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La Oficina Europea de Patentes, la Oficina Americana de Patentes y Marcas y la Oficina Japonesa de Patentes en su última reunión anual de cooperación, lanzaron una nueva herramienta de búsqueda, denominada CCD: Documento Común de Citaciones.

Esta nueva herramienta permite el acceso a los resultados de las búsquedas de patentes realizados para una misma solicitud en cada una de las tres Oficinas.

Esta herramienta ofrece un único punto de acceso a los datos de documentos citados de las tres oficinas, permitiendo tanto a los Examinadores de Patentes como a los innovadores e inventores conocer el estado de la Técnica citado por las Oficinas para los miembros de una familia de patentes.

• CCD está accesible en el siguiente enlace

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas.

La Oficina Española de Patentes y Marcas viene publicando desde 1986 las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españolas. Ello le ha permitido publicar en PDF en texto completo todas las solicitudes de patentes, modelos de utilidad y las patentes concedidas, así como las traducciones de patentes europeas con efectos en España. Una colección de patentes que por sus características tiene una gran calidad y un potencial de explotación de la información muy importante.

El Google Search Appliance (GSA) es un dispositivo fabricado por Google que utiliza el algoritmo de indexación de Google para indexar los contenidos que se determinen en una organización. La OEPM aprovecha las mencionadas virtudes de los folletos de patentes para dar al público un servicio de búsqueda de patentes basado en esta tecnología.

La Comisión Nacional de la Competencia publica el Informe sobre la aplicación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la competencia, relativo a 2011.

Con la Sentencia del Tribunal Constitucional 208/99, de 11 de noviembre, se inició el paso de un sistema centralizado en la defensa de la competencia, que hasta ese momento venía siendo aplicado exclusivamente por los órganos estatales, a otro descentralizado que culmina con la aprobación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia.

La Ley 1/2002, tiene como objeto establecer el marco jurídico para el desarrollo de las competencias ejecutivas del Estado y de las Comunidades Autónomas asociadas, exclusivamente, con las conductas prohibidas (acuerdos, abusos y competencia desleal), a la vez que establecer los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios, entre las distintas administraciones, al objeto de concentrar las actividades desarrolladas por cada una, evitando la duplicación de esfuerzos y acciones divergentes en el objetivo único y común de la eficacia en la defensa de la libre competencia.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alicante ha condenado al Banco CAM S.A.U. (personado en la causa a través de un incidente de sucesión procesal, al haberse subrogado este en las obligaciones de demandada Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM) al pago a la mercantil demandante, Unibail Rodamco Benidorm S.L., de más de 24 millones de euros, concretamente, 24.033. 839,17 euros, más intereses y costas.

El procedimiento trae causa del contrato de compraventa suscrito entre la sociedad citada y la constructora Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A., cuyo objeto era una parcela sita en el municipio de Benidorm que iba a ser destinada a la promoción de un centro comercial. Dada la incierta situación urbanística de la parcela, se pactó una reducción en el precio de venta de 24.033.839,17 € si no llegaban a darse las condiciones necesarias para construir el centro comercial en un plazo determinado, reservándose el vendedor la facultad de resolver el contrato antes de que operara la reducción del precio, lo que le permitía recuperar la parcela devolviendo el precio percibido. Precisamente para garantizar la restitución del exceso de precio se exigió el otorgamiento de un aval a primer requerimiento, que quedó incorporado a la escritura, y es esta garantía, emitida por la Caja de Ahorros del Mediterráneo a favor de Unibail Rodamco Benidorm S.L. para garantizar de forma independiente y solidaria con la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A. el pago de la repetida suma de 24.033.839,17 €, la que constituye el objeto del proceso.

El titular del Juzgado Mercantil 10 de Barcelona ha declarado el miércoles 1 de febrero el concurso voluntario ordinario de especial trascendencia de Spanair, presentado por la aerolínea el lunes 30 de enero.

El juez descarta tramitar el concurso necesario que presentaron diferentes acreedores. El juez ha resuelto que el concurso voluntario se presentó antes que el concurso necesario, y que la declaración de concurso necesario dificultaría un acuerdo rápido de extinción de contratos, que se ha solicitado, con la consecuente desprotección de los trabajadores de la aerolínea.

El procedimiento afecta a más de 2.500 empleados involucrados en un expediente de regulación de empleo (ERE) que se ha presentado en el mismo juzgado, y más de 3.000 acreedores.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó ayer que la reforma del sistema financiero pretende conseguir un sector más saneado y mejor dimensionado, con el objetivo de que vuelva a ejercer su función principal: conceder crédito a familias y empresas para recuperar el crecimiento económico y la generación de empleo.

El nuevo esquema de saneamiento y consolidación del sector financiero, que previsiblemente se aprobará hoy en Consejo de Ministros, es uno de los ejes básicos -junto al presupuestario y al laboral- del programa de reformas estructurales del Gobierno, que forma parte de los compromisos asumidos por España con sus socios comunitarios y es clave para recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales.

La reforma pretende disipar las dudas del mercado sobre la valoración de los activos inmobiliarios (suelo, promociones y viviendas) que tienen las entidades en sus balances, proceso que incentivará la salida al mercado de viviendas a precios más asequibles.

Los mandatarios de la UE manifestaron su acuerdo sobre la necesidad de adoptar medidas prioritarias urgentes, a escala europea y nacional, para impulsar el crecimiento y el empleo, orientadas principalmente a luchar contra el desempleo de los jóvenes, avanzar en la realización del mercado único y ayudar a las pequeñas empresas.

Acordaron el "Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM", que contribuye a la estabilidad y constituye otro avance más en la respuesta general a la crisis de la deuda soberana.

Los líderes europeos también alcanzaron un acuerdo sobre el Tratado para crear el Mecanismo Europeo de Estabilidad, un fondo permanente de ayuda a los países vulnerables de la eurozona.

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha devuelto el Gran Collar de la Justicia al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, después de 73 años “de custodia” por parte del Ministerio.

El acto se celebró el día 30, en la sede del Alto Tribunal, en presencia de la Sala de Gobierno del Supremo.

El Gran Collar de la Justicia es el distintivo del presidente del Supremo y fue fabricado en 1844 por orden de la Reina Isabel II como prueba del respeto que le merecía la magistratura española.

La monarca estableció que se hiciera un gran collar de oro esmaltado con los emblemas de la Monarquía y los atributos de la Justicia, del cual debía pender la medalla que usa la Magistratura y que dicha insignia fuese desde entonces el distintivo del presidente del Tribunal Supremo al vestir la toga en los actos solmenes y oficiales.

Al acto del juramento han asistido, además de SS.MM. los Reyes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Dívar; y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Eduardo Torres-Dulce, que tomará posesión de su cargo en un acto que se celebrará ante el pleno del Tribunal Supremo, fue nombrado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, una vez emitido el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial y después de que el Congreso de los Diputados considerara su idoneidad para este puesto.

Fuente: La Moncloa

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 26 de enero aprobó dirigirse al Poder Legislativo para resaltar la conveniencia de que se regulen cuanto antes los denominados Tribunales de Instancia, se reformen las demarcaciones judiciales y se introduzcan reformas para la agilización de los procesos en todos los órdenes jurisdiccionales.

El órgano de gobierno de los jueces ofrecerá, al mismo tiempo, su leal colaboración institucional y técnica para abordar estas reformas, según el acuerdo adoptado por 18 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

Se adjunta nota de prensa con el acuerdo del Pleno, que dice literalmente: