Noticias

Mediante Resolución de 8 de marzo de 2012, el BOE ha publicado el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se crea una Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, que tendrá como cometido presentar al Ministerio de Justicia una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial, pilares normativos fundamentales que requieren una reforma completa y estable.

La Comisión, en el plazo de cinco meses a contar desde su efectiva constitución, trasladará al Ministro de Justicia sendas propuestas de textos articulados de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y Planta Judicial. Si resultare necesario para la conclusión de los trabajos encargados, el Ministro de Justicia podrá acordar la prórroga de dicho plazo, mediante resolución motivada, por un tiempo máximo de otros tres meses.

A partir del día 12 de marzo, la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) en español se va a publicar en la actual plataforma de publicación utilizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Esta plataforma de publicación incluye nuevas funcionalidades respecto a la anterior, siendo las más relevantes:

• Búsqueda por términos.
• Búsqueda de referencias cruzadas.
• Acceso directo a los PDFs de la clasificación a nivel subclase a través del esquema.
• Acceso a IPCCAT y TACSY.

Más información: http://cip.oepm.es/

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas.

El presidente Imbroda ha indicado que, durante su encuentro, el ministro de Justicia le ha explicado el intenso programa de Gobierno previsto, las medidas de protección del menor y la futura reforma de la ley de responsabilidad del menor.

Por su parte, Ruiz-Gallardón ha destacado la fuerte personalidad de la Ciudad Autónoma y su confianza extraordinaria en su futuro desarrollo económico. En cuanto al ámbito judicial, ha señalado que "Melilla cuenta con los mismos problemas y ventajas que el resto del país, ya que contamos con un sistema que vertebra el Estado de Derecho y garantiza la igualdad de los españoles". El ministro ha querido destacar algunos datos significativos relativos a esta Ciudad Autónoma: "Melilla registra la segunda ratio de unidades judiciales más alta de España y más del 99 por 100 de las peticiones de Justicia gratuita son atendidas".

El Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, ha convocado a todas las Comunidades Autónomas para impulsar conjuntamente el anteproyecto de ley de eliminación de licencias al pequeño comercio y analizar las nuevas medidas de apoyo a la financiación de estos establecimientos a través del ICO. Presidida por el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en la reunión han participado los directores generales de comercio de las Comunidades Autónomas.

El anteproyecto de ley facilita el acceso a la actividad comercial de pequeñas y medianas empresas y servicios complementarios a través de la eliminación de las licencias municipales de apertura, actividad o funcionamiento que se exigen a los operadores comerciales. El objetivo del anteproyecto es eliminar las licencias que otorga la administración municipal en actividades inocuas en aras de agilizar la apertura y funcionamiento de los establecimientos de comercio minorista y de servicios.

El 27 de febrero de 2012, el juzgado mercantil 10 de Barcelona dictó Auto aprobatorio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Spanair, S.A., un mes antes de la fecha prevista en el calendario marcado por el propio juzgado, tras el acuerdo al que han llegado los trabajadores de dicha compañía y la administración concursal y el informe emitido por la autoridad laboral. El Auto supone la extinción de los 2.597 contratos de trabajo de la concursada con efectos 27 de febrero de 2012. A partir de este momento, los trabajadores pueden acceder a la situación de desempleo y, dado que la compañía no puede afrontar el pago de las indemnizaciones, reclamar del FOGASA la parte de indemnización que dicho organismo abone.

El acuerdo, al que se ha llegado tras diversas reuniones y negociaciones mantenidas entre la administración concursal y la representación de los trabajadores, establece un pago de indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un tope de 12 mensualidades.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha comprometido hoy en su comparecencia en el Senado a poner en marcha el grueso de sus reformas antes de que finalice 2012, tiempos y plazos que se ha marcado para que quede constancia de que su objetivo es agilizar los trámites judiciales lo antes posible. Junto al calendario legislativo de su departamento, el titular de Justicia ha avanzado también el contenido de algunas de sus propuestas. Precisamente, uno de los asuntos que dijo tener "prácticamente ultimado" es el referido a la revisión de tasas judiciales vigentes, anunciado ya en Comisión en el Congreso de los Diputados. Mientras la recaudación de los depósitos se empleará para la modernización de la Justicia, tal y como establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009, en el caso de las tasas (aspecto sobre el que acaba de pronunciarse el Tribunal Constitucional de forma positiva), los ingresos se destinarán a la financiación de la justicia gratuita. Es decir, que las tasas que abonan los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no ingresarán de forma indiscriminada en las arcas del Estado sino que servirán para cubrir los costes derivados de los litigios de quienes carecen de recursos.

Respecto a la justicia gratuita, Ruiz-Gallardón ha asegurado que ningún ciudadano que acredite no tener recursos para acceder en igualdad de condiciones a los tribunales quedará sin atender, pero ha remarcado que es necesaria una revisión de los criterios actuales para evitar su uso fraudulento y una mejor orientación a los afectados para resolver sus problemas de forma extrajudicial.

El Real Decreto Ley de Mediación Civil y Mercantil aprobado en Consejo de Ministros del pasado día 2, incluye una modificación de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procuradores, de forma que los Licenciados en Derecho no queden discriminados y puedan quedar exentos o convalidar sus créditos al cursar el postgrado al que les obliga la Ley original aprobada en 2006.

De este modo, se establecen cuatro excepciones al master para obtener el título son las siguientes:

• En primer lugar, todos aquellos que se matricularon antes de que se aprobara la Ley en octubre de 2006 no tendrán que realizar el postgrado si en un plazo de dos años una vez finalizada la carrera proceden a colegiarse.

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado día 2, un Real Decreto Ley de Mediación Civil y Mercantil, con lo que se pone a disposición de los ciudadanos un mecanismo de resolución de conflictos voluntario, ágil, flexible y económico.

La mediación es una forma voluntaria de resolución de controversias entre dos partes con la ayuda de una tercera persona, cualificada, imparcial y neutral que les guía en la consecución de un acuerdo por sí mismas. El mediador, por lo tanto, a diferencia de lo que sucede en el arbitraje, no tiene capacidad de decisión en la resolución del conflicto, ya que esta corresponde por entero a las partes.

Ámbito civil y mercantil

El Real Decreto Ley de mediación se extiende al ámbito civil y mercantil, con expresa exclusión de la mediación penal, la laboral, la de consumo y con las Administraciones públicas, de acuerdo con el ámbito de aplicación de la Directiva comunitaria que se traspone.

La Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones ha realizado una presentación relativa a los retos y objetivos para el sector asegurador.

La estructura de la presentación es la siguiente:

1. Perspectivas y retos para el Supervisor:
   
   
   • La función del seguro.
   • La función del supervisor.
     
     
2. Proyectos normativos de relevancia para el sector:
   

He solicitado al Gobierno Vasco -ha explicado el ministro- que ese camino lo recorramos juntos: las comunidades autónomas con las competencias transferidas, el Gobierno de España a través Ministerio de Justicia, y también, de manera muy activa, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ)."

Ruiz Gallardón ha añadido que "en el Ministerio de Justicia sabemos que, si queremos resolver los desfases que históricamente hemos encontrado de distintos sistemas tecnológicos, que no solamente son diferentes entre sí sino que muchas veces han resultado incompatibles; si queremos aplicar un sistema de organización judicial en el que sea rotunda la modernización y por tanto la mejora de la administración de justicia,  no lo podremos alcanzar solos: necesitamos al CGPJ y a las CCAA con las competencias transferidas".