Jurisprudencia

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha desestimado en su sentencia el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados contra los apartados uno, dos, cuatro y cinco del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, que modifica los artículos 1, 22 ,25 y 30 de la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Los recurrentes consideraban que los preceptos impugnados, al imponer a los abogados colegiados la obligación de formar parte del servicio de asistencia jurídica gratuita, infringían los artículos 10,14, 24, 35, 37 y 38 de la Constitución. A su juicio, la imposición de la referida obligación era contraria a la dignidad de la persona; vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva; era discriminatoria, pues imponían a un sector de profesionales la obligación de realizar un servicio público; lesionaba el derecho al trabajo y a la libertad de empresa y limitaba el derecho a la negociación colectiva y a adoptar medidas de conflicto colectivo.

La Sala Segunda señala que la víctima se ve compelida a realizar un acto no querido por el temor a la propagación de las imágenes

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que reitera que la amenaza de difundir en Internet un vídeo de contenido sexual grabado en el pasado a una persona, con el fin de forzar una relación sexual con ella, constituye la intimidación que requiere el delito de agresión sexual, pues la víctima se ve compelida a realizar un acto no querido por el temor a la propagación de las imágenes.

• La aplicación de la agravante de género de la responsabilidad criminal
• Umbral de gravedad del delito que puede justificar el acceso a los datos personales de comunicaciones electrónicas
• El Tribunal Constitucional declara nula la Ley catalana de asociaciones de consumidores de cannabis
• Amenazar con la difusión de un vídeo es un tipo de intimidación del delito de agresión sexual

El alto tribunal admite que no ha quedado acreditado que el banco hubiera informado al cliente antes de adquirir este producto financiero, de sus características y concretos riesgos

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de septiembre ha estimado el recurso de Abanca Corporación Bancaria contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria que declaró nula la adquisición de participaciones preferentes de Nova Caixa Galicia realizada por un cliente que era empleado jubilado de banca y había llegado en su carrera a ser director de sucursal, aunque de otro banco distinto al emisor de las preferentes.

• Anotaciones preventivas por interposición de recurso contencioso-administrativo de instrumentos de ordenación urbanística como medidas cautelares
• Colegiación de oficio de quienes, sin estar colegiados, ejercen la profesión
• El trámite de información pública en el procedimiento expropiatorio de urgencia
• Procedimiento de revisión de los tributos e improcedencia de aportación de pruebas en vía económico-administrativa
• El TS confirma la indemnización de más de un millón de euros por la defectuosa asistencia sanitaria durante un parto
• Nulidad de ordenanza municipal por falta de informes y memoria económica

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León incrementó en 200.000 euros la cantidad reconocida por la Consejería de Sanidad de la Junta

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de octubre, ha confirmado el pago de una indemnización de un millón de euros a unos padres como consecuencia de las lesiones sufridas por su bebé en el parto, el 20 de abril de 2007, debido a la atención sanitaria defectuosa que le prestaron los servicios del Hospital General Yagüe de Burgos.

• Clasificación de créditos en los que el acreedor concursal disfrute de fianza de tercero
• Clasificación del crédito concursal sobrante tras la realización del crédito con privilegio especial
• Responsabilidad por los daños causados durante la descarga de mercancía. Régimen anterior a la Ley de Navegación Marítima
• Cláusulas abusivas en contrato de préstamo celebrado con consumidores. Cesión de crédito
• Puesta en línea en un sitio de Internet, sin la autorización del titular de los derechos de autor, de una fotografía publicada en otro sitio de Internet con la autorización de dicho titular
• El TS rechaza la nulidad por error en el consentimiento de la adquisición de participaciones preferentes por un exdirector de una sucursal bancaria
• El TJUE perfila el concepto de «comerciante» en ventas electrónicas en el ámbito de la protección a consumidores y usuarios

• Prescripción de acciones en el ámbito de la propiedad horizontal por daños
• La reducción del objeto litigioso en la segunda instancia, conlleva la reducción de la cuantía litigiosa a efectos en el recurso de casación
• Aplicación testamentaria de la cautela socini: prohibición de intervenir judicialmente la herencia
• Acción de cobertura de la fianza que garantizaba la deuda de una sociedad ejercitada por los fiadores al amparo del art. 1843 CC
• Custodia compartida de menores. Modificación de medidas de la custodia
• Resolución de compraventa al no reclasificarse el suelo objeto del contrato. Revisión casacional de la interpretación en la instancia

Dicha actividad puede considerarse una «práctica comercial» si la persona actúa con un propósito relacionado con su actividad económica, negocio, oficio o profesión

Un consumidor adquirió un reloj de pulsera de segunda mano en una plataforma de venta en línea. Tras comprobar que dicho reloj no presentaba las características indicadas en el anuncio de venta, el consumidor manifestó frente a la vendedora su deseo de rescindir el contrato. La vendedora, la Sra. Evelina Kamenova, se negó a aceptar la devolución del bien a cambio de reembolsar el precio. En consecuencia, el consumidor presentó una reclamación ante la Comisión búlgara de protección de los consumidores (CPC).

El Tribunal General de la UE confirma la negativa del Parlamento a conceder el acceso a los documentos relativos a las dietas diarias, a las dietas para gastos de viaje y a las dietas de asistencia parlamentaria de los eurodiputados. El Parlamento podía invocar que los documentos en cuestión contienen datos personales al no haber demostrado los solicitantes la necesidad de su transmisión

En 2015, varios periodistas y asociaciones periodísticas solicitaron al Parlamento acceder a los documentos relativos a las dietas diarias, a las dietas para gastos de viaje y a las dietas de asistencia parlamentaria de los eurodiputados. El Parlamento denegó todas estas solicitudes, al igual que las solicitudes confirmatorias posteriores.

Los interesados acudieron ante el Tribunal General de la Unión Europea para solicitar la anulación de las decisiones del Parlamento.