Jurisprudencia

• Relaciones sexuales consentida con menor de 16 años apreciando error invencible por iniciar la misma cuando no era punible
• Apropiación indebida y la administración de fincas, por el sistema de caja única sin consentimiento de la Comunidad
• Cuatro meses de prisión por provocar un incendio cuando estaba quemando restos de poda de olivos
• En el delito de desobediencia a la autoridad judicial, no es necesario conocer que se está cometiendo un delito; basta con saber que la conducta es ilícita

• Nulas por abusivas varias cláusulas de las condiciones generales de transporte de compañía aérea
• Exclusión de la cobertura de un seguro de responsabilidad civil por las deudas tributarias de una sociedad
• El TS declara que la sociedad no puede desvincularse respecto del acuerdo unánime que adoptaron los socios para indemnizar al administrador en caso de cese
• Créditos subordinados de las personas especialmente relacionadas con el deudor persona jurídica en un concurso de acreedores
• Concursal. Pago de deuda de una sociedad por otra del mismo grupo mediante crédito con garantía hipotecaria. Inexistencia de perjuicio para la masa

• Con fundamento en el superior interés del menor, determinación del modelo de custodia más adecuado y beneficioso para el mismo
• Régimen transitorio de la subrogación de un arrendamiento celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985
• Los bienes de naturaleza patrimonial, son susceptibles de prescripción adquisitiva
• Condición resolutoria en un contrato de permuta de suelo por obra futura
• Tercería de mejor derecho interpuesta por el acreedor pignoraticio de dos depósitos bancarios posteriormente embargados por la AEAT
• Validez de la transmisión de un inmueble perteneciente a la sociedad de gananciales extinguida pero no liquidada a cambio de prestaciones asistenciales

• Retirada de símbolos y rótulos de carácter antidemocrático que todavía perviven en locales públicos
• Interpretación y alcance del artículo 51.4 de la Ley de Defensa de la Competencia sobre el procedimiento sancionador
• Norma de calidad sobre productos porcinos de cebo. Interdicción de la arbitrariedad y trámite de audiencia
• Principio de legalidad sancionadora. Remisión de la Ley de Aguas al Reglamento de Dominio Público Hidráulico
  

• Obligaciones subordinadas y canje de acciones con error en el consentimiento
• Productos financieros complejos: no tiene la consideración de inversor profesional un registrador de la propiedad
• Clasificación de créditos públicos derivados de la anulación de subvenciones en un concurso de acreedores
• Resolución de contratos de tracto sucesivo en interés del concurso de acreedores
• Deber de información de las entidades sobre los riesgos para el cobro de planes de pensiones

• Legitimación del usufructuario de la finca dominante para constituir una servidumbre voluntaria de paso
• Derecho al honor y reportaje de investigación con cámara oculta
• El 1.504 CC solo se aplica a la compraventa de inmuebles perfeccionada, no a las promesas de venta
• El TS fija doctrina sobre la distribución entre prestatario y prestamista de los gastos asociados a la hipoteca
• Legalidad de la cláusula de comisión de apertura y distribución de los gastos asociados a la hipoteca

• Habilitación profesional para el ejercicio de la actividad profesional de abogado
• La vía de apremio se aplica no sólo en el ámbito sancionador, para hacer efectivas las sanciones, sino también para exigir otras responsabilidades administrativas
• Caza. Títulos competenciales. Medio ambiente. Principio de utilización razonable
• Casación para la unificación de doctrina. Sentencias de contraste posteriores a la impugnada
• Posibilidad de revocación unilateral del acuerdo de retirada de un Estado miembro de la Unión Europea
  

• Imposibilidad de la doble valoración de una agravante por prohibirlo el principio non bis in idem
• Incidencia de la parafilia en la imputabilidad del sujeto autor del delito contra la libertad sexual
• El contrato de préstamo, por comportar la entrega en propiedad del objeto de préstamo, no es título valido para el tipo penal de la apropiación indebida
• Prescripción de la pena y suspensión de la misma

Deberes de información de las entidades de planes de pensiones sobre los riesgos de la modalidad escogida para el cobro de la prestación una vez producida la jubilación; especialmente, en la modalidad de “renta asegurada”

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo llama la atención, en esta sentencia del Pleno de 22 de enero, sobre los deberes de transparencia e información que tienen las entidades de planes de pensiones acerca de los riesgos de las distintas modalidades del cobro de la prestación una vez producida la jubilación.

En el caso resuelto en esta sentencia, el padre de las demandantes había optado en el momento de su jubilación (2003) por la modalidad de cobro de su plan de pensiones en forma de renta asegurada mensual y fija durante quince años y había designado como beneficiaria, para el caso de muerte, a su esposa, que luego falleció en 2008, dos años antes que él. Las hijas del matrimonio pretendían que se condenara a la promotora y a la gestora del plan al pago de las rentas devengadas desde el fallecimiento de su padre (2010) hasta la finalización del periodo de los quince años (2018). El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, pero la Audiencia Provincial revocó su sentencia y entendió que la prestación se había extinguido con el fallecimiento del partícipe y de su esposa.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría desestimar la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, contra el último inciso del párrafo tercero del art. 152.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción incorporada por el artículo único, apartado diecisiete, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre) que señala “(…) La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida”. Este precepto es de aplicación supletoria en el orden jurisdiccional social por remisión de la normativa procesal laboral.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Ricardo Enríquez, explica que “el acto de comunicación y el aviso, que carece de la garantía de autenticidad, discurren bajo dos regímenes jurídicos distintos que no permiten ser confundidos”.