora en mercado libre, sin recabar el consentimiento expreso del consumidor, exigido por la normativa sectorial.

El 1 de julio de 2010, la Dirección de investigación de la CNC acordó la incoación de expediente sancionador (S/0213/10 Iberdrola Sur) contra Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. (Ibercur), Iberdrola, S.A. e Iberdrola Generación S.A.U. por una posible infracción del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, consistente en el falseamiento de la libre competencia por actos desleales. El artículo 3 permite la intervención de las autoridades de competencia cuando los actos de competencia desleal falseen la competencia en el mercado afectando al interés público.

El Gobierno creará la Comisión Nacional de Mercados y Competencias como único organismo supervisor en lugar de los ocho actuales. El objetivo de esta medida es evitar duplicidades y ganar competitividad y eficiencia. Supondrá un ahorro de 4 millones de euros en sueldos y retribuciones de consejeros.

El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de los organismos supervisores. El objeto de la norma es crear la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, que agrupará las funciones de supervisión de los organismos independientes existentes en la actualidad. El texto será remitido a las distintas autoridades supervisoras, así como a las instituciones en materia de consumidores y usuarios.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que los organismos supervisores son instituciones necesarias para salvaguardar la competencia y la apertura a nuevos prestadores de servicios.

Sáenz de Santamaría ha explicado que se han observado duplicidades y contradicciones entre los informes de los ocho organismos reguladores actuales, lo que implica una desprotección del mercado y los consumidores.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer 18 de las 61 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios a la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 2010.

La Cámara Baja aprobó las 11 resoluciones impulsadas por el Grupo Popular, 5 por planteadas por CiU, una impulsada por UPyD y otra por el PNV.

Entre otras cuestiones, a través de estas resoluciones el Congreso insta al CGPJ a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los jueces y magistrados asuman las responsabilidades que se les puede imputar como consecuencia de su acción; y a adoptar medidas que redunden en la agilización del servicio y el pronto acometimiento de las importantes reformas procesales anunciadas en materia de jurisdicción voluntaria y mediación.

También le emplaza a colaborar con el Ministerio de Justicia para solucionar el atasco de asuntos que se acumulan en el Tribunal Supremo y logre el objetivo anunciado por su presidente, Carlos Dívar, en el sentido de que para este año 2012 sus cinco Salas estén puestas al día.

El pasado 21 de febrero el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Alberto Casado Cerviño, y el Presidente de LES ESPAÑA-PORTUGAL, José Luis de Miguel Antón, firmaron un Convenio de colaboración para facilitar e impulsar el conocimiento de la Propiedad Industrial.

Este Convenio tiene como objeto establecer un marco de cooperación entre la OEPM y LES España – Portugal con el fin de facilitar, impulsar y estimular el conocimiento y la utilización de los derechos de Propiedad Industrial, así como la transferencia de tecnología, entre miembros cualificados pertenecientes al sistema ciencia-tecnología-empresa de España y en general apoyando a personas interesadas en los citados temas.

Entre otras actividades, LES España – Portugal participará en aquellas que sean desarrolladas por la OEPM para difundir la PI entre los profesionales y colectivos interesados, compartiendo su experiencia en esta materia, dando adecuada publicidad en los foros apropiados en los que participe y cooperará en la elaboración y difusión de monografías, estudios e informes sobre temas específicos considerados de interés para ambas partes.

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado en el Congreso de los Diputados un conjunto de medidas normativas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completaría con un Código de Buenas Prácticas voluntario a adoptar por el sector financiero. Las medidas se inscriben en marco de la política económica del Gobierno, que tiene como una de las prioridades buscar la equidad social.

Las medidas normativas comenzarán con la definición del colectivo incluido en el umbral de exclusión social. En esta situación estarán las unidades familiares con todos sus miembros en paro y cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia.  En todo caso, se establecerán las cautelas necesarias para evitar situaciones de abuso o fraude.

Se promoverá también la mejora de los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias, de modo que, si se llega a ese punto, el precio de la vivienda  sea lo más elevado posible. El ministro avanzó que se impulsará un mercado nacional de ejecuciones hipotecarias ágil y transparente a través del fomento de las ejecuciones extrajudiciales, la creación de una base de datos informatizada de ejecuciones de ámbito nacional y la posibilidad de que las subastas se realicen online. Estas medidas se elaborarán en colaboración con el Ministerio de Justicia.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con 303 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, aprobado el pasado viernes, día 3 de febrero, en Consejo de Ministros, y presentado ante el Pleno por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

La Cámara Baja rechazó, con 152 votos a favor, 183 en contra y una abstención, la petición de varios grupos parlamentarios de tramitar este real decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El Gobierno argumenta que disponer de unos balances saneados es un requisito básico para que las entidades financieras puedan cumplir con su función esencial de canalizar el ahorro hacia proyectos de inversión eficientes que fomenten la actividad, el crecimiento y el empleo.

El artículo 21.4 de la Ley Concursal impone a la administración concursal la obligación de comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la declaración de concurso por los medios que esta habilite en su sede electrónica. Esta obligación deberá cumplirse para todos los concursos que se declaren a partir de 1 de enero de 2012 mediante el envío de un formulario electrónico a cumplimentar por el administrador concursal.

Con el fin de atender el mandato establecido en el artículo 21.4 de la Ley Concursal, la A.E.A.T. ha introducido en su sede electrónica un formulario que deberá cumplimentar el administrador concursal, así como una nota informativa en relación al mismo.

• Enlace Envío de formulario electrónico
• Enlace Nota informativa

Fuente: AEAT.