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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se reunió el pasado 12 de febrero con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y le hizo entrega de un escrito en el que formulaba recomendaciones para modificar aspectos sustanciales de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como Ley de Tasas Judiciales.

La Defensora recomendó reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos. Asimismo, propuso la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo. Por último, recomendó devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita.

La mayor competitividad de las exportaciones españolas, gracias sobre todo al descenso de los costes laborales unitarios, el aumento de las empresas que exportan y la orientación hacia nuevos mercados permiten explicar que, a pesar de la coyuntura recesiva en nuestro país, los resultados de la balanza comercial española sean favorables para el conjunto de 2012

Concretamente, las exportaciones de mercancías alcanzan un total de 222.643,9 millones de euros -un 3,8% más que en 2011- y registran el mejor dato de la serie histórica que comienza en 1971. A través de la reorientación de nuestras ventas a nuevos mercados se está consiguiendo reducir la vulnerabilidad tradicional de nuestras exportaciones, permitiendo compensar la débil demanda en la Unión Europea y seguir su tendencia creciente.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, lanza la segunda edición de la iniciativa "¿Vendes en Internet?", con el objetivo de apoyar a las pymes y autónomos en el uso del comercio electrónico como nuevo canal de venta.

El programa busca aumentar el número de empresas que vendan a través de Internet y promover la creación de una oferta de calidad en cada segmento de actividad.

Esta segunda edición del programa, que ofrece talleres formativos y un servicio de asesoramiento personalizado, sin coste para los participantes, está dirigido a pymes, micropymes y autónomos que quieran iniciarse en la venta por Internet. Los sectores en los que se centra esta edición son los relacionados con los productos alimenticios y bebidas; artículos de vestir y calzado; equipos informáticos y electrónicos, discos, películas y software de consumo; y artículos de amueblamiento y decoración.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, han firmado hoy el V Plan de Actualización del Tribunal Supremo, cuyo objetivo es seguir disminuyendo el tiempo de resolución de asuntos hasta lograr que todos se resuelvan el mismo año de su recepción y lograr así eliminar la pendencia de asuntos.

El acuerdo, al que se han asignado 1.488.890,69 euros, para asumir el coste que supondrán las plazas de refuerzo de magistrados y letrados previstas, tendrá una vigencia de seis meses y abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012.

Los planes de actuación del Alto Tribunal, iniciados en 2006, han propiciado una reducción significativa de los asuntos pendientes de trámite en las distintas Salas, así como una importante minoración en los tiempos de respuesta. Pero es necesario un nuevo acuerdo que consolide las mejoras obtenidas y que logre la eliminación de la pendencia de asuntos en todas las Salas y, en especial, en la Tercera, en cuya Sección Segunda es donde se ventilan los asuntos relativos a tributos estatales.

Con motivo de la huelga en la compañía aérea Iberia para los días 18, 19, 20, 21 y 22 de febrero, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), organismo dependiente del Ministerio de Fomento, procede a informar de lo siguiente a los usuarios:

1. AESA sugiere, a todos los pasajeros que tengan previsto viajar con la compañía Iberia en los días de huelga previstos, que:

• Contacten con la compañía aérea o la agencia de viajes con la que han adquirido el billete, para que le informe sobre la situación de su vuelo o vuelos, en caso de que no lo haya hecho ya la compañía aérea o la agencia de viajes.
• En el caso de que se haya contratado un viaje combinado debe solicitar información ante la agencia de viajes, y reclamar aquellos servicios que se hayan contratado y se vayan a ver afectados.

En relación con el lugar de celebración de los matrimonios civiles, en los casos en que los contrayentes hayan manifestado su voluntad de que la autorización del matrimonio se realice por el Alcalde o Concejal de la misma población correspondiente al Juez Encargado o de Paz que, correspondiendo al domicilio de cualquiera de los contrayentes, haya realizado la instrucción registral del expediente, la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de enero de 1995 se limitaba a establecer en su directriz segunda que el Alcalde, a la vista de la relación de los datos relativos a los contrayentes remitidos por el órgano registral que instruyó el expediente previo, «fijará día y hora para la ceremonia, la cual deberá celebrarse en el local del Ayuntamiento debidamente habilitado para este fin».

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha reunido el martes 12 de febrero con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y le ha entregado un escrito en el que formula varias recomendaciones para modificar aspectos sustanciales de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como Ley de Tasas Judiciales.

La oficina del Defensor del Pueblo tiene de plazo hasta el próximo 21 de febrero para tomar una decisión sobre la conveniencia de interponer o no recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma. No obstante, antes de que expire dicho plazo, la Defensora ha decidido formular estas recomendaciones dirigidas a modificar sustancialmente el sistema de tasas vigentes.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el martes día 13, con 333 votos a favor y una abstención, la toma en consideración de la Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, impulsada la pasada legislatura a través de una Iniciativa Legislativa Popular.

Esta proposición de ley pasa a continuar su tramitación en la Comisión de Economía y Competitividad, junto al Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (procedente del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre), que está actualmente en fase de ponencia.

La solución que se propone en la presente Iniciativa Legislativa Popular es hacer de la dación en pago la fórmula preferente para la resolución de este conflicto: en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.

Ante la cuestión planteada de la Aplicabilidad del artículo 2.e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, a los recursos de apelación y casación contra autos, la Dirección General de Tributos en una consulta vinculante de 10 de diciembre de 2012 (DGT V2329-12), informa lo siguiente:

El artículo 2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE del 21) establece, como uno de los actos procesales constitutivos del hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, “la interposición de recursos contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo”.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Su objetivo es mejorar la estructuración de la oferta y fomentar la fusión e integración de productores y entidades, para impulsar entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico, con capacidad, dimensión y estructura empresarial que incremente su eficiencia y rentabilidad.

El impulso y fomento de la integración cooperativa constituye un eje prioritario de actuación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para favorecer su competitividad, redimensionamiento, modernización e internacionalización. De esta manera, se pretende corregir los problemas del sector cooperativo español, que se caracteriza por su atomización, con cerca de cuatro mil cooperativas y más de un millón de socios, con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012 y que da empleo directo a 100.000 trabajadores. En la actualidad, ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea.